Marco Rubio detalla las condiciones de EEUU para Venezuela tras la posible captura de Maduro

Estados Unidos ha decidido dejar de hablar en clave ambigua sobre Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, Washington ha desplegado un pliego de condiciones explícitas que va mucho más allá de la retórica democrática habitual y dibuja un mapa muy claro de lo que considera aceptable —y de lo que no— en el país caribeño.
En el centro de ese esquema aparece Delcy Rodríguez, vicepresidenta y heredera política del chavismo, como figura tolerada —cuando no directamente bendecida— para gestionar la etapa pos-Maduro, mientras que la líder opositora María Corina Machado queda fuera del tablero inmediato.
La entrevista concedida por el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido el vehículo elegido para hacer públicas esas líneas rojas: lucha frontal contra el narcotráfico, expulsión de Irán y Hezbollah y blindaje del petróleo venezolano frente a adversarios de EEUU.
El mensaje es inequívoco: Washington prioriza estabilidad y control frente a cambios abruptos, incluso si eso implica convivir con una versión reciclada del chavismo.
La consecuencia es clara: la transición venezolana ya no se juega solo en Caracas, sino en un triángulo de poder que pasa por Washington, Bogotá y La Habana.

Las nuevas líneas rojas de Washington tras Maduro

El primer impacto de las declaraciones de Marco Rubio es la explicitación de algo que durante años se sugirió en voz baja: Estados Unidos no está dispuesto a aceptar cualquier tipo de “cambio de régimen” en Venezuela. La captura de Maduro no abre la puerta a una transición en blanco, sino a un escenario fuertemente condicionado por los intereses estratégicos de Washington.

Rubio fija tres ejes innegociables. Primero, una ofensiva real contra el narcotráfico, con cooperación verificable y resultados medibles: rutas desmanteladas, capos extraditados, toneladas de droga incautadas. Segundo, la expulsión total de asesores, agentes y estructuras ligadas a Irán y Hezbollah, consideradas desde hace años como un vector de penetración hostil en el hemisferio occidental. Tercero, el compromiso de que la industria petrolera venezolana no vuelva a utilizarse para financiar a adversarios de EEUU, ya sea a través de descuentos opacos, triangulaciones o acuerdos en especie.

Detrás de este tríptico hay un diagnóstico frío: Venezuela se ha convertido en un nudo de riesgos superpuestos —tráfico, actores armados y alineamientos geopolíticos— que Washington quiere desactivar antes de hablar de elecciones libres o reformas institucionales. La democracia, en este esquema, llega después de la seguridad.

Narcotráfico, FARC y ELN: la seguridad por encima de la política

En la entrevista, Rubio subraya con especial énfasis el papel de las FARC y el ELN colombianos, grupos armados que llevan años utilizando territorio venezolano como santuario operativo. Para Washington, no se trata solo de un problema colombiano: es una amenaza regional que afecta a las fronteras de Brasil, Guyana, el Caribe y, por extensión, a cualquier corredor de tráfico hacia Estados Unidos.

La exigencia es tajante: desmantelar campamentos, cortar rutas, detener mandos y entregar información de inteligencia. No bastarán comunicados o fotos de operaciones aisladas. Lo que EEUU reclama es una ruptura verificable con décadas de tolerancia —cuando no connivencia— entre sectores del Estado venezolano y economías ilícitas que mueven miles de millones de dólares al año.

Este hecho revela la jerarquía real de prioridades de Washington: antes que un Parlamento plural o una nueva Constitución, exige un territorio menos poroso para la droga y los grupos armados. La transición política se concibe como un derivado de la reconfiguración del mapa de seguridad. De lo contrario, cualquier nuevo Gobierno sería, en su visión, solo una cara distinta para los mismos riesgos.

Irán y Hezbollah: la purga geopolítica que exige EEUU

El segundo pilar de las condiciones estadounidenses apunta directamente al tablero global: la expulsión inmediata de las influencias iraníes y de Hezbollah del territorio venezolano. Para Washington, la República Islámica ha utilizado durante años la alianza con Caracas como plataforma para evadir sanciones, mover recursos financieros y proyectar inteligencia en el continente.

Rubio lo plantea no como un gesto simbólico, sino como una condición de seguridad nacional. En la práctica, significaría la cancelación de acuerdos de cooperación, el cierre de instalaciones vinculadas a Teherán, la expulsión de asesores militares y, previsiblemente, un control mucho más severo de transferencias financieras relacionadas con redes vinculadas a Hezbollah.

El contraste con otras fases de la política estadounidense hacia la región resulta demoledor. Durante décadas, Washington toleró —cuando no alentó— regímenes autoritarios mientras no se alinearan con enemigos estratégicos. Ahora, la vara de medir vuelve a ser la misma: no es tanto la naturaleza del régimen como sus alianzas internacionales lo que determina el grado de tolerancia. Si Delcy Rodríguez rompe con Irán, tendrá más margen que una oposición rupturista pero sin control sobre esos vectores de riesgo.

Delcy Rodríguez, la apuesta pragmática de Washington

Lo más llamativo de este nuevo escenario es la figura que emerge como interlocutora viable: Delcy Rodríguez. Vicepresidenta, sancionada en etapas anteriores por Estados Unidos y señalada como pieza central del entramado chavista, aparece ahora en el discurso de Rubio como alguien con quien se puede trabajar, siempre que acepte el paquete de condiciones.

El giro es profundo. Frente a los años en los que la Casa Blanca apostaba por figuras opositoras como Juan Guaidó, el nuevo enfoque sugiere que la prioridad ya no es el relato de ruptura total, sino la gestión de una transición controlada. Washington parece asumir que buena parte del aparato estatal, militar y económico seguirá en manos de cuadros procedentes del chavismo y que la clave estará en reorientar su alineamiento exterior y su comportamiento interno, más que en barrerlos de un plumazo.

En términos prácticos, eso convierte a Delcy Rodríguez en una pieza de equilibrio: suficientemente próxima al viejo régimen como para garantizar continuidad administrativa, pero lo bastante flexible —según el cálculo estadounidense— como para aceptar un rediseño profundo de alianzas y prioridades. La apuesta no está exenta de riesgos: para parte de la sociedad venezolana, un “Maduro sin Maduro” puede ser percibido como una transición cosmética.

El veto silencioso a María Corina Machado y a la ruptura clásica

En paralelo a este guiño a Delcy, Rubio lanza un mensaje inequívoco hacia la oposición más dura: María Corina Machado queda descartada como figura central del relevo inmediato. No se trata solo de preferencias personales; es una señal al conjunto del arco opositor de que Washington no respaldará aventuras que puedan desembocar en un vacío de poder incontrolable.

La exclusión de Machado, presentada como “poco viable” para mantener el equilibrio que EEUU busca, rompe con años de apoyo retórico a la oposición frontal. El diagnóstico es crudo: los sectores que agitan la bandera de la ruptura total carecen, a ojos de Washington, de capacidad real para gestionar el aparato del Estado, garantizar las fronteras o controlar a las fuerzas armadas.

Este hecho revela hasta qué punto la transición venezolana se está tecnificando: menos épica democrática y más cálculo de gobernabilidad. Para una parte de la oposición, el mensaje es devastador: después de años de movilización, sacrificios y persecución, los apoyos internacionales se desplazan hacia una solución pactada con parte del viejo régimen. Para Washington, en cambio, es el precio a pagar por evitar una deriva caótica en un país con 30 millones de habitantes y la mayor reserva probada de petróleo del mundo.

El petróleo como palanca central del nuevo equilibrio

El tercer eje de las condiciones estadounidenses gira en torno al petróleo, el gran activo venezolano y palanca geopolítica por excelencia. Rubio exige que la industria petrolera deje de ser una herramienta al servicio de adversarios de EEUU, lo que en la práctica significa reconfigurar contratos, revisar alianzas y garantizar transparencia en los flujos de crudo.

Washington quiere asegurarse de que ni Rusia, ni Irán, ni otros actores hostiles se beneficien de descuentos opacos, esquemas de trueque o triangulaciones que permitan sortear sanciones. A cambio, abre la puerta a una normalización gradual de las exportaciones venezolanas hacia mercados occidentales, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad y desenganche geopolítico.

La consecuencia económica para Caracas podría ser enorme: en un escenario de cumplimiento parcial, el país podría recuperar decenas de miles de millones de dólares anuales en ingresos y frenar el colapso de su infraestructura energética. Pero el precio político es alto: ceder parte de la autonomía estratégica en materia de alianzas, aceptando que el petróleo deje de ser un arma en la disputa global y se convierta en un activo bajo supervisión de facto estadounidense.

Los riesgos de un “Maduro sin Maduro” para la sociedad venezolana

Detrás de la arquitectura de condiciones, emerge una pregunta incómoda: ¿qué cambia realmente para el ciudadano venezolano si el relevo se articula en torno a Delcy Rodríguez bajo tutela de Washington? En el mejor de los casos, podría abrirse una etapa de estabilización macroeconómica, alivio de sanciones y mejora gradual del suministro de bienes básicos y servicios. En el peor, un reciclaje del aparato chavista con retoques cosméticos.

El riesgo es que la prioridad absoluta por la seguridad y la geopolítica deje en segundo plano la restitución de derechos, la rendición de cuentas y la justicia por los abusos cometidos durante años. Un esquema en el que se desmantelan redes de narcotráfico y se expulsan asesores extranjeros, pero se mantiene intacta buena parte de la élite que pilota el Estado.

Para Washington, el equilibrio es delicado: si la transición controlada no se traduce en mejoras tangibles para la población —inflación contenida, salarios reales menos ruinosos, servicios básicos mínimos—, la frustración puede alimentar nuevas oleadas de protesta, esta vez no solo contra el chavismo, sino contra un modelo percibido como impuesto desde fuera. El laboratorio venezolano entra así en una fase decisiva.