Hamas negocia entregar las armas para desbloquear 71.000 millones
Un borrador entre facciones en El Cairo prevé un desarme gradual ante un comité avalado por la ONU, clave para activar la reconstrucción y la segunda fase del alto el fuego.
Gaza necesita 71.400 millones de dólares para levantarse en la próxima década. Y, sin embargo, el dinero no llega: el desarme sigue siendo el candado político. Ahora, según fuentes citadas por Sky News, las facciones palestinas ultiman un texto para que Hamas ceda su arsenal de forma escalonada. El plan pasaría por la National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), el órgano tecnocrático creado para administrar la Franja. El movimiento, que hace días negaba una “rendición” formal, juega con el matiz decisivo.
Un desarme a plazos con arquitectura tecnocrática
El núcleo del borrador —pendiente de firma y revisión externa— dibuja una entrega progresiva de armas bajo un esquema burocrático: Hamas no se disolvería de golpe, sino que iría transfiriendo capacidades a una estructura civil-policial ligada a la NCAG, el comité de tecnócratas concebido para gestionar el día a día de Gaza.
La diferencia entre “entregar” y “no exhibir” armas es más que semántica. La propia narrativa de Hamas en las últimas semanas ha pivotado hacia la idea de que solo la policía del futuro comité portaría armas visibles, sin reconocer por ello un desarme completo. Ese matiz permitiría vender internamente un “repliegue” y, a la vez, ofrecer a mediadores un mecanismo verificable.
En paralelo, otras propuestas recientes ya manejaban un calendario más concreto: 90 días para ceder armamento pesado y documentación crítica —incluida cartografía de túneles— dentro de un proceso de meses. Lo más grave es que, sin verificación, cualquier cronograma se convierte en papel mojado.
La factura: 26.300 millones primero, o nada
La discusión no es ideológica: es financiera. El último Rapid Damage and Needs Assessment sitúa la recuperación y reconstrucción en 71.400 millones a diez años, con 26.300 millones solo en los primeros 18 meses para servicios esenciales e infraestructura. Esa cifra marca el umbral mínimo para que el territorio deje de sobrevivir en modo emergencia.
Pero la caja está lejos de llenarse. En la reunión inaugural del llamado Board of Peace se anunciaron compromisos por 17.000 millones, con 10.000 millones procedentes de EEUU y el resto de socios. La distancia entre lo prometido y lo necesario es demoledora: falta más del 75% del dinero incluso en el escenario más optimista.
Este hecho revela el incentivo real del desarme: sin garantías de seguridad, los donantes temen financiar un ciclo de destrucción-reconstrucción. El desarme funciona, en la práctica, como cláusula de inversión.
El ‘no negociable’ y el coste humano acumulado
El bloqueo se resume en una frase que se repite en despachos y comunicados: “no es negociable”. El enviado Nickolay Mladenov ha sostenido que la tregua se ha quedado paralizada por la negativa de Hamas a desarmarse, y que sin ello no habrá retirada plena ni reconstrucción sostenida.
La tesis de los mediadores es simple: no puede haber un futuro estable con milicias armadas actuando como Estado dentro del Estado. Esa presión se apoya, además, en el desgaste social: según las autoridades sanitarias locales citadas por AP, la guerra ha dejado más de 72.000 muertos, y 846 habrían fallecido desde que el alto el fuego entró en vigor.
El contraste con el debate interno palestino es hiriente: mientras se discute el formato del desarme, la población sigue atrapada entre controles, escasez y una economía colapsada. Y eso explica por qué cualquier “borrador” se mide, sobre todo, por su capacidad de activar hechos.
Gobernar sin entrar: el comité atrapado en El Cairo
La NCAG existe sobre el papel —y tiene incluso presencia institucional—, pero su operatividad real ha chocado con un obstáculo básico: entrar en Gaza. Israel controla los accesos y la coordinación de pasos, lo que ha convertido al órgano tecnocrático en una administración en espera, con sede práctica fuera de la Franja.
Esa anomalía degrada todo el esquema. Si el comité no pisa el territorio, no puede asumir ni gestión civil ni policía, y el desarme queda sin “receptor” legítimo. En informes y declaraciones, el propio comité ha subrayado que no puede responder por la administración sin plenas competencias civiles y policiales.
Aquí aparece el efecto perverso: cada semana de retraso refuerza a quien controla la calle. Hamas insiste en que está listo para transferir expedientes y responsabilidades, pero el bloqueo de acceso neutraliza esa promesa. Y, mientras tanto, los mediadores se quedan sin palanca para convertir compromisos en control efectivo.
Lecciones incómodas: el modelo Irlanda y el precedente de los ‘matices’
En diplomacia, el desarme raramente es instantáneo: se diseña como proceso, con incentivos y verificación. No es casual que análisis internacionales hayan citado el modelo de Irlanda del Norte como referencia aspiracional: entrega gradual, supervisión y reintegración, evitando humillaciones públicas que disparen la resistencia.
Pero Gaza no es Belfast. La Franja combina devastación, fragmentación armada y una disputa territorial activa. Por eso el “matiz” de Hamas —no rendición formal, sí control institucional del armamento— es una salida táctica: permite ofrecer una concesión sin reconocer derrota.
El problema es que la historia reciente está llena de anuncios desmentidos o reinterpretados. Hamas ya negó en el pasado informaciones sobre una entrega gradual de armas bajo supervisión internacional, advirtiendo contra “noticias falsas”. El diagnóstico es inequívoco: sin mecanismos de inspección y sanción, la confianza no se firma; se construye.
Dinero, retirada y riesgo de fractura
Si el texto se firma y se implementa, el primer efecto sería financiero: abriría la puerta a desembolsos ligados a hitos verificables. Con 26.300 millones necesarios en 18 meses, cualquier retraso se traduce en infraestructuras que no se reponen y servicios que no vuelven.
El segundo efecto sería militar: permitiría reactivar la lógica de “fase dos”, que combina retirada gradual e internacionalización parcial de la seguridad. Pero el mayor riesgo está dentro: un desarme ordenado puede fragmentar a las facciones, alimentar disidencias armadas y generar violencia de competencia, justo cuando el comité intente desplegar policía propia.
Por eso el borrador, por sí solo, no es noticia completa: lo determinante será si el desarme se convierte en cadena de custodia, inventario y control territorial. La consecuencia es clara: sin ese paso, los 17.000 millones prometidos seguirán siendo una cifra política, no un plan de obras.