Francia abre sus bases a EEUU mientras España desafía a Trump

La decisión de París no es un gesto improvisado, sino la explotación de un activo construido durante décadas. Francia mantiene desde 2008 un destacamento permanente en la base aérea de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde opera cazas Rafale junto a aparatos emiratíes y estadounidenses. Esta presencia se ha reforzado tras los ataques iraníes con misiles y drones contra infraestructuras energéticas del Golfo y contra instalaciones militares occidentales.

A ello se suma el peso de la base francesa en Yibuti, con en torno a 1.500 militares desplegados, el mayor contingente permanente de Francia en el exterior y pieza clave para controlar el acceso al mar Rojo y las rutas que conectan el Mediterráneo con Asia. Desde allí se pueden proyectar fuerzas hacia el Índico, el Cuerno de África y ahora también hacia el teatro iraní.

En este contexto, autorizar el uso de las bases por parte de aviones estadounidenses se presenta en París como una decisión de continuidad: defensa de aliados del Golfo, protección del tráfico marítimo y afirmación del peso estratégico francés. Lo más relevante es que este movimiento llega pocos meses después del anuncio de retirada de tropas de Senegal y otras excolonias africanas, lo que reordena la huella militar francesa en el exterior alrededor de dos polos: el Sahel reducido y, sobre todo, el eje Yibuti–Golfo.

El mensaje de fondo es nítido: Francia, pese a haber reducido su presencia en África occidental, se ofrece a Washington como socio de referencia en la defensa del flanco sur y este de Europa, desde el estrecho de Ormuz hasta el mar Rojo.

España se planta ante Washington

Mientras París se mueve, Madrid se aferra al freno. España ha reiterado que las bases compartidas con Estados Unidos en Rota y Morón no se emplearán para bombardeos sobre Irán, limitando su uso a las misiones previstas en el acuerdo bilateral y a operaciones amparadas por el derecho internacional y por la OTAN.

La posición no es nueva. Pedro Sánchez ha denunciado públicamente los ataques de EEUU e Israel como una “escalada injustificable”, evocando explícitamente el precedente de la guerra de Irak de 2003 y el coste político que aquella intervención tuvo para el Gobierno de José María Aznar. En la memoria colectiva pesa aún la famosa fotografía de las Azores. La lección política es clara: alinearse con una guerra impopular contra un país de Oriente Medio puede costar unas elecciones.

Trump, sin embargo, ha respondido con su manual habitual: presión y amenaza. El presidente ha llegado a advertir de un corte total de comercio con España si La Moncloa mantiene su veto, y la Casa Blanca ha insinuado incluso que Washington podría utilizar unilateralmente las instalaciones, pese a estar bajo mando español.

La consecuencia es un choque frontal entre aliados en plena guerra, con el Ejecutivo español desmintiendo en público versiones de la portavoz de la Casa Blanca y con una parte del establishment de Washington acusando a España de poner en riesgo vidas de soldados estadounidenses. Lo que para el Gobierno es una defensa del multilateralismo y del principio de legalidad internacional, para Trump es una deslealtad inadmisible en el marco de la OTAN.

Una Europa partida por la guerra de Irán

La crisis revela una Europa partida en dos planos: militar y político. Por un lado, países como Francia, Italia, Países Bajos o Reino Unido han aceptado reforzar sus despliegues en el Mediterráneo oriental y en el Golfo, enviando fragatas a Chipre y proporcionando capacidades defensivas frente a los drones iraníes. Por otro, España se coloca deliberadamente en el bloque más reticente, junto a algunos socios nórdicos y una parte de la opinión pública alemana.

El alto representante de la UE, Kaja Kallas, ha condenado tanto los ataques de Irán como la operación inicial de EEUU e Israel, pero el margen de Bruselas para imponer una línea única es limitado. La defensa sigue siendo una competencia nacional y, aunque exista coordinación en misiones como Aspides –el operativo naval europeo para proteger los cargueros en el mar Rojo–, cada capital dosifica su compromiso militar en función de su política interna y de su relación bilateral con Washington.

En este contexto, la decisión francesa de abrir sus bases a los aviones estadounidenses tiene un efecto político inmediato: alinea a París con la estrategia de presión máxima de Trump sobre Irán, mientras distancia aún más a España. El contraste con la prudencia inicial de Alemania y con la incomodidad de Italia, dividida entre su dependencia energética y su deseo de aparecer como aliado fiable, subraya la falta de una doctrina europea común para gestionar crisis de alta intensidad fuera del territorio de la UE.

La consecuencia es clara: la guerra de Irán actúa como un test brutal de la cacareada “autonomía estratégica europea” y, de momento, el resultado dibuja un continente que oscila entre el seguidismo y la desobediencia selectiva.

El coste económico de un embargo a España

La amenaza de “cortar todo el comercio” lanzada por Trump ha generado titulares, pero su viabilidad jurídica es limitada. La política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, de modo que cualquier embargo total contra España tendría efectos sobre el conjunto del mercado único y toparía con barreras legales y políticas en Bruselas.

Sin embargo, eso no significa que no pueda haber presión. En 2025, España exportó a Estados Unidos bienes por valor de 16.716 millones de euros, mientras importó 30.174 millones, lo que deja un déficit de 13.458 millones. Washington es destino de alrededor del 4,3% de las exportaciones españolas, y algunas ramas –como el agroalimentario de alto valor añadido, la automoción o ciertos bienes industriales– son especialmente vulnerables a aranceles o restricciones sectoriales.

A eso se suma la dependencia energética. España se ha convertido en uno de los principales clientes europeos del gas natural licuado (GNL) estadounidense, lo que otorga a Washington una palanca adicional. El propio Financial Times ha subrayado que, aunque el peso global de EEUU en el comercio exterior español es moderado, el impacto de una interrupción en el flujo de GNL sería inmediato sobre los precios y sobre la competitividad de la industria.

En el otro lado del tablero, Francia mantiene con Estados Unidos un comercio anual de bienes y servicios que ronda los 150.000 millones de dólares, con intercambios muy intensos en aeronáutica, farmacéutica y bienes de equipo. El mensaje implícito de París es que una mayor implicación militar ayuda a blindar esa relación económica estratégica en un momento de máxima volatilidad geopolítica.

Macron, Sánchez y la batalla del relato

Lo que se dirime no es solo una cuestión de logística militar, sino de relato político. Emmanuel Macron aprovecha la crisis para presentarse como arquitecto de la defensa europea, capaz de combinar su discurso sobre autonomía estratégica con una cooperación estrecha con Washington cuando los intereses franceses –energéticos, comerciales y de seguridad– están en juego. La autorización para que aviones estadounidenses utilicen bases francesas se enmarca también en su reciente anuncio de reforzar la disuasión nuclear gala y de “europeizar” parte de esa capacidad.

Pedro Sánchez, en cambio, ha optado por ocupar el espacio de la disidencia dentro del bloque occidental. “España no avalará una guerra que recuerda demasiado a Irak”, repite Moncloa en privado, según fuentes diplomáticas. El cálculo es doble: reforzar su perfil progresista en Europa y consolidar una base electoral que ve a Trump como un adversario ideológico directo.

Este hecho revela, además, una dimensión interna: mientras la derecha española acusa al Gobierno de poner en riesgo la relación con el principal aliado estratégico de la OTAN, la izquierda le exige ir más lejos en la denuncia de los bombardeos sobre Irán. En Francia, el debate se articula de forma casi inversa: la oposición de izquierda critica el seguidismo hacia Washington, mientras la derecha y la extrema derecha compiten por aparecer como garantes de la fuerza militar francesa.

En ambos casos, la guerra de Irán se ha convertido en un acelerador de la polarización política doméstica, con Trump funcionando como catalizador y villano útil, según desde qué capital se mire.

Lecciones de Irak y otras guerras olvidadas

La prudencia española no se entiende sin el síndrome de Irak. La participación en la coalición de 2003, pese a no incluir combate directo de tropas españolas, desencadenó una de las mayores movilizaciones sociales de la democracia y contribuyó a la derrota de Aznar y del PP tras los atentados del 11-M. Aquella experiencia pesa hoy sobre cualquier decisión de enviar armas o facilitar infraestructuras para una guerra en Oriente Medio percibida como de alto riesgo y legalidad dudosa.

Francia, por el contrario, se opuso en su día a la invasión de Irak y utilizó ese gesto como prueba de independencia estratégica frente a Estados Unidos. Dos décadas después, el papel se ha invertido: París se ha implicado de forma activa en intervenciones en Libia, el Sahel o Siria, mientras España se ha acostumbrado a un perfil más bajo, concentrado en misiones de entrenamiento o estabilización bajo paraguas de la UE o de la ONU.

El diagnóstico es inequívoco: las memorias históricas condicionan la disposición a asumir riesgos militares. Para Macron, apoyar a Washington en la guerra de Irán puede verse como continuidad de su papel de potencia de seguridad en el Mediterráneo y África. Para Sánchez, sumarse a una operación liderada por Trump con objetivos oficialmente de “cambio de régimen” en Teherán sería cruzar una línea roja simbólica.

La gran incógnita es si estas lecturas del pasado ayudan a evitar errores o impiden reaccionar a tiempo ante amenazas reales.