Antonio Alonso Marcos advierte: “quien quiera pasar, tendrá que pagar”
En un mundo donde la estabilidad parece desvanecerse poco a poco, la reciente entrevista con Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, arroja luz sobre uno de los conflictos más complejos y prolongados: la guerra entre Estados Unidos e Irán. ¿Es esta guerra simplemente una cuestión de intereses políticos? ¿Podría estarse gestando un impacto irreversible en el derecho internacional?
Este análisis se sumerge en las capas de tensión que rodean el Estrecho de Ormuz, las maniobras diplomáticas que podrían ser una mera fachada, y la estrategia de potencias globales que persiguen hegemonía territorial y control de recursos críticos.
Diplomacia de escaparate
Alonso plantea una idea de fondo: la negociación como teatro para evitar una escalada irreversible, mientras se mantiene la presión suficiente para extraer ventajas. Washington necesita un conflicto que justifique presupuestos, despliegues y cohesión interna. Teherán, una tensión que refuerce su narrativa de resistencia y su influencia regional. El resultado es una especie de “equilibrio sucio”: golpes medidos, mensajes calculados, y un canal diplomático que sirve más para administrar el riesgo que para cerrarlo.
“La paz absoluta es cara; la tensión controlada es rentable”, podría resumirse el mecanismo. No es una guerra total, pero tampoco una paz. Es un estado intermedio que permite a ambos bandos sostener agendas domésticas: elecciones, facciones, purgas internas, legitimidad. Lo más grave es el precedente: si la diplomacia deja de ser solución y pasa a ser coartada, el conflicto se cronifica por diseño.
Ormuz, peaje y ruptura del derecho marítimo
La frase que deja huella es brutal por simple: “el que quiera pasar, tendrá que pagar”. No es solo una amenaza económica. Es una impugnación práctica del derecho marítimo: la libertad de navegación convertida en tasa, la seguridad transformada en negocio y el estrecho en aduana de facto. Ormuz no es un puerto; es un embudo. Por él pasan, en condiciones normales, del orden de 15 a 20 millones de barriles diarios en crudo y productos. La diferencia entre “tránsito” y “control” es la línea roja.
Si se consolida esa lógica, el precedente vuela: mañana no es solo Irán. Cualquier potencia con capacidad militar sobre un chokepoint puede probar el mismo modelo. Y no hace falta cerrar el estrecho: basta con elevar el riesgo, encarecer los seguros y forzar “pagos” indirectos. El derecho internacional no colapsa con un comunicado. Colapsa cuando deja de ser útil para circular.
La economía del susto: petróleo, seguros y cadenas
El mercado reacciona antes que la diplomacia. Un dron abatido, un escolta naval, un amago de cierre: el crudo sube, el dólar se fortalece, las bolsas se vuelven defensivas. El mecanismo es viejo, pero ahora es más rápido. La energía entra como impuesto invisible: encarece transporte, fertilizantes, logística y, en semanas, la cesta de la compra. Un repunte sostenido del petróleo puede añadir entre 0,5 y 1 punto a la inflación de economías importadoras y deteriorar márgenes en industria y consumo.
Además, el “peaje” no es solo el barril: son los seguros marítimos, los desvíos, los tiempos. En cadenas globales tensas, un retraso del 10% en flujos críticos tiene efecto dominó en inventarios y precios. Eso explica por qué la guerra larvada es tan útil: permite activar y desactivar el miedo para mover dinero, sin pagar el coste total de un conflicto abierto. La consecuencia es clara: el ciudadano acaba financiando la geopolítica con su factura.
El derecho internacional en modo “excepción permanente”
La tesis de Alonso apunta a una transformación más peligrosa que el propio choque militar: la normalización de la excepción. Si se acepta que la fuerza redefine rutas, inspecciones y bloqueos “temporales”, el derecho internacional pierde su condición de marco y se convierte en argumento decorativo. Y cuando eso ocurre, las potencias prueban límites: sanciones que rozan la extraterritorialidad, represalias encubiertas, “zonas de seguridad” ambiguas.
El resultado es un mundo donde la regla no se aplica por justicia, sino por capacidad. Hoy Ormuz. Mañana el Mar Negro. Pasado, el Indo-Pacífico. Los Estados pequeños quedan atrapados: deben elegir bando para comerciar, no para vivir. La paradoja es que todo se hace en nombre de la estabilidad, pero el método la erosiona. Y a medida que el conflicto se alarga, la presión para “pagar por pasar” deja de ser amenaza y pasa a ser rutina.
Netanyahu, Putin y la política del caos rentable
Alonso enlaza el tablero: no se trata solo de Irán y EEUU. La inestabilidad funciona como moneda política para otros actores. Netanyahu, con frentes abiertos en Gaza, Cisjordania y Líbano, obtiene margen interno cuando el país vive en emergencia permanente. Putin, con una guerra larga en Ucrania, explota cualquier distracción occidental y cualquier fatiga presupuestaria europea. La OTAN, con incidentes en el flanco oriental y episodios de drones o violaciones del espacio, se ve empujada a rearmarse en un momento fiscal delicado.
La clave no es que exista una coordinación explícita. Es que el caos ofrece rentas: legitimidad, control, capacidad de imponer prioridades. En este contexto, la “guerra de baja intensidad” es un formato exportable: suficiente tensión para disciplinar a aliados y adversarios, insuficiente para provocar un choque total que arrase economías. El peligro es que, cuando todos descubren que el desorden paga, nadie tiene incentivos para ordenar.
Minerales críticos: la guerra que se libra bajo tierra
El último plano es el menos visible y quizá el más estructural: la pugna EEUU-China por recursos. No es retórica. Es control de cadenas de suministro para tecnología, energía y defensa. Litio, níquel, cobalto, tierras raras: sin ellos no hay baterías, ni chips, ni transición energética. La pelea ya no es solo por territorios, sino por capacidades: quién refina, quién procesa, quién fija precios. Y esa batalla se alimenta de la inestabilidad: un estrecho tensionado, un embargo, una sanción, y el mercado redescubre su dependencia.
En un mundo donde el comercio se militariza, los minerales se convierten en herramienta de presión. Lo que antes era competitividad industrial ahora es seguridad nacional. Y cuando se mezclan defensa y materias primas, el margen para acuerdos limpios se reduce. La consecuencia es clara: la geopolítica deja de ser un “riesgo externo” y se convierte en parte del coste estructural de producir, invertir y crecer.