Peskov arremete contra la UE por planes de usar activos rusos congelados
Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, salió hoy a criticar con dureza la propuesta de la Unión Europea de emplear los fondos rusos inmovilizados para financiar la reconstrucción de Ucrania. Calificó la medida de “ilegal” y advirtió que socavará la inviolabilidad de la propiedad, un principio que, en su visión, pondrá en jaque la confianza global para invertir.
En su intervención ante la prensa, Peskov no dejó espacio para matices. Calificó los planes europeos de “pasos adicionales hacia la destrucción total de la confianza en el principio de inviolabilidad de la propiedad”, advirtiendo que ese “búmeran” golpeará a los mayores depositarios y a los países que aspiren a ser destinos de inversión. Para el Kremlin, incautar los activos rusos congelados es una forma de “robo” y representa una afrenta directa a las garantías que sostienen el sistema jurídico internacional.
Estas declaraciones responden al impulso que la Comisión Europea ha dado recientemente para convertir los intereses generados por esos activos congelados en un “préstamo de reparación” para Ucrania. Ursula von der Leyen defendió la fórmula asegurando que no implicaría confiscaciones del capital, sino que el préstamo sería reembolsado por Kiev solo si Rusia abona reparaciones por los daños causados.
Sin embargo, a ojos del Kremlin, ese matiz técnico no cambia la percepción: cualquier uso de esos activos inmovilizados equivale, dice Peskov, a una violación grave de los derechos de propiedad. Moscú ya ha advertido que responderá a medida que proceda cualquier transferencia o utilización de esos recursos. En declaraciones pasadas, el propio Peskov había anticipado que tales movimientos no quedarían sin represalias.
Desde el punto de vista europeo, la propuesta del préstamo de reparación busca resolver un dilema: cómo aprovechar los fondos rusos congelados sin caer en litigios masivos ni comprometer la estabilidad financiera del bloque. Bruselas valora transformar esos recursos en instrumentos financieros (por ejemplo, bonos sin cupón) y distribuirlos gradualmente como ayuda a Ucrania, siempre bajo condiciones y garantías multilaterales.
El tema genera división entre los miembros de la UE. Algunos países, preocupados por el principio de la seguridad jurídica, temen que aceptar este uso siente un precedente peligroso. Bélgica, por ejemplo, que custodia buena parte de esos activos en el depósito Euroclear, viene advirtiendo que necesita garantías legales robustas para participar.
Para el mundo empresarial y los inversores, el enfrentamiento expone riesgos significativos: si un Estado empieza a reinterpretar la protección de activos congelados, la línea entre sanciones legítimas y expropiación podría volverse difusa. Más aún, se abre un test sobre hasta dónde el derecho internacional y las normas de mercado pueden resistir ante presiones geopolíticas severas.
En definitiva, la propuesta europea —bien diseñada desde lo técnico— choca con la narrativa rusa que la ve como una agresión sistémica. El pulso no solo es simbólico: representa una prueba de fuerza para el modelo global de propiedad, confianza e integración financiera. Las próximas semanas serán decisivas para ver si la Unión avanza con su plan o se detiene ante el riesgo jurídico y geopolítico.