Fujimori roza la presidencia en Perú con 52,6% y el país aguanta la respiración
El conteo oficial mantiene una ventaja corta sobre Roberto Sánchez, pero el contraste con el conteo rápido alimenta un final incierto y potencialmente litigioso.
Apenas 58% del escrutinio oficial y ya hay un dato que manda: Keiko Fujimori aparece por delante con 52,6%. Roberto Sánchez resiste con 47,4% y un país partido en dos. En paralelo, el conteo rápido de Ipsos dibuja un escenario inverso, con ventaja mínima para el candidato de izquierdas. La consecuencia es clara: Perú vuelve a asomarse a un recuento dramático.
Un recuento que no cierra la grieta
La fotografía oficial, de momento, favorece a Fujimori: 5,96 millones de votos frente a 5,36 millones de Sánchez, con la autoridad electoral avanzando “lentamente” en el conteo. La diferencia no es solo aritmética; es política. Perú busca a su noveno jefe de Estado en 10 años, una rotación que ha erosionado la confianza en el sistema y ha convertido cualquier ventaja temprana en material inflamable.
Lo más grave es que el país llega a esta segunda vuelta con una legitimidad precaria: en la primera ronda hubo más de 30 candidatos, y ninguno se acercó a un mandato claro. El escrutinio parcial no calma; abre espacio para sospechas, presiones y una batalla narrativa que suele ser antesala de la judicialización.
El espejo de Ipsos y el fantasma de la décima
El contraste con el conteo rápido añade gasolina. El conteo rápido al 100% de Ipsos (en alianza con Transparencia) otorgó una ventaja mínima a Sánchez: 50,3% frente a 49,7%. En otras palabras: dos relojes marcando horas distintas.
Este hecho revela un problema clásico en Perú: la secuencia de llegada de actas puede alterar la percepción del ganador. Y cuando la distancia se mide en décimas, el resultado deja de ser un dato para convertirse en un proceso. Las autoridades ya han advertido de que la proclamación podría demorarse hasta mediados de julio, un horizonte que prolonga la incertidumbre política y económica.
En ese margen estrecho se instala el recuerdo reciente: Fujimori ya perdió por poco en 2011, 2016 y 2021, una memoria que condiciona a su electorado y a sus equipos legales.
El voto que falta: rural, exterior y el orden de las actas
Con más de 27 millones de personas registradas y alrededor de 1,2 millones llamados a votar desde el exterior, el “dónde” importa casi tanto como el “cuánto”. La estructura del conteo, además, suele premiar primero a los grandes centros urbanos y después incorpora zonas con dinámicas políticas distintas.
En Lima, la jornada dejó una señal inquietante: participación visible más baja pese al voto obligatorio. La abstención, el voto en blanco y la apatía son el termómetro silencioso de una ciudadanía que desconfía de los dos polos. La multa por no votar puede llegar a 32 dólares, pero ni siquiera ese incentivo coercitivo garantiza legitimidad.
El resultado final puede terminar dependiendo menos del “swing” ideológico que del flujo administrativo: actas observadas, impugnaciones y el calendario de resolución.
El fujimorismo como promesa de orden… y como lastre
Fujimori vuelve a competir con una marca conocida. Para una parte del país, su apellido sugiere mano dura y capacidad de imposición; para otra, resume un pasado autoritario y corrupto. La candidata lo sabe y por eso enfría cualquier euforia. Su mensaje, más que celebrar, busca blindar el proceso.
«Hasta el momento no hay ningún ganador… Se necesita contar cada una de las actas».
En esa frase hay estrategia: evitar que un resultado parcial se convierta en una “victoria social” del rival. La consecuencia económica también cuenta: un poder que nazca cuestionado entra debilitado a negociar presupuestos, seguridad y reformas en un Congreso hostil. Y eso, en Perú, suele traducirse en parálisis.
Sánchez, Castillo y el riesgo de un mandato en disputa
Sánchez carga con un doble filo. Por un lado, canaliza el voto de ruptura, especialmente en territorios que se sienten expulsados del crecimiento. Por otro, arrastra la sombra del caos reciente: su entorno político se asocia a la etapa de Pedro Castillo, cuya breve gestión acumuló más de 70 cambios de gabinete.
«Vamos a acabar con el pacto mafioso».
La retórica moviliza, pero también eleva el listón de conflicto: si el rival es “mafioso”, ceder o pactar deja de ser política y pasa a ser traición. En un país acostumbrado a gobiernos cortos y destituciones, esa lógica multiplica el riesgo de choque institucional desde el primer día, especialmente si el margen final es milimétrico.
Seguridad, inversión y gobernabilidad: la factura inmediata
La campaña ha estado atravesada por el miedo. El aumento del crimen —en particular la extorsión— dominó la conversación pública, hasta el punto de eclipsar propuestas económicas. Pero para el mundo empresarial, la inseguridad y la gobernabilidad son la misma variable: sin Estado operativo, no hay planificación, ni proyectos, ni horizonte regulatorio fiable.
El contraste con otras economías de la región resulta demoledor: mientras países con ciclos institucionales más estables convierten elecciones en un “evento”, Perú las vive como un “riesgo”. La posibilidad de un resultado impugnado o tardío —semanas, incluso— congela decisiones que no salen en titulares: contratos, inversiones regionales, licitaciones y financiación.
Quien jure el cargo el 28 de julio lo hará con un país que ya llega cansado, dividido y con la paciencia fiscal y social al límite.