La presión de EE.UU. obliga a la OTAN a repensar su defensa: rumbo al 5 % del PIB

Desde la década pasada, la norma no escrita en la OTAN era que cada miembro destinara al menos el 2 % del PIB para defensa. Pero la guerra en Ucrania, la presión sobre los flancos orientales y las amenazas híbridas han transformado ese estándar en una meta controvertida (y difícil). En la Cumbre de La Haya (24-25 de junio de 2025), EE. UU. ha presionado para que todos los aliados ratifiquen un nuevo umbral: 5 % del PIB como compromiso de defensa común. 

Matthew Whitaker, en la Conferencia de Riga, lo expresó con claridad: esa cifra no es opcional, sino “un punto de partida” para redefinir la capacidad colectiva de la OTAN. Su propuesta va más allá de simples crecimientos presupuestarios: exige llevar a cabo reformas estratégicas, mecanismos más eficientes y una rendición de cuentas real. 

Según el diseño en discusión, ese 5 % se podría dividir entre 3,5 % para gasto militar directo (equipamiento, entrenamiento, despliegues) y 1,5 % para seguridad “conexa” (infraestructuras críticas, ciberdefensa, industria de defensa). En otros términos: no basta con comprar armas, también hay que reforzar toda la logística, la resiliencia y la cadena industrial estratégica.

España, sin embargo, ha levantado la voz contra esa exigencia. El Gobierno ha señalado que comprometerse al 5 % sería “irrazonable y contraproducente” para su modelo social y fiscal.  La ministra de Defensa ha alertado de que ni los plazos ni los recursos industriales dan para un salto tan abrupto.

Pese a ello, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha acordado otorgar a España flexibilidad en su senda presupuestaria, una forma de suavizar el impacto diplomático del texto final.  Aunque algunos interpretan ese gesto más como concesión política que alivio sustancial. El dilema es que una “excepción” podría debilitar la idea de consenso: si unos pagan más, otros menos, ¿hasta qué punto sigue siendo una defensa común?

Elevar el gasto no garantiza fortaleza si no va acompañado de eficiencia. En ese sentido, la OTAN debe innovar con urgencia:

• Transparencia y verificación bibliográfica del gasto. Que los países presenten planes con hitos claros y revisiones periódicas.

• Cooperación industrial y compras agrupadas. Para evitar duplicidades, elevar la escala de producción y reducir costos unitarios.

• Integración tecnológica avanzada. Inversión urgente en inteligencia artificial, drones, vigilancia espacial y defensa informática como palancas de multiplicación.

• Solidaridad presupuestaria. Estados más ricos pueden asumir tareas de apoyo logístico o inversión en infraestructuras críticas para aliviar a los menos dotados.

• Compromiso político equilibrado. Washington no puede imponer ni Bruselas tolerar subterfugios: es clave mantener legitimidad aliada.

El riesgo más grave es transformar el 5 % en un compromiso de papel. Si los países declaran cumplimiento con partidas dudosas —“seguridad”, “resiliencia”, “infraestructura civil”— sin traducirlo en capacidades militares tangibles, la OTAN perdería credibilidad frente a Rusia, China o cualquier actor que cuestione la disuasión transatlántica.

Además, una fórmula rígida ignora las circunstancias específicas de cada Estado: sus capacidades fiscales, necesidades sociales, dependencia industrial o presión externa. Por eso, la flexibilidad que se propone para países como España reluce como necesario contrapeso, pero también como punto de fricción interna.

Lo que parecía una cifra audaz se ha convertido en un pulso estratégico: la OTAN debe decidir si su futuro se basa en ambición racional o en discursos que escapan a su propia capacidad de ejecución. El desafío ahora es construir esa nueva OTAN: no con proclamas globales, sino con proyectos verificados, industrias revitalizadas y solidaridad operativa real. Si no, el 5 % podría quedar como una meta simbólica más que como una alianza preparada para los riesgos del siglo XXI.