Irán en llamas: 65 muertos, mezquitas incendiadas y pulso a Occidente
Las imágenes que llegan desde Irán dibujan un escenario inédito: mezquitas en llamas, manifestantes desafiando a las fuerzas de seguridad y un régimen que responde con fuego real y detenciones masivas. Según la agencia de derechos humanos HRANA, al menos 65 personas han muerto tras trece días consecutivos de protestas extendidas por todo el país. Y las cifras podrían ser mucho más altas.
En paralelo, la batalla se traslada al terreno político y diplomático. Donald Trump afirma que Irán “está mirando hacia la libertad” y asegura que Estados Unidos “está listo para ayudar”, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proclama que “Europa está plenamente del lado” de los manifestantes.
El mensaje común es inequívoco: las potencias occidentales se alinean públicamente con las calles iraníes, en un movimiento de alto voltaje geopolítico.
La pregunta de fondo es si estamos ante un episodio más de contestación interna o frente a un punto de inflexión histórico capaz de redibujar el mapa político y económico de Oriente Medio.
Protestas que rompen el miedo
Los datos difundidos por HRANA ofrecen la primera radiografía de la revuelta: 13 días seguidos de manifestaciones, incidentes registrados en 512 puntos distintos de 180 ciudades y un balance oficial de 65 muertos, entre ellos 50 manifestantes, 14 agentes de seguridad y un civil vinculado al Gobierno. No se trata de un estallido aislado, sino de un movimiento sostenido, amplio y territorialmente disperso.
Este hecho revela que el miedo, durante años el principal instrumento de control del régimen, ha empezado a agrietarse. Las movilizaciones no se limitan a los grandes centros urbanos, sino que alcanzan localidades medianas y pequeñas, lo que complica la respuesta de las autoridades y encarece el coste político de la represión.
Al mismo tiempo, más de 2.300 personas habrían sido detenidas, según las mismas fuentes, en un intento de descabezar la protesta mediante arrestos selectivos y castigos ejemplarizantes. Sin embargo, la dinámica recuerda a otros ciclos de contestación recientes: cuanto más dura es la respuesta estatal, mayor es el resentimiento acumulado y más difícil resulta restaurar la normalidad sin concesiones sustantivas.
Mezquitas incendiadas: ruptura con los símbolos del poder
La quema de mezquitas e instalaciones religiosas marca un salto cualitativo. No se trata sólo de una protesta contra la carestía, el desempleo o la corrupción, sino de un cuestionamiento directo de la legitimidad ideológica y religiosa del régimen. Atacar estos símbolos equivale a poner en duda el núcleo mismo de la República Islámica.
En un país donde el poder político se presenta como emanación de la autoridad religiosa, ver templos ardiendo es algo más que una imagen impactante: es la expresión de una ruptura emocional con el relato oficial. Una parte de la población transmite, de forma brutal, que ya no reconoce a esas instituciones como propias.
Lo más grave, desde la óptica del poder, es que este tipo de gestos tiende a polarizar aún más a la sociedad. Por un lado, puede reforzar el apoyo de los sectores más conservadores y movilizar a los aparatos de seguridad en defensa del “orden religioso”. Por otro, consolida entre los jóvenes urbanos y una clase media empobrecida la idea de que no hay reforma posible dentro del marco actual.
Para los observadores internacionales, esta deriva plantea un riesgo doble: una escalada represiva todavía mayor y la posibilidad de que, a medio plazo, se abran grietas internas dentro del propio sistema, entre quienes apuestan por endurecer la línea y quienes temen que el coste de mantenerla sea inasumible.
Trump y la oferta de ayuda: Washington entra en escena
En este contexto, las palabras de Donald Trump han actuado como amplificador. El expresidente norteamericano, que ya durante su mandato impulsó una política de “máxima presión” sobre Teherán, ha asegurado que Irán está “mirando hacia la libertad, quizá como nunca antes” y que Estados Unidos está “listo para ayudar”.
La frase, breve pero calculada, se lee en Teherán como una señal de que Washington vuelve a colocar la cuestión iraní en el centro de su agenda política, esta vez con un énfasis explícito en los derechos humanos. La consecuencia es clara: el régimen gana argumentos para denunciar una injerencia extranjera, al tiempo que los manifestantes reciben un espaldarazo simbólico de la primera potencia mundial.
La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. En otros levantamientos de la región, desde las primaveras árabes hasta las revueltas en Siria, la mezcla de aspiraciones internas legítimas y agendas externas ha terminado en escenarios muy diferentes: transición política en algunos casos, guerra civil o restauración autoritaria en otros.
El diagnóstico es inequívoco: cualquier movimiento de Washington tendrá impacto más allá de las fronteras iraníes. El miedo a una desestabilización de uno de los grandes productores de crudo de Oriente Medio, con repercusiones inmediatas en los mercados energéticos y en el equilibrio regional, pesa en los cálculos de todas las capitales.
Europa “plenamente del lado” de los manifestantes
Si Estados Unidos eleva el tono, la Unión Europea no se queda atrás. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha declarado que “Europa está plenamente detrás” de quienes reclaman libertad en Irán, y ha exigido la liberación inmediata de todos los detenidos, el fin de la represión y la restauración completa del acceso a internet.
En la práctica, Bruselas combina tres palancas: condenas públicas, amenaza de nuevas sanciones específicas y apoyo político a la diáspora y a la sociedad civil iraní. Las manifestaciones en Berlín, Colonia, Londres o Estocolmo, a las que se han sumado miles de personas, sirven además como termómetro de una opinión pública europea cada vez más sensible a la cuestión de los derechos humanos en países clave para la seguridad energética y migratoria del continente.
Sin embargo, el contraste con otras crisis resulta incómodo para la UE. Europa ha construido durante décadas una política hacia Irán basada en el equilibrio entre presión y diálogo, con el acuerdo nuclear como pieza central. Hoy, el margen para mantener ese enfoque se estrecha: cada nueva víctima, cada vídeo de represión difundido en redes, hace más difícil defender una estrategia exclusivamente diplomática.
La incógnita es hasta dónde está dispuesta a llegar la UE. Sanciones financieras adicionales, restricciones tecnológicas o incluso medidas sobre el sector energético afectarían tanto a Teherán como a empresas europeas presentes en la región. La línea entre defensa de valores y protección de intereses económicos vuelve a tensarse.
La guerra de cifras y el apagón informativo
Uno de los elementos más inquietantes es la divergencia en los datos. Mientras HRANA habla de 65 muertos, un médico de Teherán ha asegurado de forma anónima que sólo en seis hospitales de la capital se habrían registrado al menos 217 fallecidos entre los manifestantes. La diferencia no es menor: sugiere que la magnitud real de la represión podría ser varias veces superior a las cifras reconocidas por canales oficiales.
A ello se suma el uso sistemático de apagones de internet y restricciones en redes sociales. Cada corte limita la capacidad de los manifestantes para coordinarse, pero también dificulta la verificación independiente de lo que ocurre sobre el terreno. Es un patrón ya visto en otros escenarios autoritarios: la oscuridad informativa se convierte en parte de la estrategia de control.
Para los analistas, este doble muro —represión física y censura digital— tiene una lógica clara. Si la revuelta logra mantenerse en el tiempo y documentar sus abusos, aumenta la probabilidad de que se traduzca en sanciones internacionales, procesos judiciales y aislamiento diplomático. Si, por el contrario, las autoridades consiguen imponer su relato y minimizar el alcance de las protestas, la ventana de oportunidad se cierra.
El problema para Teherán es que en un mundo hiperconectado no existe el apagón perfecto. Filtraciones, testimonios médicos, diáspora y organizaciones de derechos humanos ensamblan un mosaico que, aunque incompleto, dibuja una imagen de violencia y descontento difícil de neutralizar con propaganda interna.
Economía, petróleo y riesgo regional
Más allá de la dimensión política y de derechos humanos, el levantamiento tiene implicaciones económicas notables. Irán arrastra años de sanciones, inflación elevada —con tasas que se han movido en la franja del 30%-40% anual en distintos momentos recientes— y una moneda debilitada. Un ciclo prolongado de protestas y represión puede agravar aún más esta fragilidad.
En los mercados energéticos, cualquier señal de inestabilidad en Irán se traduce en prima de riesgo. Un escenario de paro parcial de producción, sabotajes a infraestructuras o tensiones en el estrecho de Ormuz —por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo transportado por mar en el mundo— podría impulsar los precios del crudo entre 10 y 20 dólares por barril en cuestión de semanas, según estimaciones de analistas.
La consecuencia es inmediata para Europa y Asia, regiones altamente dependientes de las importaciones. En un contexto de transición energética aún incompleta y de tensiones previas por la guerra en Ucrania, cualquier nuevo shock de oferta puede alimentar la inflación y complicar la labor de los bancos centrales, ya forzados a subir tipos para contener la escalada de precios.
A nivel regional, los rivales de Irán —desde Arabia Saudí hasta Israel— observan la situación con una mezcla de cautela y oportunidad. Una República Islámica debilitada internamente podría limitar su capacidad de proyección exterior, pero también volverse más imprevisible si el régimen percibe que su supervivencia está en juego.
El abanico de escenarios es amplio. En uno extremo, el régimen consigue sofocar la revuelta a costa de un alto coste en vidas y de un nuevo ciclo de aislamiento internacional, reforzando su dependencia de socios como Rusia y China. En el otro, las protestas logran articularse políticamente y forzar cambios de calado, ya sea mediante reformas internas o una transición más abrupta.
Entre ambos polos existen variantes intermedias: división dentro de las élites, concesiones parciales, ciclos de protesta y calma que se repiten durante años. Para Occidente, el riesgo es doble. Una implicación excesiva puede alimentar el discurso de la injerencia y reforzar a los sectores más duros del régimen. Una pasividad total, en cambio, erosiona la credibilidad de los discursos sobre derechos humanos y apoyo a las aspiraciones democráticas.
Irán, además, no es un país cualquiera en el mapa global: es un actor clave en la seguridad energética, en la arquitectura de alianzas de Oriente Medio y en el equilibrio de no proliferación nuclear. Lo que ocurra en las próximas semanas y meses no sólo marcará el futuro de sus ciudadanos, sino también la forma en que Estados Unidos, Europa y las potencias emergentes gestionan la relación entre principios y realpolitik.
Mientras las mezquitas arden y las calles siguen llenas, la sensación de estar ante un punto de inflexión se extiende. Irán mira hacia la libertad, como dicen Trump y von der Leyen, pero el camino que tome esa mirada —y el precio que se pague por ella— está todavía por escribirse.