Pedro Sánchez ordena la desclasificación de los documentos secretos del 23-F

Una decisión que rompe un tabú de cuatro décadas

El anuncio de Sánchez pone fin a un bloqueo informativo que se prolongaba desde hace 45 años. Hasta ahora, el conocimiento público sobre el 23-F se apoyaba en el sumario judicial, en los testimonios parciales de algunos protagonistas y en un puñado de investigaciones periodísticas y académicas, pero buena parte de los documentos oficiales seguía protegida por el paraguas de la Ley de Secretos de 1968. El Gobierno sostiene que la desclasificación permitirá a la ciudadanía “conocer su historia para construir un futuro más libre” y presenta la medida como un hito de la llamada “memoria democrática”.

La reacción política ha sido inmediata. El Partido Popular ha definido la jugada como una “cortina de humo” destinada a desviar la atención de los problemas actuales del Ejecutivo, mientras que desde el Gobierno se replica que quien teme la apertura de los archivos es la derecha, por su papel en aquellos años. En paralelo, fuerzas a la izquierda del PSOE, como Izquierda Unida y Podemos, apoyan el gesto pero lo consideran insuficiente y reclaman una reforma a fondo de la legislación de secretos oficiales.

Lo que revela este choque es que el 23-F sigue siendo un campo de batalla político y simbólico, no solo un episodio cerrado de la Transición. La apertura de los archivos llega, además, en un momento de máxima polarización en torno a la monarquía, la relación con Cataluña y el papel de los cuerpos de seguridad. El calendario, por tanto, no es neutro.

Qué expedientes verán la luz y cuáles seguirán ocultos

Más allá del gesto, la cuestión clave es qué se desclasifica exactamente. Según fuentes gubernamentales, el paquete incluye más de un centenar de expedientes relacionados con el intento de golpe: informes internos, notas reservadas y comunicaciones cruzadas entre ministerios, mandos militares y la Jefatura del Estado. El núcleo más sensible será el sumario del Tribunal Supremo, compuesto por 89 legajos, que contiene declaraciones, grabaciones y documentación de apoyo utilizada en el proceso contra los 33 acusados.

También se abrirán materiales procedentes del antiguo Cesid (hoy CNI), entre ellos escuchas telefónicas, transcripciones y notas de inteligencia elaboradas en los meses previos y posteriores al 23-F. Sin embargo, el propio Gobierno admite que no todo saldrá a la luz: parte de esa documentación se mantendrá clasificada cuando, a juicio de Moncloa, afecte a la seguridad nacional o a intereses estratégicos en vigor.

La consecuencia es evidente: la transparencia será amplia, pero no total. Historiadores y juristas asumen que seguirán existiendo lagunas difíciles de cubrir, especialmente en lo relativo a operaciones de inteligencia, contactos en el exterior o el papel de determinados mandos que nunca fueron formalmente procesados. El riesgo es que una desclasificación parcial alimente precisamente las sospechas que pretende disipar.

De la ley franquista de secretos a los nuevos plazos de 45 años

La decisión de Sánchez no se entiende sin el contexto legal. España sigue rigiéndose, a día de hoy, por la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada en plena dictadura y apenas retocada en 1978. Esa norma no fija plazos claros de desclasificación y deja al Consejo de Ministros la potestad casi discrecional para decidir qué se considera secreto y durante cuánto tiempo.

En 2025, el Ejecutivo aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que establece por primera vez límites temporales automáticos: los documentos de “alto secreto” deberán desclasificarse, con carácter general, a los 45 años, prorrogables otros 15; los de rango inferior, a los 35 años, con posibilidad de extensión de una década. Esa ley está aún en tramitación parlamentaria, pero el Gobierno ya ha utilizado su lógica para justificar la apertura de los archivos del 23-F, que justo alcanzan ahora el umbral de los 45 años.

El diagnóstico es inequívoco: España llega tarde a la modernización de su régimen de secretos. Mientras otros países europeos llevan décadas con reglas de 20 o 25 años y mecanismos de revisión periódica, aquí el acceso a los documentos de la Transición y del franquismo ha dependido de decisiones políticas puntuales. La desclasificación del 23-F rompe esa inercia, pero no sustituye aún a una reforma estructural del sistema.

Las grandes incógnitas: monarquía, Cesid y mandos militares

Las miradas se dirigen ahora a las zonas oscuras del golpe: la Casa del Rey, los servicios de inteligencia y los mandos intermedios del Ejército. El juicio del 23-F concluyó con la condena de 22 de los 33 procesados por el Consejo Supremo de Justicia Militar, entre ellos Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada. Pero dejó abiertas muchas preguntas sobre quién supo qué, cuándo y con qué grado de implicación.

Los documentos que se van a abrir podrían arrojar luz sobre las comunicaciones entre Zarzuela, el Gobierno de entonces y la cúpula militar en las horas clave del 23-F. También sobre la información previa que manejaba el Cesid acerca de los movimientos de los golpistas y las posibles connivencias dentro de la cadena de mando.

Sin embargo, las expectativas deben manejarse con cautela. Si parte de los informes de inteligencia y de las notas relativas a la Corona quedan amparados por la excepción de seguridad nacional, el resultado será una transparencia necesariamente incompleta. En ese caso, la batalla se trasladará a los tribunales y a las comisiones de clasificación, donde se decidirá documento a documento qué se puede leer y qué seguirá bajo llave.

Un gesto de transparencia con mucha lectura política

Más allá de la memoria democrática, el movimiento tiene una lectura política inmediata. El anuncio llega en un momento de fuerte desgaste del Ejecutivo y de confrontación diaria con el PP, que ha reaccionado denunciando una nueva “cortina de humo” y acusando a Sánchez de recurrir al pasado para tapar su gestión. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado públicamente por qué, si España vive “su mejor momento”, la noticia del día es la desclasificación del 23-F.

En el otro extremo, Izquierda Unida y Podemos respaldan el paso pero lo consideran claramente insuficiente y reclaman una reforma de la ley de secretos que reduzca aún más los plazos y generalice la desclasificación automática. La crítica es nítida: abrir solo el 23-F, pero mantener opacos otros episodios de la Transición y del franquismo, sería, a su juicio, una operación selectiva más que una apuesta integral por la transparencia.

España frente a otros países en la gestión de sus secretos

Si se mira fuera, la medida coloca por fin a España en la órbita de los estándares europeos, pero lo hace con retraso. En el Reino Unido, la regla general ha pasado de los 30 a los 20 años para la apertura de los documentos, y cada ejercicio se transfieren a los National Archives dos años de archivos de golpe para completar la transición. En Estados Unidos, las agencias de seguridad revisan para desclasificar sistemáticamente los documentos con 25 años o más, salvo excepciones justificadas.

España, en cambio, ha vivido durante décadas con una ley franquista que permitía prórrogas indefinidas. El proyecto de Ley de Información Clasificada de 2025 intenta cerrar esa brecha con un modelo de plazos y revisiones periódicas, pero mientras no se apruebe definitivamente, cada desclasificación relevante depende de una decisión ad hoc del Consejo de Ministros.

Este hecho revela una fragilidad institucional: la apertura o el bloqueo de documentos históricos se convierten en armas políticas coyunturales. El paso dado con el 23-F puede interpretarse como un intento de alinearse con las mejores prácticas europeas, pero también como un movimiento calculado que el Gobierno ha reservado para un momento de máxima tensión interna.