Irán cumple cuatro días casi a oscuras en internet
La República Islámica de Irán encadena ya su cuarto día de apagón casi total de internet, con la conectividad nacional reducida a alrededor del 4% de los niveles habituales, según datos de la organización de monitorización NetBlocks. Lo que comenzó en la madrugada del sábado, coincidiendo con la nueva ola de ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, se ha convertido en un experimento extremo de aislamiento digital que afecta a más de 90 millones de personas. La desconexión impide a la población comunicarse, verificar informaciones básicas de seguridad y mostrar al exterior qué está ocurriendo sobre el terreno, mientras las líneas telefónicas también sufren cortes intermitentes. La voz de los propios iraníes desaparece del espacio público y el vacío lo ocupan los canales oficiales y las cuentas afines al régimen, advierten las organizaciones que monitorizan el tráfico de red.
El corte de internet se activó en torno a la madrugada del sábado, hora de la costa este de Estados Unidos, pocas horas después del inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre territorio iraní. Desde entonces, los gráficos de NetBlocks muestran una caída abrupta de la conectividad nacional hasta niveles de entre el 1% y el 4% respecto a un día normal, lo que equivale, en la práctica, a un apagón casi total.
El patrón recuerda al de otras crisis recientes: primero se producen cortes regionales selectivos, dirigidos a zonas sensibles o ciudades donde se anticipan protestas, y después llega el “switch” general sobre la red troncal del país. Según el Washington Post y otros medios internacionales, el desplome del tráfico se produce casi en paralelo a los primeros misiles, en un intento de impedir que circulen imágenes en tiempo real de los ataques y sus consecuencias.
Sin embargo, la dimensión de esta desconexión va más allá de la seguridad militar. Con más de 84 horas continuadas de interrupción severa, el país entra en uno de los periodos de bloqueo más largos de los últimos años, comparable a los que siguieron a las grandes protestas de 2019 y 2022. Lo que en teoría se presenta como una medida “temporal” de protección se ha consolidado en la práctica como un instrumento político de gestión de crisis que el régimen activa cada vez con mayor rapidez y menos contención.
Control de la narrativa: la otra batalla del régimen
El objetivo no es solo impedir que los ciudadanos se coordinen o convoquen protestas. Los expertos en censura digital subrayan que el apagón persigue reconfigurar por completo el ecosistema informativo en un momento de máxima presión interna y externa. Sin acceso a redes sociales globales, plataformas de vídeo o mensajería cifrada, los iraníes quedan reducidos a los canales oficiales y a un puñado de aplicaciones controladas o toleradas por el Estado.
NetBlocks ha advertido de que el bloqueo genera un vacío que favorece la desinformación de cuentas progubernamentales, que continúan operando a través de redes internas o conexiones privilegiadas. Cuando los vídeos ciudadanos desaparecen y no es posible contrastar eventos de manera independiente, las cifras de víctimas, la magnitud de los daños y la propia narrativa de la ofensiva militar quedan en manos del aparato de propaganda.
Lo más grave, señalan las ONG de derechos humanos, es que esta opacidad digital suele coincidir con los momentos de mayor violencia política. En anteriores apagones, organizaciones internacionales documentaron posteriormente graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales y detenciones masivas, que apenas trascendieron mientras la población estaba desconectada. El contraste con otros conflictos resulta demoledor: mientras en Ucrania o Gaza las imágenes han fluido casi en tiempo real pese a los daños en infraestructuras, en el caso iraní el silencio no es un efecto colateral, sino una política deliberada.
El precedente de enero: del apagón a la “isolación digital”
El apagón actual no se produce en el vacío. Desde el 8 de enero de 2026, las autoridades iraníes ya habían impuesto un corte casi total de internet en respuesta a las mayores protestas antigubernamentales desde 2019. Ese bloqueo se prolongó cerca de tres semanas, con momentos en los que la conectividad cayó al 1% de sus niveles normales y miles de comercios, hospitales y servicios públicos quedaron prácticamente paralizados.
Informes de organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch han descrito ese apagón como una herramienta para ocultar las llamadas “masacres de 2026”, una represión cuya magnitud real sigue siendo objeto de disputa, pero que habría causado al menos miles de muertos, según fuentes independientes. Durante ese periodo, los vídeos de protestas, disparos y detenciones desaparecieron de las redes, y solo semanas después comenzaron a surgir testimonios fragmentarios.
A finales de enero, el Gobierno empezó a relajar parcialmente las restricciones, pero no devolvió el país a la situación anterior. Se implantó un sistema de acceso selectivo, con una especie de “lista blanca” de webs y aplicaciones autorizadas, mientras se vetaban de forma permanente las principales redes sociales globales. Filtraciones y análisis de grupos como Filterwatch describen esa estrategia como un plan de “aislamiento digital absoluto”, en el que el acceso pleno a la red quedaría reservado a élites económicas, organismos estatales y actores con acreditación de seguridad. La nueva oleada de cortes encaja milimétricamente en ese diseño.
El coste económico de apagar un país entero
Más allá de la dimensión política y de seguridad, el apagón tiene un impacto económico directo y cuantificable. El propio ministro de Comunicaciones iraní reconoció durante el bloqueo de enero que la desconexión costaba al país 35,7 millones de dólares al día, mientras que cálculos independientes elevaban esa cifra a algo más de 37 millones diarios. En aquel episodio, las ventas online se desplomaron un 80%, el índice general de la Bolsa de Teherán perdió 450.000 puntos en apenas cuatro días y se estimaron pérdidas de unos 130 billones de tomanes al día.
La situación actual se produce, además, con una economía ya dañada por sanciones internacionales, alta inflación y una fuerte devaluación de la moneda. El cierre de la red interrumpe pagos electrónicos, logística, reservas de viajes internos, actividades de freelances y exportadores de servicios digitales, y frena en seco la publicidad online. En un país donde cada vez más pymes dependen de plataformas de comercio electrónico, el apagón funciona como una “parada cardiaca” del tejido empresarial urbano.
Si se prolonga durante semanas, el cerrojazo podría restar varias décimas de crecimiento al PIB iraní en 2026, además de provocar cierres definitivos de negocios digitales que operan con márgenes muy ajustados. El diagnóstico es inequívoco: el régimen está dispuesto a asumir un coste económico inmediato significativo a cambio de reforzar su control interno, confiando en que el impacto político de una recesión prolongada llegará más tarde y será más manejable que el de unas protestas virales en tiempo real.
Tecnologías de evasión y la respuesta del régimen
Como en anteriores apagones, una parte de la población intenta esquivar el cerrojo digital recurriendo a VPN, redes Tor y conexiones satelitales. Durante el bloqueo de enero, el uso de aplicaciones VPN se multiplicó por siete y los intentos de acceso a servicios como Tor o Psiphon se dispararon, según organizaciones especializadas en censura.
Sin embargo, la capacidad del ciudadano medio para “saltar el muro” se ha reducido drásticamente. Irán ha invertido durante años en replicar su propia versión del “Gran Cortafuegos” chino, con apoyo técnico de empresas de Pekín, y ha intensificado las labores de inspección física sobre equipos y antenas. El Gobierno ha perseguido especialmente los terminales de Starlink, cuya simple posesión puede acarrear penas de cárcel largas o incluso condenas más severas bajo acusaciones de colaboración con potencias extranjeras.
En paralelo, se ha acelerado el desarrollo de una “internet nacional”: una red de servicios y aplicaciones locales, desde mensajería hasta comercio electrónico, que pueden seguir funcionando de forma limitada aunque se corte la conexión internacional. Esta arquitectura facilita al régimen alternar periodos de desconexión casi total con fases de conectividad restringida, manteniendo un mínimo de actividad económica y administrativa sin renunciar al control férreo de la información.
Ciberataques, propaganda y la nueva guerra híbrida
El apagón también se inscribe en un contexto de creciente guerra híbrida, donde los bombardeos se combinan con ciberataques y operaciones psicológicas. En los mismos días en que se disparaban los misiles, millones de iraníes recibieron notificaciones inusuales en una popular aplicación de calendario y horarios de oración, “BadeSaba Calendar”, hackeada para enviar mensajes que llamaban a los militares a rendirse y prometían apoyo de unas supuestas “fuerzas de liberación”.
Aunque ningún actor ha reivindicado la operación, expertos en seguridad la interpretan como una campaña cuidadosamente sincronizada para sembrar desconfianza dentro de las fuerzas armadas iraníes, amplificada por el caos informativo del apagón. La combinación de ataques a infraestructuras físicas, intrusiones en aplicaciones religiosas de uso masivo y bloqueo de la red crea un ecosistema perfecto para la manipulación: la población no puede verificar el origen de los mensajes ni contrastarlos con fuentes independientes.
En este contexto, el régimen intensifica su propia maquinaria propagandística. Los canales oficiales de televisión y las cuentas verificadas en plataformas internas difunden mensajes de resistencia y victorias militares, mientras denuncian la “guerra psicológica” de Occidente. La paradoja es evidente: ambos bandos compiten por controlar la mente de una población a la que, a la vez, se le impide acceder libremente a la información básica.