La ONU, al límite: la acción unilateral de EE.UU. amenaza al Consejo de Seguridad
El Consejo de Seguridad afronta su sesión más tensa en décadas mientras la operación unilateral de EEUU en Venezuela cuestiona la vigencia del orden multilateral nacido tras 1945
La cita de este lunes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llega cargada de una pregunta incómoda: ¿estamos asistiendo al principio del fin del organismo que debía garantizar la paz internacional tras la Segunda Guerra Mundial?
La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en una operación militar sin mandato explícito de la ONU, ha dejado en evidencia la dificultad del sistema para frenar —o siquiera articular— una respuesta clara ante actos unilaterales de una gran potencia.
En los pasillos de Nueva York se habla, sin tapujos, de la “obsolescencia práctica” del Consejo, atrapado entre vetos cruzados y cálculos geopolíticos.
Mientras, Washington exhibe su capacidad de imponer hechos consumados: ya no es solo un actor central del sistema, sino el país que marca los límites de lo que el sistema puede o no puede cuestionar. Lo que ocurra en esta sesión no solo afecta al expediente venezolano: puede redefinir el papel de la ONU en un mundo que se parece cada vez menos al de 1945.
Un Consejo de Seguridad desbordado por los hechos
La reunión del Consejo de Seguridad llega con la credibilidad del organismo bajo mínimos. De los 193 Estados miembros de la ONU, solo 15 se sientan en este órgano y, entre ellos, los cinco miembros permanentes con derecho de veto —EEUU, Rusia, China, Francia y Reino Unido— bloquean desde hace años resoluciones clave sobre Siria, Ucrania o Gaza. La operación en Venezuela se suma ahora a esa lista de fracturas.
La captura de Maduro por parte de Estados Unidos, sin mandato específico del Consejo ni consenso regional, ha tomado a la ONU a contrapié. Ni hubo advertencia clara previa ni existe, a día de hoy, una posición común sobre la legalidad de la acción. El secretario general se ve obligado a llamar al respeto del derecho internacional, mientras las delegaciones se reparten entre condenas abiertas, silencios calculados y apoyos discretos.
Este hecho revela un problema estructural: el Consejo reacciona, no previene. Llega siempre después de los hechos consumados, cuando el margen de maniobra es ya limitado. La sesión de este lunes es un ejemplo perfecto: los discursos se sucederán sobre una realidad ya fijada —un presidente detenido y trasladado a Nueva York— que ningún comunicado va a revertir.
El peso del veto y la parálisis de un sistema envejecido
La crisis venezolana no hace sino acentuar una tendencia de fondo: la parálisis crónica de un Consejo diseñado para un mundo bipolar. Desde 1990, el número de vetos ejercidos se ha disparado en torno a un 200% frente a las décadas anteriores, especialmente en cuestiones de seguridad y uso de la fuerza. El resultado es un órgano que habla mucho, decide poco y aplica menos.
En el caso de Venezuela, el guion se repite. Cualquier intento de aprobar una resolución que condene explícitamente la operación de Washington se topará, previsiblemente, con el veto estadounidense. Al mismo tiempo, ni Rusia ni China están en posición de articular una mayoría alternativa capaz de imponer sanciones o medidas coercitivas reales, más allá de comunicados de condena.
La consecuencia es clara: el equilibrio institucional se ha invertido. En teoría, el Consejo controla el uso legítimo de la fuerza; en la práctica, su estructura convierte a los cinco permanentes en jueces y parte, capaces de bloquear cualquier reproche significativo a sus propias acciones. La reunión de este lunes, más que un ejercicio de gobernanza global, corre el riesgo de convertirse en un escaparate de impotencia multilateral.
Washington marca el paso: de la diplomacia formal a la acción directa
Frente a esa parálisis, la estrategia de Washington se articula en torno a un mensaje simple: “hechos, no discursos”. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo resumió con crudeza al referirse a Donald Trump: «Este no es un presidente que solo habla». La frase, más que una defensa, funciona como declaración de doctrina: la diplomacia estadounidense ya no se limitará a negociar marcos, sino que impondrá realidades sobre el terreno y las presentará después a la comunidad internacional.
Esa secuencia —acción primero, debate después— se ha visto en otras crisis, pero el caso venezolano la lleva un paso más allá: la detención de un jefe de Estado en ejercicio y su traslado a un tribunal federal. De cara a la sesión del Consejo, el equipo estadounidense llega con una narrativa muy definida: la operación se justifica por razones de seguridad nacional, lucha contra el narcotráfico y protección de la región. El mensaje implícito es inequívoco: quien cuestione esa lectura, cuestiona la capacidad de EEUU para defenderse.
Lo más grave, desde la óptica multilateral, es que esa lógica convierte al Consejo en un foro de legitimación ex post. Washington no pide permiso; como mucho, pide comprensión a posteriori. Y los demás miembros deben decidir si aceptan el nuevo terreno de juego o si se arriesgan a profundizar la ruptura con la primera potencia militar del planeta.
La brecha entre la legalidad internacional y el poder real
La reunión del Consejo pone bajo los focos una tensión que lleva décadas larvada: la distancia entre lo que dicen las normas y lo que permiten las correlaciones de fuerza. Sobre el papel, la Carta de Naciones Unidas limita el uso de la fuerza a la legítima defensa y a las operaciones autorizadas por el propio Consejo. En la práctica, las intervenciones sin mandato se han encadenado en los últimos 25 años: Kosovo, Irak, Libia —en su tramo final— y ahora Venezuela.
Cada episodio erosiona un poco más la idea de que existe una arquitectura de seguridad compartida. Si los Estados perciben que la legalidad internacional solo se aplica cuando no molesta a los poderosos, el incentivo es claro: reforzar capacidades propias, buscar alianzas por fuera del paraguas de la ONU y, llegado el caso, ignorar resoluciones que perciban como hostiles.
El riesgo es entrar en una etapa de “multipolaridad sin reglas”, donde el Consejo sigue existiendo como foro de debate, pero los grandes movimientos se deciden en coaliciones ad hoc, acuerdos bilaterales o simples decisiones unilaterales. La crisis venezolana se convierte así en un nuevo caso de estudio sobre el declive de la fuerza normativa de la ONU, especialmente para el Sur Global que ve cómo las reglas cambian según el actor.
Aliados incómodos, rivales envalentonados: el juego de sombras en Nueva York
La sesión de este lunes no solo enfrentará a EEUU con Rusia o China. También pondrá en evidencia las contradicciones de muchos aliados europeos y regionales, atrapados entre la afinidad política con Washington y su apuesta histórica por el multilateralismo. Países que han defendido durante años la centralidad de la ONU deben decidir ahora si condenan explícitamente la operación, la matizan o se refugian en fórmulas ambiguas sobre “preocupación” y “llamamiento a la moderación”.
Del otro lado, Rusia y China aprovecharán la ocasión para denunciar la “hipocresía occidental”, presentándose como defensores del derecho internacional frente al unilateralismo estadounidense. Pero su propio historial —desde Crimea hasta el mar de la China Meridional— limita la fuerza moral de ese argumento. El resultado probable será una batalla de relatos cruzados en la que cada bloque hablará más para su audiencia doméstica que para construir una solución común.
En medio quedan los 10 miembros no permanentes, que rotan cada dos años y representan realidades muy diversas. Para muchos de ellos, Venezuela es tanto un problema regional como un test global: apoyar o no apoyar a Washington puede traducirse en más o menos ayuda financiera, respaldo político o presión comercial en otros frentes. La aritmética de los votos, más que una cuestión de principios, será una operación de costo-beneficio diplomático.
¿Reforma, irrelevancia o ruptura? Escenarios para la ONU tras la crisis
La pregunta que sobrevuela la reunión es sencilla de formular y difícil de responder: ¿qué viene después para la ONU si el Consejo fracasa una vez más? Las opciones se mueven entre tres grandes escenarios. El primero, reforma, pasa por abrir el melón que todos evitan: ampliar el número de miembros permanentes, limitar el veto o introducir mecanismos de mayorías cualificadas. Lleva décadas sobre la mesa sin avances significativos.
El segundo escenario es la irrelevancia progresiva: el Consejo de Seguridad mantiene su formato, sigue reuniéndose, emite resoluciones sobre crisis de segunda fila, pero pierde peso en las decisiones de alto voltaje, que se toman en otros foros. El tercero, más abrupto, sería una ruptura de facto, con Estados que deciden ignorar sistemáticamente la ONU en su política exterior, reduciéndola a espacio de cooperación técnica y ayuda humanitaria.
La captura de Maduro puede no provocar ninguno de estos desenlaces por sí sola, pero acelera la sensación de fatiga del modelo actual. Si el Consejo es incapaz de articular ni siquiera una posición simbólica ante un caso tan extremo como la detención de un presidente por parte de otro Estado, el mensaje será devastador: las reglas existen, pero ya no encadenan a nadie con poder suficiente para sortearlas.
América Latina como campo de pruebas del nuevo desorden
Aunque la sesión de Nueva York se presente en clave global, América Latina vuelve a ser el laboratorio donde se testea el nuevo desorden internacional. La región, que aportó durante décadas el discurso de la “no intervención” y la solución pacífica de controversias, se encuentra ahora dividida entre gobiernos que celebran la salida de Maduro, otros que hablan de “secuestro” y un amplio grupo que quiere tomar distancia de Washington sin alinearse con Moscú o Pekín.
Para los países vecinos, el riesgo principal no es solo jurídico, sino práctico: una Venezuela sometida a un proceso de transición tutelada desde fuera, con luchas internas y posible fragmentación territorial, puede generar oleadas de refugiados, inestabilidad fronteriza y reconfiguración de rutas de crimen organizado. La región paga el precio de decisiones tomadas en capitales lejanas, mientras la ONU debate fórmulas de consenso.
En ese contexto, la reunión del Consejo de Seguridad actúa como barómetro de hasta qué punto América Latina puede contar con el sistema multilateral como amortiguador de crisis. Si el barómetro se rompe —si la ONU se limita a constatar hechos consumados sin ofrecer salidas—, la región se verá empujada a buscar nuevos equilibrios de seguridad y alianzas, en un escenario menos previsible y más expuesto a las pulsiones de las grandes potencias.