EEUU celebra excarcelaciones en Venezuela, pero solo 56 están verificadas

Mientras tanto, en el interior de Venezuela, el Gobierno interino asegura haber excarcelado 116 presos en cuestión de horas, frente a las 56 liberaciones que organizaciones de derechos humanos han podido verificar con nombres y apellidos. El contraste es brutal: en un país donde se estiman unos 800 presos por motivos políticos, el avance real equivale, por ahora, a apenas un 7% de ese total.

El resultado es un escenario en el que se mezclan alivio, sospecha y cálculo geopolítico. Estados Unidos celebra, la oposición duda y las ONG no bajan la guardia. Y la pregunta que subyace, incómoda, es si se trata de un cambio de rumbo real o de una operación de imagen cuidadosamente medida.

Un anuncio celebrado en Washington, envuelto en incógnitas

Desde Washington, el mensaje oficial ha sido inequívoco: la puesta en libertad de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela es “un importante paso en la dirección correcta”. La formulación, cuidadosamente elegida, deja ver la voluntad de la Administración norteamericana de mostrar avances tangibles tras semanas de máxima tensión con Caracas. Sin embargo, no es casual que el Departamento de Estado evite concretar cuántas personas han sido excarceladas ni quiénes son.

Esta opacidad contrasta con filtraciones a medios estadounidenses, que hablan de cuatro estadounidenses liberados en un solo día y al menos otro más en las horas previas, en línea con un patrón ya conocido: anuncios parciales, negociaciones discretas y un relato público muy controlado por ambas capitales.

El contexto tampoco es menor. La excarcelación de estos ciudadanos se produce después de meses de contactos indirectos, presiones diplomáticas y operaciones de intercambio que ya permitieron la liberación de una decena de estadounidenses en 2025, a cambio de concesiones en materia migratoria y de deportaciones de venezolanos.

En este tablero, Washington necesita mostrar a su opinión pública que cada movimiento en Venezuela tiene una recompensa concreta. Pero el hecho de que el Gobierno estadounidense tampoco publique una lista completa de nombres alimenta la sospecha de que el capítulo de los detenidos en Venezuela está lejos de cerrarse. Como resumen simbólico, en Caracas sigue sin quedar claro si todos los casos más emblemáticos han sido resueltos o si algunos permanecen, deliberadamente, como moneda de cambio para futuras rondas de negociación.

Las cifras que no cuadran: 116 prometidos, 56 comprobados

Si hay un terreno donde se evidencia la distancia entre el discurso oficial y la realidad es el de los números. El Ministerio de Servicios Penitenciarios de Venezuela aseguró que 116 presos habían sido liberados “en las últimas horas”, dentro de un proceso de “excarcelación masiva” anunciado como gesto de distensión.

Sin embargo, organizaciones como Foro Penal y otras ONG locales, que llevan años documentando la represión política, solo han podido verificar 56 excarcelaciones efectivas, con identidades y centros de reclusión contrastados. El desfase no es menor: 60 personas de diferencia en un listado que, de existir, debería ser público, nominal y fácilmente auditado por familiares y defensores de derechos humanos.

Más aún: en las últimas horas, la presidencia de la Asamblea Nacional ha elevado la cifra y habla ya de más de 400 presos supuestamente beneficiados por las medidas, un salto estadístico que, sin documentación detallada, resulta prácticamente imposible de verificar y que las ONG califican de “inflado” y “contradictorio”.

La consecuencia es clara: sin listas oficiales, la liberación masiva se convierte en un relato más que en un hecho comprobable. Familias de presos aguardan a las puertas de cárceles y comisarías con información fragmentaria, mientras abogados y defensores trabajan casi a ciegas. El contraste con estándares internacionales, donde este tipo de procesos requiere transparencia, supervisión independiente y control judicial, resulta demoledor para la credibilidad de las autoridades venezolanas.

La oposición denuncia una “simulación” de liberaciones

Ante este panorama, la oposición venezolana ha reaccionado con dureza. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, referentes del bloque opositor, han acusado al Gobierno interino de construir un relato ficticio sobre la magnitud de las excarcelaciones. Su mensaje es directo: “No hay una liberación masiva real; hay un anuncio político que no se corresponde con los hechos que podemos verificar”.

Según sus registros, los 56 presos liberados representan una fracción mínima de los casi 800 encarcelados por motivos políticos que se contabilizaban a comienzos de año. La oposición denuncia que muchos de los que abandonan prisión lo hacen bajo medidas cautelares severas, con prohibiciones de salida del país, obligación de presentaciones periódicas ante tribunales y procesos judiciales todavía abiertos. Es decir, no se trata de libertad plena, sino de una forma distinta de control.

La diáspora venezolana en Estados Unidos y Europa ha amplificado ese mensaje. Plataformas de exiliados acusan al chavismo –y ahora también a las nuevas autoridades– de utilizar a los presos como “fichas de negociación” con Washington, condicionando cada paquete de liberaciones al avance de acuerdos sobre sanciones, petróleo o reconocimiento político.

En ese contexto, la lectura que hace la oposición es inequívoca: el Gobierno busca capitalizar internacionalmente el anuncio de una gran amnistía sin asumir el coste político de desmontar por completo el aparato represivo construido en los últimos años.

Un proceso marcado por la intervención de EEUU y el petróleo

Las excarcelaciones no pueden entenderse al margen del giro radical que ha vivido Venezuela tras la intervención militar estadounidense del 4 de enero y la captura de Nicolás Maduro, un episodio que ha reconfigurado por completo el poder en Caracas. La llegada de nuevas autoridades, con Delcy Rodríguez y otros dirigentes intentando presentarse como garantes de una transición ordenada, ha venido acompañada de señales de apertura cuidadosamente calculadas.

Entre esas señales, la liberación de presos –tanto venezolanos como extranjeros– se presenta como una pieza central. El mensaje hacia Washington es nítido: cooperación a cambio de estabilidad y acceso al petróleo venezolano. La propia cronología de los hechos refuerza esa lectura: las promesas de excarcelación masiva empezaron a multiplicarse justo después de que Estados Unidos asegurara el control de activos energéticos estratégicos y abriera la puerta a un alivio selectivo de sanciones.

Este hecho revela hasta qué punto los presos políticos se han convertido en una variable más de la negociación geopolítica. No se trata sólo de un asunto humanitario, sino de un factor de presión que impacta en la arquitectura regional: precios del crudo, flujos migratorios y alineamientos diplomáticos.

El contraste con otras transiciones en la región, como las de Chile o Argentina tras las dictaduras, resulta evidente. Allí las amnistías –criticables o no– se articularon en marcos jurídicos formales y con debates parlamentarios. En Venezuela, por ahora, el proceso se mueve en el terreno opaco de los anuncios unilaterales y los acuerdos discretos entre élites.

Derechos humanos bajo la lupa: libertad condicionada y abusos previos

Más allá del número de excarcelados, el foco de las organizaciones de derechos humanos está en la calidad de esa libertad. ONG venezolanas e internacionales recuerdan que muchos de los presos liberados arrastran años de torturas, aislamiento, limitaciones de acceso a abogados y familiares, así como procesos judiciales plagados de irregularidades.

Además, numerosos informes apuntan a que buena parte de los beneficiados no quedan realmente en libertad plena. Siguen sometidos a medidas cautelares, con juicios abiertos y riesgos de re-detención si el clima político se vuelve a endurecer. En la práctica, esto significa que el Estado mantiene un instrumento de control sobre opositores y activistas, incluso después de sacarlos de prisión.

La paradoja es evidente: mientras el Gobierno vende las liberaciones como un gesto de paz, las víctimas se enfrentan a un escenario de libertad vigilada. Para los expertos, se trata de una estrategia conocida en regímenes autoritarios: desactivar la presión internacional sin desmontar el entramado represivo interno.

Informes recientes de organismos como la misión de la ONU y organizaciones como Human Rights Watch describen patrones de abusos sistemáticos en centros de detención venezolanos, que incluyen malos tratos físicos, amenazas a familiares y uso de la justicia militar contra civiles. En este contexto, la ausencia de garantías de no repetición hace temer que las excarcelaciones actuales puedan ser reversibles si la correlación de fuerzas cambia.

Qué busca Washington y qué persigue Caracas con este gesto

Para Estados Unidos, la liberación de sus ciudadanos cumple varias funciones a la vez. En primer lugar, responde a una prioridad política clásica de cualquier Administración: traer de vuelta a casa a nacionales detenidos en el extranjero y exhibirlo como logro diplomático. En segundo lugar, refuerza la narrativa de que la presión –incluida la militar– ha logrado arrancar concesiones concretas a Caracas.

Pero hay un plano más estratégico. Washington necesita cierta estabilidad en Venezuela para garantizar el flujo de crudo y contener nuevas oleadas migratorias hacia su frontera sur. A cambio de excarcelaciones y gestos de apertura, puede modular el régimen de sanciones y facilitar el acceso del país caribeño a financiación internacional.

Para Caracas, el cálculo es igualmente pragmático. Las excarcelaciones le permiten ganar oxígeno internacional, intentar mejorar su imagen ante organismos como la ONU y la OEA y tender puentes con gobiernos de la región que habían endurecido su postura frente al chavismo. Al mismo tiempo, al mantener opacidad en las listas y condicionar la libertad de los excarcelados, el poder político conserva una palanca de presión interna sobre la oposición.

En palabras de un analista consultado por medios regionales, “los presos políticos han pasado de ser víctimas invisibles a convertirse en una divisa negociable en la geopolítica del continente”. La frase resume el riesgo de fondo: que la lógica de los derechos humanos quede subsumida por completo en la lógica del trueque político.

El efecto en la diáspora y en la opinión pública regional

Las noticias procedentes de Caracas han sido seguidas con atención en ciudades como Miami, Madrid o Bogotá, donde se concentra buena parte de la diáspora venezolana. Para miles de familias, la expectativa de una “liberación masiva” generó una oleada de esperanza que, con el paso de los días, se ha ido transformando en frustración a medida que las cifras oficiales no se materializan en nombres concretos.

En redes sociales y foros de exiliados, muchos denuncian que el Gobierno utiliza el anuncio de 116 o incluso 400 liberados como una “cortina de humo” mientras mantiene en prisión a líderes estudiantiles, sindicalistas y militares acusados de conspiración. Esa percepción refuerza la desconfianza hacia cualquier proceso de normalización que no venga acompañado de mecanismos verificables y supervisión internacional.

En el plano regional, gobiernos que han defendido la vía del diálogo observan con cautela. Para países como Brasil, Colombia o España, un avance real en materia de derechos humanos sería una justificación poderosa para apoyar una transición pactada. Pero si las excarcelaciones se revelan como meramente cosméticas, la presión para mantener una postura más dura podría crecer, sobre todo desde parlamentos y opinión pública.

El diagnóstico es inequívoco: sin transparencia, no habrá rehabilitación plena de la imagen internacional de Venezuela, por muchas rondas de negociación que se acumulen en los próximos meses.

Escenarios a corto plazo: más excarcelaciones o vuelta al bloqueo

A partir de ahora, el proceso puede derivar en dos grandes escenarios. En el primero, el Gobierno venezolano avanza en nuevas excarcelaciones, publica listas nominales, permite el acceso de observadores internacionales y desmonta gradualmente las causas judiciales más controvertidas. Ese escenario abriría la puerta a un levantamiento progresivo de sanciones, mayor inversión en el sector energético y una integración más plena en los foros regionales.

En el segundo escenario, las liberaciones se estancan en torno a los 56 casos verificados, las cifras oficiales siguen creciendo sin respaldo documental y los presos liberados continúan sometidos a medidas cautelares y a la amenaza de volver a prisión. En ese caso, la narrativa de “paso importante” defendida por Washington podría erosionarse rápidamente y obligar a la Administración estadounidense a replantearse sus gestos de acercamiento.

Lo más grave es que, en cualquiera de los dos escenarios, el riesgo de que los presos sigan siendo utilizados como instrumento de negociación sigue muy presente. De ahí que organizaciones de derechos humanos insistan en un mensaje central: la liberación de detenidos no puede ser una concesión discrecional del poder, sino una reparación de violaciones previas.

Por ahora, la foto es la de una victoria parcial y discutida. Estados Unidos celebra, pero no puede dar el capítulo por cerrado; la oposición ve más simulación que justicia; las ONG siguen contando caso por caso, lejos aún de los 800 que marcarían una ruptura real con el pasado reciente. El desenlace dependerá de si las próximas semanas confirman el gesto o lo reducen a otro episodio de propaganda en medio de una negociación feroz.