Inteligencia avisó a Moncloa, pero el Gobierno dejó Ceuta ante 60.000 entradas ilegales

Ceuta

Los servicios secretos alertaron durante días del riesgo de una entrada masiva, pero Interior reaccionó cuando la frontera del Tarajal ya estaba completamente desbordada.

Las fuerzas de seguridad estiman que unas 60.000 personas entraron en Ceuta en menos de 24 horas, después de que varios informes de inteligencia alertaran al Gobierno del riesgo de una avalancha migratoria coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. Cerca de 53.000 migrantes regresaron posteriormente, pero entre 5.000 y 7.000 permanecían todavía en la ciudad autónoma.

La crisis no surgió sin señales. Durante los diez días anteriores, alrededor de 1.000 personas habían llegado a nado desde la localidad marroquí de Castillejos. También se detectó el desplazamiento de numerosos autobuses hacia la frontera. Los avisos llegaron. La respuesta operativa, sin embargo, lo hizo demasiado tarde.

Avisos que no activaron una respuesta

Fuentes de la inteligencia militar y civil sostienen que el Ejecutivo fue advertido en varias ocasiones sobre la posibilidad de una entrada masiva en Ceuta y Melilla. Los informes señalaban tanto el incremento de los cruces a nado como una concentración anómala de personas en los alrededores de Castillejos.

La hipótesis manejada era que Mohamed VI podía realizar un «gesto de magnanimidad» con motivo de la festividad del Trono. No implicaba necesariamente una operación organizada desde Rabat, pero sí una posible relajación de los controles fronterizos marroquíes.

Interior niega haber recibido advertencias concretas del Centro Nacional de Inteligencia, aunque reconoce que había detectado un repunte migratorio desde mediados de julio. El contraste entre ambas versiones abre una cuestión especialmente delicada: quién recibió la información, cómo fue evaluada y por qué no provocó un refuerzo preventivo.

El tanteo previo de Marruecos

Los servicios de inteligencia interpretaron la llegada de unas 1.000 personas por mar en apenas diez días como un posible tanteo de la capacidad española de reacción. El movimiento coincidió con la difusión en redes sociales de mensajes sobre una reciente sentencia del Tribunal Supremo que limita las devoluciones inmediatas de quienes alcanzan territorio español nadando.

Ese elemento jurídico pudo actuar como acelerador. Sin embargo, no explica por sí solo la retirada o pasividad de los controles marroquíes ni la llegada de autobuses desde distintos puntos del país.

La inteligencia española considera que Marruecos permitió la entrada masiva, aunque no necesariamente la planificó. El precedente de mayo de 2021 resulta inevitable: entonces, unas 10.000 personas cruzaron a Ceuta tras la relajación de la vigilancia marroquí durante la crisis diplomática por Brahim Ghali.

Una frontera desbordada en minutos

La Guardia Civil y la Policía Nacional no pudieron contener el avance en el Tarajal. Los agentes se concentraron en atender a heridos y evitar una tragedia todavía mayor mientras miles de personas atravesaban el paso terrestre, sorteaban las vallas o bordeaban el espigón a nado.

Lo más grave es que las fuentes consultadas aseguran que había guarniciones militares preparadas en Ceuta y Melilla. Su movilización requería una decisión política y la correspondiente orden del mando de operaciones, pero el despliegue no se produjo desde el primer momento.

El Ejército terminó interviniendo junto a nuevos efectivos policiales cuando la emergencia ya había alcanzado una dimensión difícilmente controlable. Para entonces, la crisis había desbordado no solo la frontera, sino también la capacidad asistencial, sanitaria y logística de una ciudad de 83.500 habitantes.

Refuerzos claramente insuficientes

El refuerzo inicial anunciado por Interior se limitó a una treintena de agentes y una embarcación, una respuesta reducida frente a los indicadores que se acumulaban en la frontera. La consecuencia fue una desproporción evidente entre los medios disponibles y la magnitud del flujo.

La reacción posterior incluyó fuerzas militares, unidades marítimas, más efectivos policiales y una barrera neumática de 500 metros de longitud en el espigón del Tarajal. La estructura, instalada después de la avalancha, sobresale entre 30 y 70 centímetros y se prolonga aproximadamente un metro bajo el agua.

Estas medidas consiguieron frenar nuevas entradas. Sin embargo, este hecho revela una política esencialmente reactiva: los recursos capaces de reforzar la frontera se movilizaron únicamente después de que decenas de miles de personas hubieran accedido a territorio español.

El colapso que permanece en Ceuta

Aunque la mayoría de los migrantes regresó voluntariamente a Marruecos, miles permanecieron en Ceuta. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, con 512 plazas, quedó desbordado, mientras numerosos recién llegados se refugiaban en parques, calles y espacios improvisados.

La situación de los menores resulta aún más crítica. Ceuta atendía a 862 niños migrantes y calculaba que podría superar el millar, pese a disponer inicialmente de apenas 29 plazas específicas. La sobreocupación se aproximaba así al 3.000%, obligando al Gobierno local a habilitar naves y grandes instalaciones.

La crisis fronteriza se convierte, de este modo, en una factura prolongada para los servicios sociales, la seguridad y las cuentas públicas. Las devoluciones individualizadas pueden demorarse meses por las garantías jurídicas exigidas, mientras la ciudad reclama recursos extraordinarios al Estado.

Una crisis política y diplomática

Pedro Sánchez calificó la avalancha como una «violación de la integridad territorial», pero defendió que la cooperación de Marruecos había sido ágil y constante. Marlaska también presentó al país vecino como un socio fiable, una posición difícil de conciliar con las imágenes de agentes marroquíes sin intervenir mientras miles de personas avanzaban hacia Ceuta.

El diagnóstico es inequívoco: el episodio no refleja únicamente un problema migratorio. Expone fallos en la evaluación de inteligencia, en la anticipación operativa y en la coordinación entre Interior, Defensa y las autoridades territoriales.

Además, vuelve a demostrar la vulnerabilidad de España ante cualquier relajación del control fronterizo marroquí. La frontera sur europea continúa dependiendo de decisiones adoptadas al otro lado del Tarajal, mientras Ceuta soporta las consecuencias humanas, económicas y políticas de una advertencia que, según las fuentes de inteligencia, nadie convirtió a tiempo en una orden efectiva.