Noem defiende que solo voten “las personas adecuadas” voten y elijan a “los líderes adecuados” en EEUU
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha situado a su departamento en el centro del debate sobre las próximas elecciones de mitad de mandato. En una rueda de prensa en Arizona, uno de los estados más sensibles en materia electoral, afirmó que su responsabilidad es garantizar que “las personas adecuadas” voten y elijan a “los líderes adecuados”.
Sus declaraciones llegan después de que la Cámara de Representantes aprobara la SAVE America Act, que exige prueba de ciudadanía para registrarse en elecciones federales, y de que el presidente Donald Trump sugiriera que impondría por decreto la obligación de mostrar un documento de identidad con foto para votar, incluso si el Congreso no lo aprueba.
El mensaje de Noem ha generado reacciones encontradas: para sus críticos abre la puerta a un mayor control federal sobre el proceso electoral; para sus defensores, se trata de reforzar la confianza en el sistema y bloquear cualquier posibilidad de voto de no ciudadanos.
El debate vuelve a cruzar dos líneas de alta tensión en la política estadounidense: seguridad electoral e integridad del sufragio, por un lado, y acceso al voto y posibles barreras administrativas, por otro.
Un mensaje desde Arizona en pleno año electoral
La comparecencia de Noem tuvo lugar en Arizona, un estado que se ha convertido en símbolo de las controversias sobre fraude electoral desde las presidenciales de 2020. En ese contexto, la secretaria subrayó que las elecciones forman parte de las infraestructuras críticas cuya protección recae, en parte, en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
“Las elecciones son otra de esas responsabilidades de infraestructura crítica que tengo, y diría que muchos creen que es quizá una de las cosas más importantes que necesitamos”, afirmó ante los medios. La responsable quiso enmarcar su intervención en una agenda más amplia de seguridad, en la que el DHS supervisa desde redes eléctricas y oleoductos hasta sistemas digitales de comunicaciones.
La referencia al papel del DHS en materia electoral se produce cuando faltan menos de nueve meses para las elecciones legislativas de noviembre, en las que estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y una veintena de gobernaciones estatales. En ese escenario, cualquier declaración sobre quién vota y quién no adquiere un peso político inmediato.
Elecciones como infraestructura crítica y papel del DHS
Desde 2017, el sistema electoral estadounidense está clasificado formalmente como “infraestructura crítica”, al mismo nivel que otros sectores esenciales. Eso permite al Gobierno federal ofrecer apoyo técnico, análisis de amenazas cibernéticas y recursos de seguridad a los estados, que siguen siendo los responsables directos de organizar las votaciones.
Noem recordó que, en su calidad de secretaria, tiene autoridad para identificar “vulnerabilidades” en el sistema electoral e impulsar “medidas de mitigación” destinadas a que los comicios “se desarrollen correctamente” tanto a nivel estatal como nacional. El énfasis, subrayó, está en la prevención: refuerzo de sistemas informáticos, verificación de padrones y coordinación con autoridades locales.
Aun así, la distribución de competencias sigue siendo delicada. La Constitución otorga a los estados un papel central en el diseño y gestión de las elecciones, y cualquier percepción de injerencia federal excesiva es recibida con recelo por gobernadores y legislaturas estatales, tanto republicanas como demócratas. En ese equilibrio, cada palabra sobre el alcance real del DHS se analiza con lupa.
La polémica frase de las “personas adecuadas”
La parte más comentada de la intervención fue la referencia directa de Noem a quién debe votar. “Cuando llegue el día de las elecciones, debemos haber sido proactivos para asegurarnos de que tenemos a las personas adecuadas votando, eligiendo a los líderes adecuados para guiar este país”, afirmó, insistiendo en la importancia de que la ciudadanía confíe en el resultado.
Para sus críticos, hablar de “personas adecuadas” evoca el riesgo de criterios subjetivos o políticos sobre quién puede participar en el proceso democrático. Para sus defensores, la expresión remite a dos requisitos básicos: ser ciudadano estadounidense y cumplir con las normas vigentes del estado donde se vota.
Organizaciones y responsables políticos de la oposición interpretaron la frase como una señal de posible endurecimiento de los filtros administrativos. Desde el entorno del DHS, en cambio, se insiste en que se trata de reforzar la integridad del censo, evitando la presencia de personas fallecidas, duplicidades o no ciudadanos, y de garantizar que cada voto emitido corresponde a un elector legalmente habilitado.
La ley SAVE America y las pruebas de ciudadanía
El contexto legislativo también es clave. La Cámara de Representantes aprobó esta semana la SAVE America Act, un proyecto promovido por la mayoría republicana que exige a los votantes aportar pruebas documentales de ciudadanía —como un documento de identidad con fotografía y acreditación de nacionalidad— para registrarse en los comicios federales.
Además, la ley obligaría a los estados a depurar de sus listas electorales a los no ciudadanos, incluso en aquellos casos en los que la legislación local sea más flexible. Sus defensores alegan que estas medidas son necesarias para cerrar posibles brechas, aunque los casos documentados de voto de no ciudadanos en elecciones federales son, hasta ahora, numéricamente reducidos.
La SAVE America Act debe aún superar el trámite del Senado, donde algunos senadores republicanos han expresado reservas sobre su redacción actual. Si finalmente se aprueba, afectará potencialmente a decenas de millones de electores que deberán acreditar su situación documental con más rigor para seguir inscritos en los registros federales.
La propuesta de Trump sobre el voto con identificación
A la dimensión legislativa se suma el plano ejecutivo. El presidente Donald Trump afirmó en su red social que, a su juicio, debe haber “Voter I.D. para las elecciones de mitad de mandato, se apruebe o no en el Congreso”. Con esa frase, dejó abierta la posibilidad de recurrir a una orden ejecutiva para exigir la presentación de un documento de identidad con fotografía en los comicios federales, incluso si el Senado no respalda la ley SAVE America.
Los defensores de una verificación más estricta sostienen que más de una treintena de estados ya exigen algún tipo de identificación para votar y que armonizar ese requisito a nivel federal podría simplificar las reglas y aumentar la confianza del electorado. Sus detractores advierten de que, sin un periodo de adaptación suficiente, ciertos colectivos —personas mayores, estudiantes, ciudadanos con menos recursos— podrían tener más dificultades para obtener la documentación requerida a tiempo.
En cualquier caso, cualquier intento de modificar por decreto las normas de acceso al voto sería objeto de revisión judicial, dado que el equilibrio entre competencia federal y estatal en materia electoral ha sido tradicionalmente defendido por los tribunales.
Reacciones políticas y debate sobre quién debe votar
Las palabras de Noem y los mensajes de Trump han generado una ola de reacciones. Representantes demócratas expresaron su preocupación por que el énfasis en las “personas adecuadas” pueda traducirse en una forma de selección indirecta del electorado. Otros grupos alertaron de que referencias a “nacionalizar” la gestión de elecciones podrían interpretarse como un paso hacia una mayor centralización.
Desde el lado republicano, se insiste en que las medidas propuestas se centran en evitar el voto de no ciudadanos y en reforzar la credibilidad de los resultados. Noem afirmó que las críticas al proyecto de ley son “especulación sin base” y que quienes se oponen a las nuevas exigencias de documentación lo hacen porque, en su opinión, “quieren que los inmigrantes en situación irregular voten en nuestras elecciones”.
El debate reproduce una tensión recurrente en la política estadounidense: cómo equilibrar la protección del proceso electoral frente a irregularidades con la necesidad de mantener un acceso amplio y sencillo al voto. Cada parte sostiene que sus propuestas refuerzan la democracia; el desacuerdo reside en qué riesgos se consideran más prioritarios.
Tensiones internas en el DHS y liderazgo de Noem
En paralelo, la figura de Kristi Noem y su estilo de liderazgo en el DHS también han sido objeto de análisis. Un reportaje reciente de prensa nacional, citando a funcionarios del propio departamento, describe un clima de “tensión constante” y acusa a la secretaria y a su principal asesor, Corey Lewandowski, de priorizar una agenda comunicativa muy marcada para proyectar imagen de firmeza en temas como inmigración y seguridad fronteriza.
Esos testimonios, que el entorno de Noem relativiza, señalan decisiones como operativos de alto perfil en la frontera o una presencia muy visible en medios, con chalecos tácticos y estética de “mano dura”, como parte de una estrategia para reforzar la posición política de la secretaria de cara al futuro.
Según esas mismas fuentes, el presidente habría escuchado opiniones a favor y en contra de relevar a la cúpula del DHS, aunque no ha tomado ninguna decisión al respecto. En la práctica, Noem mantiene el respaldo formal de la Casa Blanca y continúa al frente de un departamento clave, responsable de coordinar desde la seguridad fronteriza hasta la ciberprotección de infraestructuras y, en parte, la integridad de los procesos electorales.
Qué está en juego para las próximas legislativas
De cara a las elecciones de mitad de mandato, la discusión sobre “quién vota” y “cómo se vota” se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate público en Estados Unidos. Para los defensores de endurecer los requisitos, la prioridad es garantizar que solo los ciudadanos debidamente acreditados participen en la elección de los poderes federales, incluso si eso implica nuevos trámites.
Para quienes alertan sobre un posible efecto disuasorio, el riesgo es que cambios rápidos en las reglas —nuevas pruebas de ciudadanía, documentos específicos, plazos más estrictos— acaben dejando fuera del censo a votantes que cumplen los requisitos legales pero no logran completar el proceso burocrático.
En este contexto, las palabras de Noem sobre “las personas adecuadas” y los mensajes de Trump sobre el “Voter I.D.” anticipan que la batalla en torno a la integridad electoral seguirá ocupando un lugar central en la política estadounidense durante los próximos meses. El resultado de esa negociación —en el Congreso, en los tribunales y en la opinión pública— determinará, en buena medida, el equilibrio entre seguridad y acceso en el sistema democrático de la mayor potencia occidental.