Río de Janeiro vive la operación policial más sangrienta de su historia con 121 muertos

Río de Janeiro volvió a ser escenario de una tragedia que refleja la compleja relación entre el crimen organizado y el Estado. La madrugada del 31 de octubre, una intervención policial sin precedentes dejó 121 muertos en una acción dirigida contra el Comando Vermelho, uno de los cárteles más poderosos del país. La magnitud del operativo, que involucró a unos 2.500 policías militares, marca un antes y un después en la historia reciente de la seguridad pública brasileña.

Las autoridades locales confirmaron que la operación tenía como objetivo desmantelar una red de narcotráfico con fuerte presencia en las favelas, zonas históricamente controladas por grupos criminales. Según el parte oficial, la redada se centró en varios barrios del norte y oeste de Río, donde el Comando Vermelho mantiene sus principales rutas de distribución de drogas y armas.

Lo que diferencia este operativo de otros es su nivel de letalidad y apoyo popular. Encuestas locales indican que un 62% de los ciudadanos de Río de Janeiro y hasta un 88% de los residentes de las favelas aprueban la acción, viéndola como una respuesta necesaria frente a años de violencia y extorsión. Para muchos habitantes, la operación representó una oportunidad de “recuperar el control” de sus comunidades.

Sin embargo, las reacciones críticas no se hicieron esperar. Diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, denunciaron el uso excesivo de la fuerza y la falta de transparencia en torno al operativo. Amnistía Internacional advirtió que “una operación que deja más de un centenar de muertos no puede considerarse un éxito, sino una señal de que algo falla en el enfoque de seguridad del Estado”.

Expertos en criminología señalan que la eliminación masiva de sospechosos puede ser contraproducente, ya que interrumpe las investigaciones y destruye fuentes de inteligencia clave. “Cada arresto perdido es una oportunidad perdida para entender cómo operan estos grupos”, explicó un analista del Instituto de Seguridad Pública de Río. “Si se mata a todos los objetivos, se corta la cadena de información”.

A nivel político, el impacto también es profundo. El gobierno estatal ha defendido la operación como parte de su compromiso con la “pacificación” de Río, mientras que el Ejecutivo federal mantiene una postura ambigua, intentando equilibrar la presión de la opinión pública con las críticas internacionales.

Para los detractores, esta redada confirma un patrón preocupante: el fortalecimiento de una política de seguridad basada en la represión y no en la prevención. Las favelas, donde el Estado rara vez llega con servicios básicos, son las más afectadas por este modelo. “Se combate la violencia con más violencia, y eso no resuelve el problema”, opinó la socióloga Maria Ribeiro, especialista en políticas urbanas.

A pesar de las cifras impactantes, la sensación en las calles de Río es de resignación. “Es como si hubiéramos ganado una batalla, pero no la guerra”, dijo un vecino de la favela de Maré. La operación logró desarticular puntos clave del Comando Vermelho, pero el vacío de poder que deja puede abrir espacio a nuevos enfrentamientos.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas —algunas de ellas aún sin identificar— exigen explicaciones y justicia. En las redes sociales, el debate se ha polarizado: para unos, fue un paso necesario hacia la seguridad; para otros, un reflejo del fracaso estructural del Estado brasileño en garantizar la vida y los derechos de todos sus ciudadanos.

En una ciudad donde la línea entre la autoridad y la violencia se desdibuja cada día más, la redada del 31 de octubre quedará registrada como un recordatorio brutal de que la paz en Río sigue siendo una promesa pendiente.