Pam Bondi se enfrenta al Senado de EEUU en medio de la investigación por Epstein

La jornada en el Capitolio dejó una imagen nítida: la de una fiscal general acorralada entre los archivos de Jeffrey Epstein, la sombra de Donald Trump y la mirada de las víctimas sentadas a pocos metros. En una audiencia de alto voltaje ante el Comité Judicial, Bondi defendió la gestión de más de tres millones de páginas de documentos sobre el financiero fallecido, mientras escuchaba acusaciones de encubrimiento y de uso político del Departamento de Justicia.
Lejos de disipar las dudas, sus evasivas sobre el papel del expresidente y su insistencia en hablar de economía, bolsa y crimen violento reforzaron la percepción de un Departamento más preocupado por el relato político que por la reparación a las víctimas.
En paralelo, la fiscal general trató de cerrar otro frente sensible: prometió que Ghislaine Maxwell no recibirá “ningún trato especial” pese a los rumores sobre privilegios en prisión.
El resultado de la sesión es inequívoco: el caso Epstein ya no es solo un expediente judicial, sino un test de estrés para la credibilidad de la justicia estadounidense y para la propia supervivencia política de Bondi.

Un interrogatorio bajo presión y cámaras encendidas

La comparecencia arrancó con un gesto solemne: Bondi alzando la mano derecha y jurando decir la verdad ante un Comité Judicial abarrotado de cámaras, asesores y víctimas de Epstein en la primera fila. El tono quedó claro desde el inicio. Los legisladores, tanto demócratas como algunos republicanos, cuestionaron la gestión de los llamados Epstein files, mientras la fiscal general replicaba con un estilo combativo, acusando a la oposición de “teatralizar” el caso y usar a las víctimas como munición política.

La sesión cristalizó el choque entre dos relatos. De un lado, quienes ven en la actuación del Departamento de Justicia una “cobertura masiva” de los contactos del financiero con élites políticas y empresariales. Del otro, una fiscal general que se presenta como garante del orden, al frente de un cuerpo que asegura estar desbordado por plazos imposibles y por un volumen de documentación sin precedentes. En medio, el público asistió a un cruce continuado de reproches personales, interrupciones y llamadas al orden que convirtieron lo que debía ser una sesión de supervisión en un auténtico combate político.

Este hecho revela un problema de fondo: cuando el foco debería estar en el esclarecimiento de delitos de explotación sexual de menores, el protagonismo lo acaparan los egos, las estrategias de partido y las cámaras. La justicia, una vez más, corre el riesgo de convertirse en escenario de campaña permanente.

El laberinto de los archivos: tres millones de páginas y pocas certezas

Uno de los puntos más delicados del interrogatorio fue el tratamiento de los archivos judiciales de Jeffrey Epstein, el financiero y depredador sexual que murió en prisión preventiva en 2019.Jeffrey Epstein El Departamento de Justicia ha divulgado recientemente más de tres millones de páginas de documentos, revisadas por más de 500 abogados en un plazo que la propia Bondi calificó de “comprimido hasta lo imposible”.

Sin embargo, la entrega ha desatado una nueva tormenta. Los congresistas denunciaron redacciones extensas e inconsistentes, nombres de posibles cómplices borrados en unas páginas y visibles en otras, y hasta errores que dejaron a la vista datos íntimos de víctimas, incluidas menores. La consecuencia es clara: lo que debía ser un ejercicio de transparencia se ha convertido en un boomerang que alimenta sospechas de opacidad selectiva y falta de cuidado con quienes sufrieron los abusos.

Bondi replicó que cualquier exposición de identidades fue “involuntaria” y que las páginas problemáticas fueron retiradas en cuanto se detectaron. «He dedicado toda mi carrera a defender a las víctimas», repitió como mantra. Pero el contraste con los testimonios de afectados y con las críticas de organizaciones de derechos civiles resulta demoledor. La sensación de muchos en el Capitolio es que el Departamento ha priorizado proteger a terceros influyentes frente a ofrecer una rendición de cuentas completa.

En términos políticos, la gestión de los archivos ha erosionado el activo más valioso de cualquier fiscal general: la percepción de independencia. Y en un caso como el de Epstein, donde confluyen millones de documentos, décadas de abusos y una constelación de nombres poderosos, cualquier sombra de duda pesa toneladas.

Trump, el nombre que Bondi evita pronunciar

Si algo planeó sobre la sala fue la figura de Donald Trump. Informaciones previas han revelado que Bondi informó al presidente de que su nombre aparecía “múltiples veces” en los archivos revisados por el Departamento de Justicia, junto al de otros altos cargos y personalidades internacionales. La mención no implica delito alguno, pero sí convierte al mandatario en actor interesado en el desenlace del caso.

Preguntada de forma directa por este extremo, Bondi evitó entrar en detalles. Remitió una y otra vez a “protocolos internos” y a la necesidad de proteger tanto a víctimas como a personas que no han sido acusadas formalmente. Cuando los congresistas insistieron, la fiscal general optó por desviarse hacia los “logros económicos” de la Administración y los índices bursátiles, en un giro de guion que provocó visibles gestos de exasperación en la bancada demócrata.

La consecuencia política es evidente. Para la oposición, esa negativa a aclarar qué sabe el Departamento sobre el papel de Trump en el universo Epstein refuerza la tesis de que la justicia está alineada con la Casa Blanca. Para el núcleo duro del trumpismo, en cambio, cualquier investigación adicional sobre el presidente se lee como una maniobra de sus enemigos. El resultado es un clima en el que cada documento, cada redacción y cada respuesta ambigua de Bondi alimentan dos relatos irreconciliables.

Ghislaine Maxwell y la promesa de “ningún trato especial”

Otro de los momentos clave de la audiencia giró en torno a Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por facilitar y participar en el abuso sexual de menores junto a Epstein, algunas de ellas de solo 14 años. La fiscal general quiso enviar un mensaje contundente: pese a los rumores sobre condiciones privilegiadas en el centro donde cumple condena, Maxwell “no recibirá trato especial alguno”.

Las preguntas no eran casuales. Informaciones recientes han descrito una vida penitenciaria sorprendentemente cómoda, con acceso a actividades poco habituales en una prisión federal, lo que ha alimentado la percepción de que incluso tras la condena siguen existiendo dos sistemas: uno para los presos anónimos y otro para quienes llegan a la cárcel desde la cima social.

Bondi insistió en que cualquier traslado de centro o mejora de condiciones debía responder a criterios técnicos y no a influencias externas. Pero aquí, de nuevo, el contexto pesa. El propio caso Maxwell está aún vivo en el Congreso: la presa ha sido llamada a declarar y, según su defensa, estaría dispuesta a cooperar a cambio de clemencia presidencial, extremo que vincula de nuevo el avance del procedimiento con los intereses políticos del entorno de Trump.

El diagnóstico es inequívoco: mientras la fiscal general proclama que “nadie está por encima de la ley”, la combinación de rumores de privilegios, recursos judiciales y ofertas de colaboración selectiva consolida la sensación de que el desenlace para Maxwell puede ser, de nuevo, una negociación entre élites antes que una victoria transparente del Estado de derecho.

La fractura política que expone el caso Epstein

La audiencia de Bondi ha servido también para radiografiar la fractura política en Washington. Los demócratas aprovecharon la ocasión para denunciar una “justicia de dos velocidades” y acusar a la fiscal general de usar el Departamento como ariete contra los adversarios del presidente, citando investigaciones fallidas contra figuras como exdirectores del FBI o fiscales estatales críticos con Trump.

En el lado republicano, la línea oficial fue muy distinta. La mayoría de los miembros del partido defendió a Bondi, subrayando el descenso de determinados indicadores de delincuencia y su “firmeza” frente a la inmigración irregular, en un intento de reconducir la conversación hacia temas más cómodos para su electorado. Solo alguna voz disidente, como la de un congresista libertario que cuestionó las redacciones excesivas, rompió la disciplina de apoyo cerrado a la fiscal.

Este contraste con otras épocas resulta demoledor. Donde antes podía existir cierto consenso bipartidista en torno a la necesidad de proteger la independencia judicial, hoy el caso Epstein se utiliza como prueba de fuego ideológica. Para unos, Bondi encarna la captura del Departamento por la agenda del presidente; para otros, simboliza la reacción contra lo que consideran años de “weaponización” progresista de la justicia. En medio, las víctimas vuelven a quedar en un discreto segundo plano, reducidas a atrezzo involuntario en una batalla de titulares y vídeos virales.

Transparencia selectiva y riesgo de descrédito institucional

Más allá de los gestos y las frases de trinchera, el fondo del problema es la transparencia selectiva. El propio historial de Bondi alimenta la desconfianza: desde que accedió al cargo en 2025, ha desmantelado unidades clave de investigación financiera y ha destituido al menos a una veintena de altos responsables vinculados a pesquisas sensibles, incluidos varios expertos en ética interna del Departamento de Justicia.

Combinado con la gestión errática de los archivos de Epstein —promesas de un “listado definitivo”, rectificaciones posteriores y rechazo inicial a publicar más material—, el cuadro que se dibuja es el de un organismo que oscila entre la opacidad y la filtración calculada, según convenga a la narrativa política del momento.

La consecuencia es clara: si el ciudadano medio percibe que los nombres más poderosos se protegen entre redacciones y tecnicismos mientras se exponen datos de víctimas vulnerables, la confianza en la justicia se erosiona de forma casi irreversible. Y esa erosión no se corrige con ruedas de prensa ni con discursos encendidos, sino con hechos: investigaciones creíbles, sanciones ejemplares y una comunicación que no parezca escrita desde un despacho de campaña.

En términos económicos, el riesgo es también tangible. Un sistema judicial percibido como parcial o capturado introduce prima de inseguridad institucional en los mercados, eleva el coste de hacer negocios y deteriora la imagen internacional de Estados Unidos como país donde los contratos —y la ley— se respetan por igual para todos.