Rubio amenaza con reexaminar la OTAN tras el veto sobre Irán

Marco Rubio ha llevado a la OTAN a un terreno incómodo. El secretario de Estado de Estados Unidos ha sugerido que Washington deberá “examinar” la utilidad de la Alianza después de que varios socios europeos rechazaran apoyar la campaña militar contra Irán. La frase no llega en un vacío: coincide con el cierre del espacio aéreo español a vuelos militares estadounidenses vinculados al conflicto, con el veto previo al uso de las bases de Rota y Morón para esas operaciones y con una escalada energética que ha devuelto el petróleo por encima de los 100 dólares. Lo más grave no es solo el choque diplomático. Es que la Casa Blanca empieza a medir la solidaridad atlántica con un criterio nuevo: no tanto la defensa colectiva, sino la disponibilidad de los aliados para respaldar guerras que no nacen bajo el paraguas clásico del artículo 5.

Una alianza puesta a prueba

La OTAN nació como una alianza defensiva y hoy agrupa a 32 países. Su principio esencial sigue siendo el artículo 5: un ataque armado contra un aliado en Europa o Norteamérica se considera un ataque contra todos. Ese marco jurídico y estratégico no encaja de forma automática con una guerra iniciada por Washington e Israel contra Irán, ni obliga a los socios a participar en una operación ofensiva fuera del teatro atlántico. Precisamente ahí se instala la fricción. Rubio no discute la letra del Tratado; cuestiona la lógica política que lo sostiene. Si Estados Unidos sostiene militarmente la seguridad europea, sostiene su argumento, Europa debería responder cuando Washington reclama apoyo.

Ese cambio de enfoque revela una mutación más profunda. La Administración Trump no parece interesada en la OTAN como comunidad estratégica estable, sino como una red de reciprocidad transaccional. En otras palabras: quien quiera paraguas estadounidense deberá demostrar utilidad cuando la Casa Blanca abra otro frente. El contraste con la visión tradicional europea resulta demoledor. Para la mayoría de capitales del continente, la Alianza sirve para disuadir a Rusia y blindar el flanco oriental, no para convertirse en una plataforma automática de apoyo a aventuras militares en Oriente Próximo. El diagnóstico es inequívoco: ambos lados siguen hablando de la OTAN, pero ya no hablan exactamente de lo mismo.

España en el centro del choque

España se ha convertido en el caso más visible de esta crisis. El Gobierno de Pedro Sánchez no solo calificó la guerra de “ilegal” e “injusta”; también cerró el espacio aéreo a aeronaves militares estadounidenses vinculadas al conflicto y ya había rechazado que las bases conjuntas de Rota y Morón se utilizaran para apoyar esa campaña. El gesto tiene una potencia simbólica evidente: ambos enclaves forman parte del armazón logístico con el que Estados Unidos proyecta capacidad militar sobre el Mediterráneo, el Sahel y Oriente Próximo. Que Madrid limite ese uso en plena escalada regional equivale, en la práctica, a recordarle a Washington que la soberanía nacional sigue imponiéndose incluso dentro de una relación militar estrecha.

Lo relevante es que la decisión española no nace de una ruptura improvisada, sino de una lectura política calculada. Moncloa sabe que involucrarse en una guerra sin cobertura atlántica clara y con objeciones sobre su legalidad internacional tendría un coste interno inmediato. Pero también sabe que el precio externo puede ser alto. Trump ya ha amagado con represalias comerciales y Rubio ha usado el caso español como ejemplo de una Europa que exige protección y niega apoyo cuando el interés estadounidense cambia de escenario. La consecuencia es clara: España no discute solo sobre Irán, sino sobre el tipo de subordinación que está dispuesta —o no— a aceptar dentro del vínculo con Washington.

El estrecho que decide el precio de la energía

La batalla diplomática no se entendería sin el factor energético. El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los cuellos de botella más sensibles del planeta: en 2025 pasaron por allí casi 15 millones de barriles diarios de crudo, alrededor del 34% del comercio mundial de petróleo crudo. Si se amplía el foco a petróleo y derivados, el paso representa aproximadamente una quinta parte del consumo global, y además canaliza cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado. No es una cuestión regional. Es un mecanismo directo de transmisión de inflación, costes logísticos y tensión financiera a escala mundial.

Por eso Rubio insiste en que Europa y Asia tienen mucho más que perder que Estados Unidos si el paso permanece bloqueado. El propio secretario de Estado ha subrayado que por Ormuz circula muy poca energía destinada a Estados Unidos, una forma de trasladar a los aliados la presión de la reapertura. Mientras tanto, Irán ha elevado la amenaza aprobando peajes y restricciones adicionales en el estrecho, y el mercado ya ha reaccionado: el crudo estadounidense volvió a situarse por encima de los 100 dólares por barril el 30 de marzo, algo que no ocurría desde 2022. Este hecho revela por qué la discusión sobre la OTAN ya no es solo militar. También es una pelea por quién asume la factura de un shock energético que puede golpear el crecimiento europeo en cuestión de semanas.

La factura del 5%

El choque llega, además, en el peor momento posible para la relación transatlántica. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, los aliados pactaron una senda hacia un esfuerzo del 5% del PIB en defensa y seguridad para 2035. La fórmula se divide en 3,5% para capacidades militares puras y 1,5% para infraestructuras críticas, resiliencia, innovación y otras partidas vinculadas a la seguridad. Sobre el papel, era un intento de apaciguar a Washington y reforzar el rearme europeo. En la práctica, ha terminado abriendo otra brecha: España se resiste a ese umbral y defiende un techo cercano al 2,1%, lo que la sitúa de nuevo en el punto de mira de Trump y Rubio.

La lectura estadounidense es sencilla y severa. Si un aliado no quiere llegar al 5%, limita el uso de bases y tampoco facilita tránsito aéreo en una crisis que afecta al sistema energético mundial, ¿qué valor estratégico real aporta cuando Washington lo necesita? Esa es la pregunta que sobrevuela el mensaje de Rubio. Lo más delicado es que el argumento puede calar en parte del establishment estadounidense. Durante años, Europa defendió que más gasto reforzaría la credibilidad de la OTAN; ahora descubre que para la Administración Trump gastar más no garantiza autonomía, sino que puede convertirse en la antesala de mayores exigencias políticas.

Una OTAN diseñada para otra guerra

En el fondo, la crisis actual destapa un malentendido estructural. La OTAN está diseñada para la defensa colectiva del espacio euroatlántico, no para legitimar de forma automática campañas ofensivas ajenas a una agresión directa contra un Estado miembro. La negativa de algunos aliados a implicarse en Irán no constituye, por tanto, una anomalía jurídica, sino una decisión soberana dentro de un marco aliancista que deja margen político. La propia experiencia histórica demuestra que Francia, Italia o Turquía ya marcaron distancias en conflictos anteriores impulsados por Washington. Nada de eso destruyó la Alianza, pero sí deterioró la confianza entre socios.

Rubio intenta romper esa frontera conceptual con un mensaje de equivalencia moral: “Ucrania no es la guerra de América y, aun así, hemos contribuido más que nadie”. La comparación es políticamente eficaz, pero estratégicamente resbaladiza. Europa considera Ucrania un conflicto existencial para su seguridad inmediata; Irán, en cambio, se interpreta como una guerra elegida por Washington e Israel, con legalidad discutida, objetivos cambiantes y riesgo de expansión regional. El contraste no es menor. Donde la Casa Blanca ve ingratitud, muchas cancillerías ven prudencia estratégica.

El cálculo europeo

La resistencia europea responde a varias capas. Primero, hay escepticismo político: varios gobiernos no fueron consultados antes de la ofensiva y han evitado bendecir una escalada cuyo final sigue siendo incierto. Segundo, hay cálculo económico: con la energía disparada y la inflación amenazando de nuevo, ningún Ejecutivo quiere cargar con el coste de una guerra que puede erosionar consumo, industria y estabilidad social. Y tercero, hay una prioridad militar que nadie en Bruselas oculta: Ucrania sigue absorbiendo recursos, atención y capacidad industrial de defensa. Abrir un segundo gran frente estratégico no solo divide. También encarece.

Por eso el G7 ha optado por una posición deliberadamente ambigua: respaldo a la libre navegación en Ormuz y petición de fin de los ataques contra civiles, pero sin asumir como propia la lógica bélica de Washington. El mensaje europeo, aunque menos ruidoso, es nítido. La OTAN puede seguir siendo el núcleo de la seguridad continental, pero eso no obliga a convertir cada prioridad estadounidense en una misión aliada. Lo contrario equivaldría a vaciar de contenido la autonomía política de los socios y a transformar la Alianza en un contrato de obediencia.