Rubio respalda a los iraníes mientras Trump aprieta a bancos, jueces y petroleras
El tablero político de Washington ha vivido una semana de alta tensión, con frentes abiertos dentro y fuera de Estados Unidos. Mientras el secretario de Estado Marco Rubio lanza un mensaje de apoyo directo a los manifestantes iraníes y la Casa Blanca eleva el tono contra Teherán, Donald Trump impulsa en paralelo medidas económicas de fuerte impacto: un tope del 10% a los tipos de las tarjetas de crédito durante un año, una ofensiva retórica contra las entidades financieras y un gran pacto petrolero con Venezuela.
En medio de ese giro, los tribunales federales han frenado a la Administración al prohibir el recorte de ayudas a la infancia en cinco estados demócratas, y figuras de Wall Street como Bill Ackman alertan de que el tope a las tarjetas puede convertirse en un bumerán para los consumidores.
La combinación de diplomacia agresiva, populismo financiero y apuestas de alto riesgo en energía dibuja un escenario donde la economía y la geopolítica se entrecruzan de forma cada vez más explosiva.
Una semana de vértigo en Washington
La secuencia de anuncios resume la estrategia de la Casa Blanca: máxima exposición mediática y decisiones de fuerte carga simbólica. Hacia fuera, Trump endurece su mensaje contra Irán y reivindica que “Irán está en un gran problema”, presumiendo de que los manifestantes estarían tomando ciudades “que nadie creía posibles hace semanas”. Hacia dentro, se presenta como defensor del “americano medio” al prometer que ya no permitirá que las tarjetas cobren entre 20% y 30% de interés y celebrando que las hipotecas han bajado, según él, del entorno del 8% al 5,7%.
El resultado es una agenda en apariencia cohesionada: dureza en política exterior, alivio en el coste de la deuda y una promesa de riqueza futura ligada al petróleo venezolano, con “cientos de miles de millones de dólares” de inversión privada. Sin embargo, analistas políticos y económicos advierten de que el mosaico revela más bien una huida hacia adelante: cada anuncio abre un nuevo frente de riesgos, jurídicos, financieros o diplomáticos, que será difícil sostener en el tiempo.
Rubio, Irán y la batalla del relato exterior
En el frente internacional, la Casa Blanca ha reforzado el mensaje contra Teherán. El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un escueto pero contundente mensaje en X: “The United States supports the brave people of Iran”. Es decir, un respaldo explícito a los manifestantes que llevan días desafiando al régimen. La frase, aparentemente mínima, coloca a Washington en el bando de la protesta y alimenta la narrativa de injerencia que Teherán lleva semanas denunciando.
Trump, por su parte, ha insistido en que “Irán está en grandes problemas” y ha celebrado que “el pueblo” estaría tomando el control de determinadas ciudades. En paralelo, ha recordado los ataques aéreos autorizados en junio y ha lanzado una nueva advertencia: “Mejor que no empecéis a disparar, porque entonces nosotros empezaremos a disparar también”. La respuesta no se ha hecho esperar. El líder supremo, Ali Jameneí, ha advertido que las potencias extranjeras “no deben interferir en los asuntos internos de Irán” y ha instado a Trump a “ocuparse de su propio país”.
El diagnóstico de los expertos en seguridad es inequívoco: Washington intenta capitalizar la presión interna sobre el régimen iraní mientras mantiene la puerta abierta a una escalada militar controlada, con el objetivo de reforzar su imagen de firmeza ante la opinión pública estadounidense. El riesgo, sin embargo, es evidente: cualquier paso en falso puede transformar una crisis interna iraní en un choque regional de mayor alcance.
El tope del 10% a las tarjetas: populismo financiero en la Casa Blanca
En el frente doméstico, Trump ha apuntado directamente al sector financiero. Su anuncio es simple y de alto impacto político: durante un año, a partir del 20 de enero, los tipos de interés de las tarjetas de crédito no deberían superar el 10%. Lo justifica con un argumento de justicia social: “no vamos a permitir que el público americano sea ‘estafado’ por compañías que cobran del 20% al 30%, o incluso más”.
El mensaje encaja en la narrativa de un presidente que dice corregir los “abusos” heredados. Trump vincula este tope con lo que presenta como una mejora tangible del poder adquisitivo: asegura que bajo su mandato las hipotecas han bajado ya al 5,7%, frente a “alrededor del 8%” durante la Administración Biden. La idea es clara: el Gobierno se presenta como árbitro directo del coste del crédito, tanto en vivienda como en consumo.
Sin embargo, la medida tiene aristas. La fijación de un techo temporal tan bajo rompe con la lógica habitual de precios en función del riesgo de impago. Un segmento relevante de los clientes de tarjetas —especialmente los más vulnerables— paga tipos altos porque sus probabilidades de morosidad también lo son. Obligar a las entidades a asumir ese riesgo con un margen limitado reduce drásticamente el incentivo a mantener abierta esa línea de crédito.
Ackman y Wall Street alertan de efectos perversos
El primero en levantar la voz ha sido Bill Ackman, uno de los gestores de fondos más conocidos de Wall Street. En otro mensaje en X, se refirió al plan de Trump como un “error”. Su argumento es directo: “sin poder cobrar tipos suficientes para cubrir pérdidas y generar un retorno adecuado sobre el capital, los emisores de tarjetas cancelarán millones de tarjetas; esos consumidores se verán obligados a recurrir a prestamistas usureros, con tipos más altos y condiciones peores”.
La advertencia apunta a un efecto colateral muy concreto: el recorte de líneas de crédito para los perfiles más frágiles, precisamente aquellos en cuyo nombre se anuncia la medida. Si los bancos consideran que no pueden repercutir el riesgo, la reacción típica será reducir exposición: menos tarjetas, menos límite disponible, más requisitos para concederlas. El hueco que dejen las entidades reguladas puede llenarse con prestamistas informales o productos opacos, mucho menos protegidos.
Además, el sector financiero advierte de otro problema: una medida de este tipo, aunque sea por un año, altera las expectativas de los inversores sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria. Si la Casa Blanca puede imponer de golpe un tope del 10% en tarjetas, el mercado teme que mañana pueda hacer algo similar con otros productos de crédito. En un contexto de desaceleración económica, el resultado puede ser justo el contrario de lo buscado: encarecimiento generalizado del riesgo y menor apetito a prestar.
El revés judicial por las ayudas infantiles: el límite institucional
No todos los movimientos de la Administración han prosperado. En el capítulo migratorio y social, un tribunal federal ha frenado el intento de la Casa Blanca de cortar subvenciones de cuidado infantil y otros programas en cinco estados gobernados por demócratas: California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York. Según el Gobierno, parte de esos fondos se destinaría a personas en situación irregular, lo que justificaba el recorte.
La resolución judicial, sin embargo, considera que la Administración se extralimitaba al usar ese argumento para bloquear ayudas ya aprobadas. El gobernador de California, Gavin Newsom, no ha ahorrado calificativos contra Trump, al que ha acusado de “acciones repugnantes, crueles e ilegales” y de usar a los niños como “peones políticos” para desviar la atención de sus propios problemas.
El episodio ilustra hasta qué punto los tribunales se han convertido en un contrapeso efectivo a algunas de las decisiones más agresivas del Ejecutivo. El intento de ligar ayudas sociales a la agenda antiinmigración se ha estrellado, de momento, contra el muro judicial. Y deja claro a los mercados que buena parte de la política económica y social de Trump está condicionada por litigios constantes, una fuente añadida de incertidumbre regulatoria.
Venezuela y el “gran acuerdo” con las petroleras
En paralelo, Trump exhibe su apuesta por la energía fósil como uno de los grandes pilares de su agenda económica. El presidente ha confirmado que 30 millones de barriles de crudo venezolano, con un valor aproximado de 4.000 millones de dólares, están ya rumbo a Estados Unidos. Asegura que se trata de un gesto de “respeto” por parte de Caracas hacia Washington y el resultado de una relación “mejor que nunca”.
El movimiento se enmarca en un plan más ambicioso: un megadeal con las grandes petroleras internacionales para “reconstruir” la industria venezolana, con inversiones que el propio Trump cifra en “cientos de miles de millones de dólares”. Según su relato, el dinero lo pondrán las empresas, pero necesitarán “protección y seguridad” del Gobierno estadounidense. A cambio, promete niveles de producción “nunca vistos antes” y una parte del crudo asignada en condiciones preferentes a las compañías que se sienten a la mesa.
La iniciativa plantea serios interrogantes. Reactivar la capacidad productiva venezolana exige años de inversión intensiva en un entorno de altísimo riesgo político y jurídico. Además, choca de frente con la narrativa de transición energética y con los compromisos climáticos asumidos por las grandes economías avanzadas. A corto plazo, puede suponer un alivio parcial a la factura energética; a medio, el peligro es consolidar un nuevo foco de dependencia estratégica y cargar a las petroleras —y, por extensión, a los mercados— con activos que pueden devaluarse aceleradamente si la demanda global de crudo se estanca.
Una agenda económica a golpe de titular
Vistos en conjunto, los anuncios de la semana dibujan un patrón que inquieta a economistas y juristas: una agenda que combina reflejos de campaña, decisiones de alto impacto mediático y un débil anclaje técnico. El tope a las tarjetas de crédito, el relato de hipotecas “milagrosamente” más baratas, el megadeal con las petroleras y la batalla por los fondos de ayuda infantil se presentan como victorias rápidas, pero cada una abre frentes estructurales que no se resuelven con un mensaje en redes sociales.
En el frente exterior, el apoyo explícito a los manifestantes iraníes y las amenazas de respuesta militar pretenden mostrar a Washington como actor firme y decidido. En el frente interno, las medidas sobre crédito y ayudas sociales aspiran a reforzar la imagen de un presidente que “defiende” al ciudadano frente a bancos, estados demócratas y enemigos externos. Pero bajo esa superficie se acumulan preguntas sin respuesta: ¿quién asumirá el coste del crédito limitado?, ¿qué seguridad real ofrecen las inversiones en Venezuela?, ¿hasta dónde puede tensarse la cuerda con Irán sin disparar el riesgo geopolítico?
La conclusión que empiezan a trazar los analistas es que Estados Unidos entra en 2026 con una política económica y exterior crecientemente reactiva, donde cada gesto de fuerza genera a la vez un nuevo foco de vulnerabilidad. Y donde la frontera entre estrategia y titular se difumina peligrosamente.