Japón y su récord de caída poblacional ya roza los 120 millones: la oleada de “casas vacías” desata un desafío económico y de seguridad
Los datos más recientes confirman la magnitud del reto demográfico japonés. Según el Ministerio del Interior, a 1 de enero de 2025 Japón contaba con 124,33 millones de residentes, un 0,44 % menos interanual. La caída se concentra en la población de nacionalidad japonesa, que retrocedió hasta 120,65 millones; el contingente de extranjeros amortigua parcialmente el descenso total. El ajuste de 2024 supone un recorte cercano a 910.000 personas respecto al año previo, un máximo histórico.
El deterioro responde a dos vectores que se consolidan. Por un lado, los nacimientos tocaron un mínimo desde 1899: el Ministerio de Sanidad contabilizó 720.988 en 2024, noveno año consecutivo a la baja. Por otro, las defunciones alcanzaron 1,62 millones, ampliando el saldo natural negativo hasta casi 900.000 personas en un solo ejercicio. La fotografía es la de una sociedad que envejece con rapidez y donde la base de población en edad de trabajar se estrecha.
El segundo indicador que dispara alarmas es el parque de “akiya” —viviendas desocupadas—, ya por encima de los 9 millones según la última Encuesta de Vivienda y Suelo. La tasa media nacional de vacancia ronda el 13,8 %, pero el fenómeno se concentra en áreas rurales y ciudades intermedias: Wakayama y Tokushima superan el 21 %, con implicaciones de seguridad (incendios, derrumbes), depreciación del suelo y servicios públicos ineficientes para poblaciones menguantes.
En clave política, el Ejecutivo ha elevado el tono. Las autoridades han descrito el declive demográfico como una “emergencia” de largo alcance: amenaza la sostenibilidad fiscal, tensiona el sistema de pensiones y condiciona la seguridad nacional —desde el reclutamiento de personal sanitario hasta la resiliencia industrial—. Sobre la mesa hay ampliaciones de prestaciones por hijo, permisos parentales mejor remunerados y refuerzos a las políticas de conciliación, junto a planes de reactivación en municipios envejecidos para atraer familias y teletrabajadores. La experiencia reciente muestra, sin embargo, que las ayudas puntuales no bastan si no se acompasan con empleo estable, salarios crecientes y avances en igualdad de género, factores que los demógrafos consideran determinantes para la decisión de formar familia.
Japón también explora vías complementarias: digitalización de servicios locales, reutilización de “casas vacías” como viviendas asequibles o espacios productivos, y “visas de talento” dirigidas a sectores en déficit. A corto plazo, la inmigración seguirá mitigando el bache, pero los expertos advierten que el vector decisivo será elevar la productividad y la participación laboral —especialmente femenina y sénior—, al tiempo que se reequilibra el mapa del país mediante movilidad interna y vivienda a precios razonables en los polos metropolitanos.
En el terreno institucional, el cambio de liderazgo añade contexto. Tras la dimisión de Shigeru Ishiba, Sanae Takaichi asumió el 21 de octubre de 2025 como primera ministra, con un programa que liga competitividad, seguridad económica y demografía. La agenda incluye elevar la eficiencia del gasto social, modernizar el mercado laboral y anclar la política industrial a cadenas de valor estratégicas, en paralelo a una disciplina fiscal que no ahogue el crecimiento.
El diagnóstico es claro: Japón encara su tercer gran ajuste estructural desde los 90. La diferencia, ahora, es la velocidad. Si la tendencia no se dobla, el país podría caer hacia 87 millones de habitantes en 2070, con un 40 % de mayores de 65 años. El reloj demográfico no se detiene, y la ventana para transformar incentivos —desde la vivienda hasta la carrera profesional y la corresponsabilidad en el cuidado— se mide en esta década.