El oro de Venezuela vuelve a EEUU con un envío de 100 millones
La llegada del primer cargamento en más de dos décadas confirma que el acercamiento entre Washington y Caracas ya no gira solo sobre el petróleo: ahora incluye minerales críticos, refino, licencias selectivas y control geopolítico del subsuelo.
Cien millones de dólares en oro físico. Ese fue el anuncio que lanzó el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, al explicar que Washington había logrado traer desde Venezuela un cargamento destinado a refinerías estadounidenses para usos comerciales e industriales. El dato, por sí solo, ya es relevante. Lo más grave —o lo más revelador— es lo que sugiere: la relación entre ambos países ha entrado en una nueva fase, mucho más pragmática, centrada en materias primas, capital extranjero y reapertura acelerada de sectores que llevaban años atrapados entre sanciones, colapso institucional y minería criminal.
El primer envío en dos décadas
Burgum situó el movimiento como un hito: no había habido un envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años. El anuncio se produjo durante CERAWeek, en Houston, el gran foro energético donde Washington ha dejado entrever que su estrategia sobre Venezuela ya no se limita al crudo. Según explicó el propio responsable estadounidense, el viaje a Caracas incluyó unas 10 horas de reuniones con Delcy Rodríguez y permitió cerrar un resultado tangible en apenas dos días: la llegada física del metal a suelo estadounidense. “No había habido un envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, dijo Burgum. Ese detalle importa porque convierte la operación en algo más que una compraventa puntual: es la prueba de que el canal bilateral vuelve a funcionar en sectores que estaban congelados desde hace décadas.
Mucho más que un lingote
Detrás del titular hay una arquitectura comercial y regulatoria bastante más ambiciosa. Tras la visita de Burgum, se emitió una licencia que autoriza transacciones con Minerven, la minera estatal venezolana del oro. El diseño del acuerdo, según Bloomberg al citar información avanzada por Axios, prevé que Minerven venda entre 650 y 1.000 kilos de barras doré a la comercializadora Trafigura, que a su vez las distribuiría a refinerías estadounidenses. El detalle geopolítico es igual de relevante: la licencia excluye a operadores y compañías de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, reproduciendo en minería el mismo patrón selectivo que Washington ha venido aplicando en energía. El diagnóstico es inequívoco: Estados Unidos no solo compra oro, también ordena quién puede participar en la extracción, comercialización y refino del metal venezolano.
El subsuelo que Washington vuelve a mirar
La cifra de 100 millones impresiona, pero en realidad funciona como anticipo. Burgum defendió abiertamente que Venezuela dispone de unos 500.000 millones de dólares en recursos auríferos, además de bauxita y otros minerales críticos de interés para defensa e industria. Ese discurso encaja con otro movimiento paralelo: el alivio de restricciones a PDVSA en un contexto de tensión energética global, con nuevas licencias que permiten vender petróleo a firmas estadounidenses y a otros mercados bajo supervisión financiera de Washington. El contraste con años anteriores resulta demoledor. Primero fue el petróleo; ahora es el oro; después podrían llegar otros materiales estratégicos. La Casa Blanca está reconstruyendo una cadena hemisférica de suministro en la que Venezuela vuelve a ser pieza útil no por afinidad ideológica, sino por volumen de reservas y proximidad geográfica.
La nueva lógica de Caracas
Desde enero de 2026, Caracas ha ido abriendo puertas que parecían cerradas. El Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha impulsado cambios en el marco de hidrocarburos, ha favorecido la entrada de capital extranjero y ha extendido esa lógica al gas y a la minería. El País situó esta secuencia en una misma hoja de ruta: primero el petróleo, después el contrato con Shell en gas y, casi de inmediato, la apertura del subsuelo aurífero a compañías estadounidenses. Este hecho revela un cambio profundo: Venezuela ya no negocia solo para aliviar urgencias fiscales, sino para reconstruir legitimidad exterior mediante activos extractivos. Lo hace, además, con una velocidad que varios medios han descrito como “Trump speed”. La operación del oro, por tanto, no es una anécdota. Es el ensayo general de una alianza económica de conveniencia cuyo alcance todavía está por medirse.
El coste oculto del Arco Minero
El problema es que bajo el brillo del metal se esconde una realidad mucho más turbia. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos documentó que en el Arco Minero del Orinoco grupos criminales controlan un gran número de explotaciones, imponen castigos brutales y se financian mediante extorsión y corrupción. Los mineros, según el informe, trabajan turnos de 12 horas, pagan entre el 10% y el 20% de lo que ganan a las bandas y otro 15%-30% al dueño del molino. En los últimos años, la ONU identificó 16 disputas violentas vinculadas al control de las minas, con unas 149 muertes. Human Rights Watch añadió que estas redes operan con aquiescencia estatal y que las comunidades indígenas sufren violencia, desplazamientos, trabajo forzoso y exposición al mercurio. El oro entra en Estados Unidos con valor comercial; sale de Venezuela con una mochila reputacional enorme.
Negocio inmediato, riesgo estructural
Ahí está el verdadero nudo del asunto. Para las refinerías estadounidenses, el cargamento abre una vía de suministro cercana y políticamente pilotada. Para Washington, ofrece una palanca adicional sobre Caracas y una oportunidad de reducir dependencia externa en minerales y metales estratégicos. Sin embargo, la operación exige algo más que licencias: necesita trazabilidad, verificación ambiental y control del origen. La minería del sur de Venezuela no solo está asociada a criminalidad; también ha devastado bosque primario a gran escala. Global Forest Watch recuerda que el Arco Minero abarca 112.000 kilómetros cuadrados y que, desde 2016, la pérdida de bosque primario se ha disparado, concentrándose sobre todo en Bolívar y Amazonas. La consecuencia es clara: si el nuevo negocio no incorpora estándares estrictos, Washington corre el riesgo de blanquear una cadena de extracción marcada por violencia, mercurio y deforestación.