Maduro se abre a un acuerdo antidroga con EE.UU. tras ataques navales

En un momento de máxima tensión militar y diplomática en el Caribe, Nicolás Maduro ha dado un giro inesperado al afirmar que está dispuesto a negociar con Estados Unidos un acuerdo centrado en la lucha contra el narcotráfico. El mensaje llega justo después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmaran ataques contra cinco embarcaciones vinculadas presuntamente al tráfico de drogas en aguas próximas a Venezuela, un movimiento que Caracas interpreta como una muestra de fuerza. Pese a las acusaciones mutuas y a años de retórica antiimperialista, el mandatario venezolano ha abierto la puerta a un canal de diálogo siempre que se haga “con respeto” y sin “amenazas ni intimidación”.
Detrás del gesto hay algo más que retórica: Venezuela sigue bajo sanciones que ahogan su economía, una caída acumulada del PIB superior al 70% desde 2013 y una creciente presión internacional sobre su papel en las rutas de la cocaína hacia Norteamérica y Europa. La pregunta es si esta propuesta puede convertirse en un punto de inflexión real o si quedará en un episodio más de la larga confrontación entre Caracas y Washington.

Que Maduro haya planteado públicamente la posibilidad de un acuerdo bilateral con Estados Unidos no es un gesto menor. Durante años, el relato oficial venezolano ha presentado a Washington como “enemigo estratégico”, responsable tanto de la crisis económica como del aislamiento internacional del país. En ese marco, cualquier cooperación directa con la Casa Blanca se consideraba anatema en el discurso interno del chavismo.

El cambio de tono no implica que desaparezca la desconfianza, pero sí introduce un matiz: Maduro señala que estaría dispuesto a colaborar contra el narcotráfico “siempre que haya respeto mutuo y se destierren las políticas coercitivas”. Es decir, la propuesta se presenta como una moneda de cambio en medio de un tablero en el que pesan sanciones financieras, restricciones al petróleo venezolano y procesos judiciales abiertos en tribunales de EE.UU. contra altos cargos del régimen.

En términos políticos internos, el mensaje también busca proyectar la imagen de un presidente capaz de negociar desde una posición de resistencia, no de rendición. El giro no desmantela el discurso antiimperialista, pero introduce la idea de que incluso el adversario principal puede convertirse, en ciertos ámbitos, en un interlocutor funcional.

La ofensiva naval de EE.UU. como detonante inmediato

El contexto inmediato de la declaración de Maduro fue la confirmación, por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de ataques contra cinco embarcaciones identificadas como presuntos activos del narcotráfico. La operación, enmarcada en las misiones de interdicción marítima en el Caribe y el Atlántico, refuerza la estrategia de Washington de combinar presión militar y señalización política en la región.

Para Caracas, estos movimientos se interpretan como una proyección de fuerza en su área de influencia, que no solo impacta en grupos criminales, sino también en la narrativa de soberanía nacional. El propio Maduro ha señalado que no aceptará que se intente “resolver nada a punta de cañoneras”, al tiempo que denuncia la presencia de buques y aeronaves estadounidenses en corredores próximos a las aguas venezolanas.

En los últimos años, informes de agencias internacionales han señalado que entre el 10% y el 15% de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa utiliza rutas que pasan por territorio o espacio marítimo venezolano. Esa cifra convierte al país en un eslabón relevante dentro de las cadenas logísticas del narcotráfico, aunque no sea el principal origen de la droga. La operación contra las cinco embarcaciones funciona, así, tanto como acción policial como mensaje político directo al Palacio de Miraflores.

Maduro abre la puerta, pero exige respeto y alivio de sanciones

En su mensaje, Maduro ha mantenido un tono reservado pero firme: ha reiterado su rechazo a las “amenazas”, pero al mismo tiempo ha dejado claro que está dispuesto a explorar vías de cooperación específica en materia antidroga. La condición clave que pone sobre la mesa es el respeto mutuo y la revisión de las “medidas coercitivas unilaterales”, en referencia a las sanciones financieras y energéticas impuestas por Washington.

Un eventual acuerdo antidroga podría convertirse en un instrumento de negociación para desbloquear, al menos parcialmente, algunos aspectos del régimen de sanciones. Venezuela necesita ingresos adicionales de forma urgente: la producción petrolera sigue muy por debajo de los niveles de hace una década —se sitúa en torno a una fracción de los más de 2,5 millones de barriles diarios que llegó a bombear— y la economía arrastra años de hiperinflación, dolarización de facto y colapso de servicios básicos.

Desde esa perspectiva, Maduro puede presentar internamente la apertura a negociar como una jugada pragmática que no renuncia a sus postulados ideológicos pero busca oxígeno económico. La línea roja será hasta qué punto está dispuesto a ceder información, acceso operativo o capacidad de supervisión a agencias estadounidenses como la DEA sin que su base política lo interprete como una claudicación.

Lo que se juega Venezuela en la lucha antidroga

Para Venezuela, el narcotráfico es a la vez problema interno y herramienta de poder. Las denuncias sobre la existencia de redes vinculadas a sectores de las Fuerzas Armadas y a dirigentes del oficialismo —el llamado “Cartel de los Soles”— han sido recurrentes en informes y acusaciones internacionales. Un acuerdo serio con Estados Unidos obligaría a Caracas a mostrar resultados verificables: incautaciones, detenciones y, eventualmente, extradiciones selectivas.

Esa exigencia choca con la realidad de un Estado fragmentado, donde la capacidad de control sobre todos los territorios y cuerpos armados es limitada. Zonas fronterizas con Colombia, corredores fluviales en el sur del país y áreas costeras del Caribe se han convertido en espacios de operación para grupos irregulares, desde disidencias guerrilleras hasta bandas asociadas a carteles. En algunos de estos enclaves, el poder efectivo lo ejercen mandos militares locales o intermediarios económicos, más que la administración central.

Un acuerdo con Washington en materia antidroga podría servir para reordenar parcialmente estas lealtades y reforzar la autoridad de Miraflores sobre ciertos territorios, pero también corre el riesgo de destapar divisiones internas si se señalan nombres concretos. El coste político interno de “sacrificar” a determinados cuadros podría ser elevado, pero también podría utilizarse para ajustar cuentas dentro del propio bloque de poder.

El cálculo de Washington: presión, pragmatismo y elecciones

Desde el lado estadounidense, la ecuación es compleja. Por un lado, la administración norteamericana —sea demócrata o republicana— mantiene sobre la mesa un discurso de no reconocimiento pleno del proceso político venezolano y de exigencia de garantías democráticas. Por otro, la realidad operativa en el Caribe obliga a tratar con quienes controlan el territorio, y hoy ese actor, de facto, sigue siendo el Gobierno de Maduro.

En términos de seguridad, Estados Unidos ha sostenido durante años grandes despliegues en el Caribe y el Atlántico occidental, con operaciones que llegan a interceptar centenares de toneladas de cocaína y otras drogas cada año. Pero las rutas se adaptan, y la cooperación de los países de tránsito sigue siendo una condición necesaria para mantener la presión sobre las redes. Un acuerdo con Caracas, aunque limitado, podría traducirse en mejor acceso a información, puertos y aeropuertos clave.

El componente político interno también pesa: mostrar resultados tangibles en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico tiene impacto en la narrativa doméstica estadounidense. El dilema para Washington será cómo avanzar en cooperación operativa sin legitimar plenamente a un interlocutor al que sigue acusando de violaciones de derechos humanos y fraude electoral.

Colombia, el Caribe y los actores que miran de reojo

Cualquier entendimiento entre Caracas y Washington en materia antidroga tendría efectos más allá de las dos capitales. Colombia, principal productor de cocaína de la región, observa de cerca cualquier movimiento que altere el equilibrio de las rutas y la cooperación transfronteriza. Un canal de negociación directo entre EE.UU. y Venezuela podría influir en la seguridad de la frontera colombo-venezolana, donde operan grupos armados y redes de contrabando que se mueven con relativa facilidad.

En el Caribe, países pequeños pero estratégicos —desde islas vecinas hasta socios tradicionales de Estados Unidos— también verían con interés cualquier ajuste. Un acuerdo podría implicar nuevos dispositivos conjuntos, intercambio de información y cambios en las prioridades de vigilancia, lo que afectaría a puertos, aeropuertos y zonas francas utilizadas en ocasiones como nodos logísticos.

Tampoco pueden obviarse los intereses de potencias extrarregionales con presencia en Venezuela, como Rusia o China, que han establecido vínculos energéticos, militares o financieros con Caracas. Un acercamiento, siquiera parcial, entre Maduro y Washington podría reinterpretarse como un intento de reequilibrio de alianzas, aunque sea limitado a un ámbito técnico como el antidroga. En este tablero, cada gesto tiene múltiples lecturas, y ningún actor regional permanece indiferente.