El OIEA pierde la pista del nuevo búnker nuclear de Irán

El dato más inquietante no es solo lo que Irán tiene, sino lo que el OIEA ya no puede comprobar. Este miércoles 18 de marzo, Rafael Grossi reconoció en Washington que la agencia nuclear de la ONU desconoce el estado de la nueva planta de enriquecimiento situada bajo tierra en Isfahán. La instalación fue notificada por Teherán en vísperas de los ataques de junio de 2025, pero nunca llegó a ser inspeccionada. Desde entonces, el expediente iraní ha entrado en una fase más opaca: hay material enriquecido, hay actividad observada por satélite y hay instalaciones declaradas, pero no hay verificación física suficiente. Y en no proliferación, ese vacío no es un matiz técnico: es el problema central.

Un agujero negro bajo Isfahán

La frase de Grossi resume el deterioro del control internacional sobre el programa nuclear iraní: “Está bajo tierra, pero aún no lo hemos visitado. No sabemos si es un espacio vacío, una estructura pendiente de equipamiento o si ya hay centrifugadoras instaladas”. No se trata de una duda menor. La propia documentación del OIEA, desclasificada a finales de febrero, admite que la agencia no conoce con precisión el paradero de la nueva instalación de enriquecimiento de Isfahán —identificada como IFEP— y, por tanto, no puede verificar su situación a efectos de salvaguardias. Lo más grave es que esa planta no figura en una periferia secundaria del programa iraní, sino en uno de los complejos más sensibles del país. El diagnóstico es inequívoco: la comunidad internacional no discute hoy sobre intenciones, sino sobre la ausencia de acceso físico a un punto crítico del sistema nuclear iraní.

El dato que cambia la escala

La incertidumbre sobre la nueva planta sería grave por sí sola, pero adquiere otra dimensión cuando se superpone con el inventario nuclear que Irán había declarado antes de los ataques. Según el informe del OIEA, el país acumulaba 9.040,5 kilos de UF6 enriquecido, de los cuales 440,9 kilos estaban enriquecidos hasta el 60%, un nivel muy próximo al umbral de uso militar, y otros 184,1 kilos hasta el 20%. Además, la agencia había verificado 432,9 kilos de ese material al 60% antes de perder continuidad plena de conocimiento sobre parte de las instalaciones afectadas. Reuters informó la semana pasada de que casi la mitad de ese uranio al 60% estaba almacenado en el complejo subterráneo de Isfahán y que, a juicio de Grossi, probablemente siga allí. La consecuencia es clara: el problema ya no es solo cuánto material existe, sino dónde está, en qué estado se encuentra y quién puede acceder a él.

La inspección que nunca llegó

El origen de este agujero de verificación se remonta a una secuencia especialmente reveladora. Irán notificó al OIEA la existencia de la nueva instalación el 12 de junio de 2025. La agencia pidió acceso inmediato para realizar un examen de diseño y una verificación de la información declarada, e Irán aceptó. Sin embargo, esas actividades se cancelaron cuando comenzaron los ataques militares del 13 de junio de 2025; después, el 22 de junio, Estados Unidos bombardeó también instalaciones nucleares iraníes, entre ellas Esfahán. Desde entonces, IFEP quedó atrapada en una zona gris: declarada sobre el papel, pero nunca inspeccionada sobre el terreno. Ese detalle revela hasta qué punto una infraestructura estratégica puede pasar de la supervisión formal a la incertidumbre operativa en apenas horas. Y ese tránsito, en materia nuclear, no es burocrático. Es un cambio de naturaleza del riesgo.

Ocho meses fuera del radar

El informe del OIEA deja además otro dato demoledor: la agencia lleva más de ocho meses sin poder verificar de forma adecuada el material declarado en las instalaciones iraníes afectadas por los ataques. Sus inspectores suspendieron las actividades al inicio de la ofensiva y fueron retirados a finales de junio de 2025 por razones de seguridad. Desde entonces, el organismo recuerda que su objetivo temporal para detectar un posible desvío de una “cantidad significativa” de uranio altamente enriquecido es de un mes. Ese plazo ya estaba “claramente vencido” meses atrás. El contraste con otras crisis nucleares resulta elocuente: cuando se pierde la continuidad de conocimiento, el daño no es solo informativo, sino institucional. La capacidad de certificar que no ha habido desvío hacia fines no pacíficos se erosiona con rapidez. Y cuando esa certidumbre desaparece, el margen para la especulación estratégica y la presión militar se multiplica.

Lo que ven los satélites y no puede ver el inspector

Lejos de disiparse, las dudas se han alimentado con nuevas señales indirectas. El OIEA informó en febrero de que había observado, mediante imágenes satelitales comerciales, actividad regular de vehículos en el entorno de la entrada al complejo de túneles de Isfahán donde se almacenaba UF6 enriquecido hasta el 20% y el 60% vinculado a cuatro instalaciones nucleares declaradas. También detectó actividad en otras plantas afectadas, incluidas Natanz y Fordow. Sin embargo, sin acceso físico, la agencia no puede confirmar ni la naturaleza ni el propósito de esos movimientos. Este hecho revela una de las paradojas más incómodas del expediente iraní: hoy hay más vigilancia remota que verificación efectiva. Se ven entradas, tránsito y obras; no se ven inventarios, sellos, equipos ni cascadas de centrifugación. En términos diplomáticos, el satélite aporta indicios. En términos de salvaguardias, no sustituye al inspector.

El origen de la ineficiencia diplomática

Irán firmó el 2 de julio de 2025 una ley que suspendía la cooperación con el OIEA, y en su correspondencia posterior sostuvo que la aplicación normal de las salvaguardias era “legalmente inviable” mientras persistieran las amenazas contra su seguridad. El organismo, por el contrario, insiste en que el acuerdo de salvaguardias del TNP sigue en vigor y no puede suspenderse unilateralmente. Entre medias, se han sucedido rondas de contactos: Grossi participó en negociaciones indirectas entre Washington y Teherán los días 17 y 26 de febrero de 2026, y el propio informe admite que un desenlace positivo tendría impacto directo en la capacidad de restaurar las verificaciones. Sin embargo, el contraste entre la diplomacia declarativa y la ejecución real resulta demoledor. Hay conversaciones, sí. Pero sobre las instalaciones afectadas sigue faltando lo esencial: declaraciones actualizadas, acceso físico y verificación del material asociado. Sin eso, cualquier desescalada será incompleta.