La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone eliminar el principio de unanimidad en la UE para avanzar más rápido en decisiones estratégicas. Este planteamiento genera un debate político intenso, con implicaciones para la soberanía nacional y el equilibrio de poder en Europa, mientras se redefinen las alianzas ideológicas en el continente y con Estados Unidos.
La Unión Europea se asoma a una de las transformaciones más radicales y polémicas de su historia reciente: el desmantelamiento del principio de unanimidad que ha regido el corazón de su toma de decisiones. Bajo el mandato de Ursula von der Leyen, la Comisión Europea ha puesto en marcha una hoja de ruta para avanzar hacia una Europa «sin vetos», una maniobra que pretende sustituir el consenso total por la mayoría cualificada (55% de los Estados y 65% de la población) en áreas tan críticas como la defensa y la política exterior. Este movimiento, justificado por la urgencia de la guerra en Ucrania y la parálisis institucional provocada por líderes disidentes, revela una voluntad de centralización que amenaza con vaciar de contenido la soberanía de los Estados miembros. El diagnóstico es inequívoco: Bruselas busca una arquitectura de mando vertical donde la discrepancia ya no sea un obstáculo, sino una anomalía administrativa fácilmente eliminable.
El ocaso del consenso y la tiranía de la mayoría
El sistema de decisiones basado en la unanimidad ha sido, desde la firma del Tratado de Roma, el escudo protector de los intereses nacionales frente a las imposiciones de los grandes ejes de poder. Sin embargo, para la actual cúpula comunitaria, este mecanismo se ha convertido en un lastre insoportable en un contexto de «policrisis». La propuesta de Von der Leyen no se limita a una reforma técnica; es un cambio de paradigma que pretende desligar el proceso decisorio de las posiciones minoritarias. Lo más grave es que este giro hacia la mayoría cualificada dejaría a los países de menor peso demográfico o con intereses estratégicos específicos en una posición de vulnerabilidad absoluta ante el dictado de París y Berlín.
Este hecho revela una tendencia hacia el centralismo burocrático que colisiona frontalmente con el espíritu de la Unión de Estados soberanos. La consecuencia es clara: el derecho al veto dejará de ser la última ratio para defender los intereses nacionales, transformando la diplomacia europea en una mera cuestión de aritmética parlamentaria. Este diagnóstico es compartido por diversos analistas que ven en la eliminación del veto el fin del equilibrio de poder tradicional, favoreciendo una integración forzosa que podría, paradójicamente, alimentar los sentimientos euroescépticos en las periferias del bloque.
El cordón sanitario ideológico de Bruselas
Uno de los ángulos más incisivos de esta reforma es su capacidad para silenciar a las corrientes críticas que cuestionan el statu quo integrado por populares y socialdemócratas. La narrativa oficial sostiene que el fin del veto es necesario para evitar bloqueos como los protagonizados por el húngaro Viktor Orbán respecto a la ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania. Sin embargo, tras la cortina de la eficacia operativa se esconde un mecanismo de exclusión política. Al eliminar el veto, Bruselas desactiva la única herramienta de presión de la que disponen los gobiernos que no se alinean con la agenda progresista y federalista de la Comisión.
Este hecho revela un intento de establecer un «cordón sanitario» institucional contra formaciones como la AfD en Alemania o el gobierno de Giorgia Meloni en Italia. Si el veto desaparece, estas fuerzas políticas, incluso si alcanzan el poder en sus respectivos países, verán reducida su capacidad de influir en la agenda común a la mínima expresión. La consecuencia es un déficit democrático flagrante: los votantes de naciones críticas podrían ver cómo sus decisiones en las urnas son anuladas por una mayoría burocrática en Bruselas. El diagnóstico es inequívoco: la pluralidad política en Europa está siendo sacrificada en el altar de una cohesión impuesta desde arriba.
Múnich y el laboratorio de la nueva geopolítica
La reciente Conferencia de Seguridad de Múnich ha servido como telón de fondo para escenificar este nuevo mapa de alianzas. El encuentro evidenció una fractura ideológica que trasciende las fronteras europeas para adquirir un tinte transatlántico. Por un lado, se consolida un eje formado por la alianza socialdemócrata europea, el Partido Popular Europeo (PPE) y el Partido Demócrata de Estados Unidos. Esta coalición defiende una Europa centralizada y unida por un atlantismo incondicional. En el polo opuesto, emergen los conservadores asociados al «trumpismo», que encuentran en figuras como Meloni u Orbán sus principales valedores en el viejo continente.
La presencia de figuras como el gobernador de California, Gavin Newsom, junto a líderes como Pedro Sánchez, revela una sintonía política que busca blindar la agenda climática y de defensa ante un posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Este hecho revela que la propuesta de eliminar el veto tiene también un componente de «autodefensa» del sistema frente a un cambio de ciclo en Washington. La consecuencia es una UE que se posiciona de forma preventiva, tratando de consolidar estructuras de mando que no puedan ser alteradas por una victoria republicana en Estados Unidos. El diagnóstico es que Bruselas está utilizando la política exterior como una herramienta de consolidación interna frente a las amenazas electorales externas.
El eje Sánchez-Newsom y la sombra de Washington
La sintonía entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el demócrata Gavin Newsom no es meramente protocolaria. Representa la alianza de las «islas progresistas» en un mundo que gira hacia el conservadurismo nacional. Para Sánchez, el fin del veto en la UE es una oportunidad de ganar peso dentro del directorio europeo al alinearse con la mayoría cualificada liderada por los socialistas y populares. Sin embargo, este alineamiento tiene un coste: la renuncia implícita a defender posturas nacionales que puedan incomodar al eje Bruselas-Washington, especialmente en asuntos relacionados con el Magreb o América Latina.
Este hecho revela que España está apostando por una integración que prioriza la ideología sobre la estrategia de Estado a largo plazo. La consecuencia es un escenario donde Madrid podría verse forzada a aceptar decisiones de defensa o energía que contravengan sus intereses nacionales por imperativo de la mayoría cualificada. El diagnóstico de los observadores más críticos es que España está cediendo soberanía a cambio de una cuota de influencia temporal en el gabinete de Von der Leyen, una apuesta arriesgada si se tiene en cuenta la volatilidad del panorama político estadounidense y el creciente peso de los países del este de Europa.
Defensa común: ¿Hacia una Europa nuclear?
El ámbito donde el fin del veto tendría un impacto más sísmico es, sin duda, la defensa. Bruselas ya baraja la creación de un fondo de defensa común de 100.000 millones de euros y la posibilidad de coordinar el arsenal nuclear del continente. Si se elimina la unanimidad, un grupo de países mayoritarios podría forzar el rearmamento masivo del bloque o la participación en misiones militares sin el consentimiento individual de cada Estado. Este hecho revela una ambición de convertir a la UE en una potencia militar con mando único, un proyecto que hasta ahora había sido frenado por el recelo de las naciones más pacifistas o con compromisos de neutralidad.
Lo más grave es que el rearmamento europeo exige un cumplimiento estricto del 2% del PIB en gasto militar, un objetivo que muchos países aún están lejos de alcanzar. La consecuencia de eliminar el veto sería la imposición de una economía de guerra defensiva que alteraría las prioridades presupuestarias nacionales. «No se puede construir una defensa europea sobre las ruinas de la soberanía nacional; la legitimidad de enviar a jóvenes al frente o de invertir miles de millones en misiles no puede depender de una mayoría cualificada tomada en un despacho de Bruselas», señalan fuentes del sector de la defensa en Madrid. El diagnóstico es que la UE se encamina hacia una integración militar forzosa que carece del respaldo social necesario.
El laberinto español ante la mayoría cualificada
Para España, el escenario de una Europa sin vetos es especialmente complejo. El país mantiene posiciones divergentes en temas tan sensibles como la relación con el Sáhara Occidental o la política agraria común (PAC). Bajo el actual sistema de unanimidad, Madrid puede bloquear cualquier iniciativa que perciba como lesiva para su seguridad nacional o su tejido productivo. Si este principio decae, España se encontraría a merced de una mayoría que, en muchas ocasiones, prioriza los intereses de los países del norte o del este.
Este hecho revela la fragilidad de nuestra posición estratégica en un bloque centralizado. La consecuencia sería una pérdida de capacidad de maniobra en la política de vecindad con el norte de África, un área donde España tiene intereses vitales que no siempre coinciden con los de Bruselas o París. El diagnóstico para el Gobierno de Sánchez es de una encrucijada total: apoyar la propuesta de Von der Leyen para mantener su imagen de «buen europeo» o defender el veto para preservar las herramientas de soberanía que España necesitará en la próxima década. El contraste con la firmeza de otros socios medianos resulta, en este punto, esclarecedor del riesgo que asume la diplomacia española.