Presidente Petro denuncia intento de asesinato tras ataque a su helicóptero en Córdoba
El presidente colombiano asegura que abortó un aterrizaje en Córdoba por una amenaza armada y que pasó cuatro horas sobre el mar para evitar un ataque, en un episodio que vuelve a poner a prueba la seguridad del Estado y la confianza de los mercados.
“Escapándome de que me maten”. La frase, pronunciada en directo, resume el vértigo político que atraviesa Colombia a menos de cuatro meses de las presidenciales. Petro sostiene que su helicóptero no pudo aterrizar en Córdoba por temor a un ataque armado y que la aeronave tuvo que desviarse durante cuatro horas.
El impacto va más allá del titular: en un país con memoria de magnicidios y violencia electoral, la denuncia reabre el debate sobre la capacidad del Estado para proteger a su jefe y, de paso, sobre el precio financiero de la inestabilidad. La pregunta ya no es solo quién amenaza, sino cuánto puede costar.
Un aterrizaje abortado en Córdoba que dispara las alarmas
Según el relato del propio Petro, el episodio ocurrió la noche del lunes 9 de febrero de 2026, cuando el helicóptero presidencial debía aterrizar en el departamento caribeño de Córdoba. El mandatario afirmó que no pudo descender “en donde debía aterrizar” y que ni siquiera se encendieron luces en la zona prevista, un detalle que, en términos operativos, equivale a perder referencias básicas en una maniobra crítica.
La respuesta fue inmediata: el piloto abortó el aterrizaje y el aparato se desvió, con un tramo prolongado “sobre mar abierto” que Petro cifró en cuatro horas. En un país donde los grupos armados han perfeccionado su capacidad de hostigamiento —desde francotiradores hasta ataques con drones—, la simple sospecha de disparos en tierra basta para activar protocolos extremos.
Por ahora, lo sustancial es lo que no está cerrado: no consta un parte oficial público que confirme impactos o un intercambio de fuego; lo que hay es una denuncia política de máxima gravedad que obliga a investigar con trazabilidad, porque cada vacío informativo alimenta versiones, polariza y erosiona instituciones.
La denuncia en directo y el reloj electoral: 31 de mayo
Petro trasladó el incidente a un escenario poco habitual: un Consejo de Ministros transmitido en vivo desde Montería, capital de Córdoba. La escenificación importa: situar la amenaza en prime time convierte un episodio de seguridad en un mensaje político, dirigido tanto a la ciudadanía como a sus adversarios y a los actores armados.
La coyuntura aprieta. Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y presidenciales el 31 de mayo de 2026 (con eventual segunda vuelta el 21 de junio), según el calendario oficial de la Registraduría. En ese marco, cualquier incidente que afecte a la figura presidencial contamina la campaña, endurece el debate público y puede condicionar la participación y la seguridad de los candidatos.
Además, Petro no puede optar a la reelección por ley, lo que desplaza el incentivo: su capital político se juega en la sucesión y en la continuidad —o ruptura— de su proyecto. La consecuencia es clara: si la violencia entra en la agenda diaria, la economía queda a merced de la narrativa, y los inversores suelen penalizar los países donde el futuro institucional se vuelve impredecible.
El mapa criminal: Córdoba, Clan del Golfo y la presión con Washington
Córdoba no es un territorio neutro. Allí opera el Clan del Golfo (también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia), señalado como la mayor estructura criminal del país. El propio El Tiempo contextualiza la denuncia en ese entorno y la conecta con la tensión reciente tras el acercamiento de Petro con Estados Unidos en materia de seguridad.
De hecho, el Clan del Golfo anunció el 4 de febrero de 2026 la suspensión de su participación en la mesa de diálogo con el Gobierno después de la reunión Petro–Trump del 3 de febrero en Washington, según informó Infobae citando un comunicado difundido en redes por la organización. Ese episodio añade pólvora: cuando una negociación se congela y el Ejecutivo promete “caza” de cabecillas, la probabilidad de retaliación —real o instrumentalizada— se convierte en una variable política.
Petro, además, habló de una “nueva junta del narcotráfico” y mencionó a Iván Mordisco como parte del supuesto complot, elevando el pulso con disidencias armadas y redes criminales transnacionales. El riesgo es doble: si hay amenaza real, la seguridad se tensiona; si no hay pruebas concluyentes, la credibilidad institucional se desgasta. En ambos casos, el país paga.
Seguridad presidencial bajo sospecha: destituciones y grietas internas
El elemento más delicado del relato de Petro no es solo la amenaza externa, sino la insinuación de fallos —o infiltraciones— en el aparato de seguridad. Según la información publicada por Univision con base en AFP, el presidente afirmó que ordenó retirar a varios oficiales y describió incluso un supuesto intento de sabotaje político ligado a su encuentro con Trump.
Si esas acusaciones se sostienen, el problema deja de ser “un ataque” para convertirse en una crisis de confianza dentro de la cadena de mando. Y si no se sostienen, el daño recae sobre la institucionalidad: no hay peor escenario para una campaña que un Estado en el que los ciudadanos perciben que los cuerpos de seguridad están politizados o fragmentados.
Colombia ya ha vivido debates similares. En febrero de 2025, Petro denunció públicamente un presunto plan para derribar su avión con misiles, una afirmación que entonces también abrió una discusión sobre evidencias, alarmismo y polarización. La repetición de denuncias, sin resultados judiciales visibles, tiende a producir un efecto corrosivo: la sociedad se acostumbra al sobresalto y el adversario lo utiliza para erosionar la autoridad del Gobierno.
El coste económico del sobresalto: bonos al 12,73% y un peso vigilado
La economía no espera a los jueces. La inestabilidad política suele traducirse en prima de riesgo, y Colombia llega a este episodio con los indicadores ya tensos. El rendimiento del bono soberano a 10 años se situó en torno al 12,73% el 10 de febrero de 2026, un nivel que refleja una financiación cara incluso antes de incorporar nuevos sobresaltos.
A la vez, el Banco de la República acaba de fijar la tasa de política monetaria en 10,25% (vigente desde el 2 de febrero de 2026), tras un incremento de 100 puntos básicos, según su comunicación oficial. En otras palabras: el país enfrenta un coste del dinero elevado, y cualquier shock de confianza complica el equilibrio entre inflación, crecimiento y deuda.
En divisas, el dólar se movía alrededor de 3.651,90 pesos colombianos por unidad el 10 de febrero, un nivel que el mercado utiliza como termómetro de nerviosismo. El patrón es conocido: cuando sube el ruido político, suben coberturas, cae apetito por activos locales y el Gobierno pierde margen fiscal. La consecuencia es clara: una crisis de seguridad no solo amenaza vidas; amenaza financiación.