Meloni ataca políticas migratorias de la ONU y la UE: “Protegen a criminales”
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, la primera ministra italiana Giorgia Meloni lanzó una ofensiva verbal contra las normas migratorias vigentes, acusando a la ONU y a la Unión Europea de favorecer criminales al priorizar derechos humanos por sobre el control fronterizo. Propuso una revisión estructural de los acuerdos internacionales y reivindicó la “sacrosanta prerrogativa” de cada país de proteger sus ciudadanos y gestionar la migración según su propio criterio.
Cuando Giorgia Meloni tomó la palabra frente a la Asamblea General de Naciones Unidas, no fue para suavizar el discurso diplomático habitual, sino para lanzar una advertencia que ha resonado con fuerza en los pasillos del multilateralismo: las políticas migratorias actuales, según ella, han degenerado hasta convertirse en un escudo para aquellos que actúan fuera de la ley. “Protegen a criminales en nombre de los derechos humanos”, sentenció, para subrayar que los marcos legales y los convenios internacionales nacieron en una época en que la inmigración masiva era impensable, y han sido reinterpretados —dijo— de modo “ideológico o sesgado” por jueces o instancias políticas.
Meloni propuso una “revisión profunda” de las leyes que rigen las relaciones entre Estados, particularmente aquellas convenciones que regulan el asilo y la migración, pues, argumentó, fueron concebidas para otros tiempos y no para los flujos humanos actuales. Frente a quienes abogan por fronteras abiertas, defendió el derecho soberano de cada nación “a proteger sus fronteras y a sus ciudadanos” y gestionar los movimientos migratorios conforme a sus prioridades internas.
No se detuvo allí: dirigió su crítica también hacia la ONU, apuntando que ciertas declaraciones sobre derechos humanos son interpretadas con sesgos, favoreciendo causas ideológicas, mientras que otras tragedias, especialmente las que afectan a comunidades cristianas perseguidas, reciben un trato desigual. En paralelo, alzó la voz contra lo que denominó “30 años de fe ciega en la globalización”, una etapa que, según ella, ha sido responsable de efectos no previstos: desempleo, desindustrialización, modelos de producción no sostenibles y una creciente desconexión entre los ciudadanos y las élites. En ese contexto, vinculó los planes verdes europeos con una aceleración de la desindustrialización más que con la descarbonización efectiva.
Su discurso llega en un momento en que la UE ha mostrado señales de endurecimiento en migración: recientemente, Bruselas respaldó la posibilidad de que los Estados miembros establezcan campos de deportación fuera de su territorio para migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. Esta política, criticada por ONG y defensores de derechos humanos, refuerza las tensiones entre soberanía nacional y obligaciones internacionales. Asimismo, iniciativas lideradas por Italia y otros países buscan reconfigurar las convenciones europeas de derechos humanos para facilitar la expulsión de migrantes que cometan delitos.
Para Meloni, el control migratorio no puede estar sometido a interpretaciones judiciales politizadas ni a compromisos globalistas que desdibujen la responsabilidad estatal de proteger a sus poblaciones. Su mensaje no es solo político, sino simbólico: reclama un reordenamiento del contrato entre lo nacional y lo internacional, un replanteo de la relación entre ciudadanía, fronteras y solidaridad.
En el ámbito internacional, su discurso encaja con el giro que algunas potencias y gobiernos de derecha han venido impulsando: reforzar fronteras, renegociar compromisos migratorios y limitar la intervención judicial supranacional en decisiones de Estado.
En definitiva, Meloni no únicamente reclamó un nuevo equilibrio entre soberanía y derechos humanos: puso sobre la mesa un dilema clave para el siglo XXI: ¿hasta qué punto pueden las normas globales restringir el poder de decidir de los Estados?