Un tercer disparo en un Minneapolis exhausto

El caso de Alex Pretti no es un episodio aislado. Es, según las autoridades locales, el tercer disparo de arma de fuego por parte de agentes federales en la ciudad en pocas semanas, y el segundo mortal. Antes que él, Renée Good, una vecina de Minneapolis, murió a manos de un agente de ICE en un incidente igualmente grabado en vídeo y contestado por las autoridades estatales.

En el último tiroteo, los agentes han sostenido que Pretti se acercó armado y supuso una amenaza directa. Sin embargo, los vídeos difundidos por testigos y analizados por varios medios nacionales dibujan una escena distinta: un hombre que grababa con su teléfono, intentaba proteger a una manifestante de los aerosoles químicos y acababa reducido en el suelo por varios agentes, que terminaron disparándole a corta distancia.

La divergencia entre el relato federal y las pruebas visuales ha desatado una tormenta política. El Estado de Minnesota ha denunciado obstáculos para acceder a la escena del crimen, incluso después de obtener una orden judicial de registro. La propia Oficina de Detención Criminal de Minnesota (BCA) ha acusado a los agentes federales de bloquear su entrada al lugar del tiroteo pese al mandato de un juez, un hecho inusual que alimenta la sospecha de intento de controlar la evidencia desde Washington.

Operación Metro Surge: una ciudad bajo un “asedio” migratorio

Detrás de este episodio se encuentra Operation Metro Surge, la mayor operación de control migratorio jamás desplegada en Minnesota. Desde diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha movilizado alrededor de 3.000 agentes federales —entre ICE, Patrulla Fronteriza y otros cuerpos— en el área de Minneapolis–Saint Paul, un contingente que supera en una proporción de cinco a uno al cuerpo de policía local, según estimaciones de medios estadounidenses.

La Casa Blanca defiende la operación como una ofensiva contra “los peores criminales”, alardeando de más de 3.000 detenciones desde Acción de Gracias y de centenares de supuestos delincuentes violentos arrestados. Sin embargo, análisis independientes han detectado que apenas un 5% de los detenidos tiene antecedentes por delitos violentos y que, en algunos casos, el Gobierno se atribuye arrestos de personas que ya estaban en prisión mucho antes del inicio del operativo.

Sobre el terreno, la percepción es muy distinta. El propio alcalde Frey ha descrito el despliegue como “insostenible”, mientras que líderes locales hablan abiertamente de “sitio” y “ocupación militar”: agentes encapuchados, controles en escuelas, presencia en hospitales y redadas en negocios de barrio.

El diagnóstico es inequívoco: lo que empezó como operación migratoria se ha convertido de facto en un régimen de excepción sin cobertura política local, cuestionado por ayuntamientos, Gobierno estatal y organizaciones civiles, pero sostenido por la Casa Blanca como símbolo de mano dura.

Guardia Nacional: refuerzo local frente al caos federal

En este contexto, la decisión de Jacob Frey de pedir ayuda a la Guardia Nacional de Minnesota tiene un significado político claro. No se trata de un refuerzo a la operación federal, sino de un intento de rearmar la capacidad de seguridad local frente al despliegue de Washington.

Según el comunicado oficial del Ayuntamiento, los recursos policiales de la ciudad están “estirados hasta el límite” por la presencia de miles de agentes de inmigración en los barrios residenciales. La Guardia Nacional será empleada para tareas de apoyo y cobertura de turnos, principalmente en el entorno del cruce de 26th Street y Nicollet Avenue, donde se produjo el último tiroteo, y en otros puntos sensibles definidos por la policía municipal y el sheriff del condado de Hennepin.

Un detalle no menor: la nota subraya que los militares estatales no tendrán ninguna coordinación operativa con los agentes federales y que su actuación se circunscribirá a las órdenes de las autoridades de Minnesota. Incluso se ha decidido que vistan chalecos reflectantes fosforescentes para distinguirlos visualmente de las fuerzas federales que operan con uniformes oscuros y rostro cubierto.

La consecuencia es clara: el Estado se rearma frente a su propio Gobierno federal. El mismo sábado, el gobernador Walz formalizó la activación de la Guardia Nacional, respondiendo tanto a la solicitud de Frey como a la del sheriff, que reclamaba apoyo específico en el edificio federal de Whipple, epicentro de detenciones e ingresos en custodia.

Choque abierto entre Walz y Trump

El despliegue de la Guardia Nacional llega tras semanas de choque abierto entre Tim Walz y la Administración Trump por la gestión de Operation Metro Surge. El gobernador ha calificado los tiroteos como “enfermos” y ha acusado a Washington de poner en marcha “una campaña de brutalidad organizada contra la población de Minnesota”.

En paralelo, el Gobierno federal insiste en que la operación es imprescindible para detener a “criminales peligrosos” y acusa a las autoridades locales de obstruir la aplicación de la ley al negarse a colaborar con ICE. En las últimas horas, el propio Trump ha elevado el tono y ha acusado a Walz de estar “incitando una insurrección” al exigir el fin de la operación y cuestionar la versión oficial sobre las muertes de Good y Pretti.

Lo más grave, desde la óptica institucional, es el deterioro acelerado de los mecanismos de cooperación entre niveles de gobierno. Minnesota ha presentado demandas federales contra DHS y altos cargos de ICE y la Patrulla Fronteriza, alegando que el despliegue masivo vulnera la soberanía del Estado y rompe el equilibrio constitucional de competencias en materia de seguridad pública.

Este hecho revela un escenario inédito: un Estado de la Unión denunciando ante los tribunales a su propio Gobierno por “invadir” sus ciudades con fuerzas federales y por alterar, sin debate previo ni base legal clara, la frontera entre seguridad nacional e intervención en el orden público local.

El eco de 2020 y las lecciones no aprendidas

Para Minneapolis, la escena resulta dolorosamente conocida. En 2020, tras el asesinato de George Floyd, la ciudad vivió disturbios masivos y un despliegue de al menos 500 efectivos de la Guardia Nacional, también activados por el gobernador Walz a petición del propio Frey. Entonces, el objetivo era proteger manifestaciones pacíficas y limitar los daños materiales, sin intervención de fuerzas federales de carácter político.

Seis años después, el contraste resulta demoledor. La Guardia Nacional vuelve a aparecer en el mapa, pero esta vez como contrapeso a un despliegue federal percibido como agresivo y descontrolado. Las calles que ardieron entonces por la brutalidad policial vuelven a llenarse de manifestantes —esta vez, en buena parte, blancos de clase media que se declaran “escudos” de sus vecinos inmigrantes— mientras el Gobierno central insiste en un enfoque de orden público que prioriza la fuerza sobre la desescalada.

La lección no aprendida es evidente: sin transparencia, rendición de cuentas y coordinación real entre administraciones, cada nuevo incidente reabre la herida de 2020. Las grabaciones que contradicen los partes oficiales, las órdenes judiciales ignoradas y la criminalización de las protestas pacíficas alimentan una percepción de impunidad que erosiona tanto la confianza en la policía local como en las instituciones federales.

Un golpe directo a la economía y al clima de negocios

Más allá del drama humano y político, Operation Metro Surge está teniendo un impacto económico severo sobre Minneapolis y su área metropolitana. Asociaciones empresariales y cámaras de comercio locales hablan ya de caídas de facturación de entre un 50% y un 80% en negocios de barrios con alta presencia inmigrante, un desplome que algunos hosteleros comparan con los peores meses de la pandemia.

Según distintas estimaciones, hasta el 80% de los comercios pertenecientes a inmigrantes han optado por cerrar temporalmente, bien por miedo a redadas, bien porque sus clientes han dejado de salir a la calle. Las escuelas han vuelto en parte a la docencia remota, empresas han retrasado inversiones y eventos deportivos —como un partido de la NBA en el Target Center— se han aplazado por razones de seguridad.

Para una ciudad que se vende como hub tecnológico y logístico del Medio Oeste, el mensaje hacia el exterior es peligroso: calles militarizadas, incertidumbre jurídica y riesgo reputacional para las compañías vinculadas al territorio. Directivos consultados por la prensa local admiten off the record que algunas multinacionales están revisando sus planes de expansión en la región ante el temor a que la crisis se prolongue y derive en boicot o deslocalización de talento.

Lo que puede pasar ahora

A corto plazo, el foco estará en tres frentes: las investigaciones penales, la batalla judicial entre Minnesota y Washington y el mantenimiento del orden público. La BCA insiste en investigar la muerte de Pretti con criterios propios y acceso pleno a las pruebas; si se confirma que los agentes federales obstaculizaron esa labor, el choque competencial podría escalar hasta el Tribunal Supremo.

En paralelo, en el Congreso se multiplican las voces que piden condicionar la financiación del DHS a cambios en los protocolos de uso de la fuerza y en las reglas de despliegue en ciudades que se oponen a su presencia. El desenlace de esa pugna presupuestaria será clave para saber si Operation Metro Surge se mantiene, se redimensiona o se transforma en un modelo exportable a otros Estados.

En la calle, el riesgo es evidente: nuevas protestas, más choques y la posibilidad de que un error de cálculo derive en otra tragedia. De momento, las autoridades locales insisten en pedir calma y protestas pacíficas, pero el hartazgo crece. Como sintetizó Frey en su declaración más dura hasta la fecha: “Si el Gobierno federal quería demostrar que puede convertir una ciudad moderna en un campo de pruebas de mano dura, ya lo ha conseguido. La cuestión es cuántas vidas más está dispuesto a sacrificar para mantener ese relato”.

El diagnóstico, a estas alturas, parece compartido por buena parte de la sociedad civil de Minneapolis: la seguridad no puede construirse contra la ciudad, sino con ella.