El presidente de Cuba se vuelve capitalista: "Admite que subir salarios sin productividad puede generar inflación"
El presidente de Cuba sorprende al reconocer que subir salarios sin aumentar la productividad puede generar inflación un giro inesperado hacia ideas más capitalistas que abre debate sobre el futuro económico del país
Miguel Díaz-Canel ha terminado defendiendo tres principios asociados a cualquier economía de mercado: los salarios no pueden crecer indefinidamente sin productividad, las empresas ineficientes no deben trasladar todos sus costes al consumidor y la quiebra cumple una función económica. Las declaraciones resultan especialmente reveladoras porque proceden del presidente de Cuba, un país donde el Estado ha protegido durante décadas compañías deficitarias y ha administrado precios, salarios y recursos. La realidad ha impuesto su propia pedagogía: sin producción no hay poder adquisitivo y sin disciplina empresarial el despilfarro acaba pagándolo la población.
Salarios sin producción
Díaz-Canel reconoce que elevar los salarios sin una respuesta productiva genera inflación. El razonamiento es elemental: si aumenta el dinero disponible, pero la cantidad de bienes permanece estancada, los precios terminan absorbiendo buena parte de la mejora nominal.
Esto no significa que toda subida salarial provoque automáticamente inflación. Depende de la productividad, los márgenes empresariales, la competencia y la política monetaria. Pero en una economía caracterizada por la escasez, la baja producción y las restricciones de oferta, subir salarios por decreto puede repartir más moneda sin crear más riqueza.
Cuba llega a esta conclusión después de años de pérdida de poder adquisitivo, desabastecimiento y deterioro de los servicios básicos. El propio Díaz-Canel ha reconocido que la isla atraviesa «las horas más difíciles de este siglo».
El coste de la ineficiencia
La segunda admisión afecta a la formación de precios. El dirigente cubano cuestiona que una empresa calcule automáticamente el precio sumando sus gastos, porque una compañía ineficiente acumulará costes elevados y tratará de trasladarlos al ciudadano.
El consumidor no tiene por qué financiar cada error de gestión. En un mercado competitivo, una empresa que produce demasiado caro no puede imponer cualquier precio: debe reducir costes, mejorar su producto o abandonar la actividad.
Durante décadas, el modelo estatal cubano hizo lo contrario. Las pérdidas se cubrían con subsidios, transferencias y emisión monetaria. La ineficiencia no desaparecía; quedaba escondida en las cuentas públicas, en la inflación o en la falta de productos.
La quiebra entra en Cuba
El cambio más profundo es el reconocimiento de la quiebra como mecanismo para cerrar empresas estatales con pérdidas sostenidas. Las reformas aprobadas en junio incluyen procedimientos de liquidación, transformación de compañías públicas en sociedades por acciones y entrada de capital privado en actividades hasta ahora reservadas al Estado.
La quiebra no constituye un castigo moral. Es una institución que libera trabajadores, capital, instalaciones y crédito para que puedan dirigirse hacia actividades más productivas.
Una economía donde ninguna empresa desaparece puede parecer socialmente protectora. Sin embargo, termina protegiendo estructuras improductivas a costa de salarios bajos, mala calidad y escasez generalizada. Mantener vivo todo negocio es también impedir que nazcan otros mejores.
Una apertura por necesidad
El giro no convierte a Cuba en una economía liberal. Díaz-Canel insiste en que las transformaciones se realizan para preservar el socialismo y mantener al Estado en los sectores estratégicos. Pero el paquete incorpora elementos difíciles de imaginar hace pocos años: bancos privados, inversión exterior directa en empresas no estatales, eliminación de subsidios universales y mayor autonomía empresarial.
No es una conversión ideológica, sino una reacción de supervivencia. La economía cubana acumuló otra contracción del 1,1% en 2024, según los últimos datos disponibles del Banco Mundial, después de años de estancamiento y emigración.
El límite del relato oficial
El Gobierno sigue atribuyendo gran parte de la crisis a las sanciones estadounidenses, la persecución financiera y las restricciones energéticas. Esos factores son reales y encarecen importaciones, financiación y comercio. Pero el propio discurso oficial comienza a admitir «insuficiencias internas», trabas administrativas, corrupción y falta de eficiencia.
El contraste es importante. Durante años, cualquier fracaso podía explicarse casi exclusivamente mediante el embargo. Ahora La Habana reconoce que también necesita cambiar la forma de producir, fijar precios, gestionar empresas y distribuir subsidios.
La discusión seria no exige elegir entre sanciones externas o errores internos. Ambos elementos pueden coexistir, pero solo uno depende directamente del Gobierno cubano.
El análisis que acompaña las palabras de Díaz-Canel utiliza el caso cubano para atacar a la izquierda española. La comparación tiene un componente propagandístico evidente: España es una economía de mercado integrada en la Unión Europea, con empresas privadas, competencia y procedimientos concursales.
Sin embargo, la advertencia económica conserva valor. Los salarios sostenibles dependen a largo plazo de la productividad; los costes empresariales no garantizan que el consumidor acepte cualquier precio; y rescatar indefinidamente modelos fallidos socializa las pérdidas.
Cuba no acaba de descubrir el capitalismo. Ha descubierto que ni siquiera el socialismo puede abolir la escasez, los incentivos o el coste de la ineficiencia. La realidad económica puede aplazarse mediante controles y subsidios, pero termina apareciendo en forma de inflación, apagones, emigración y pobreza.