Saar exige a Francia y la UE aislar a Hezbolá
La presión israelí sobre París y Bruselas reabre una vieja contradicción europea: negociar con el Estado libanés mientras se intenta contener a una organización armada que sigue marcando la agenda militar del país.
La ofensiva diplomática de Israel ya no se limita al campo de batalla. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha aprovechado su reunión en Jerusalén con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, para reclamar que Francia y la Unión Europea designen a Hezbolá en su totalidad como organización terrorista, y no solo a su brazo armado. La petición llega en pleno deterioro del frente libanés, con más de 1.000 muertos en Líbano, un desplazamiento masivo que ronda el millón de personas y un sur del país convertido otra vez en epicentro de la inestabilidad regional.
Lo relevante no es solo la exigencia israelí, sino lo que revela: Europa sigue atrapada entre su ambición diplomática en Beirut, su dependencia de una arquitectura de seguridad fallida y la evidencia de que la distinción entre “ala política” y “ala militar” de Hezbolá cada vez resulta más difícil de sostener sobre el terreno. Francia, de hecho, ha endurecido el tono contra las operaciones del grupo y ha reclamado que las autoridades libanesas ejecuten decisiones para poner fin a su actividad militar, al tiempo que mantiene la apuesta por la mediación y la ayuda humanitaria.
La presión sobre París
La reunión entre Saar y Barrot no es un episodio aislado. Es el último movimiento de una estrategia israelí que busca trasladar a las capitales europeas una idea muy concreta: no puede haber estabilización del Líbano mientras Hezbolá conserve capacidad militar autónoma. Ese planteamiento encaja con la línea que Israel viene defendiendo desde el recrudecimiento del conflicto a comienzos de marzo, cuando la frontera norte volvió a convertirse en un frente activo y el sur libanés quedó sometido a una nueva espiral de ataques, evacuaciones y amenazas de incursión prolongada.
Francia, sin embargo, juega otra partida. París ha condenado los ataques de Hezbolá y ha respaldado al Gobierno de Nawaf Salam en su intención de reafirmar la autoridad del Estado, pero al mismo tiempo insiste en proteger la integridad territorial libanesa, preservar a la población civil y explorar un alto el fuego negociado. Esa doble vía —contención militar del grupo y defensa de la viabilidad institucional del Líbano— explica por qué la petición israelí golpea en el centro de la política francesa para Oriente Próximo.
La ficción de las dos alas
El núcleo del debate es jurídico, pero sobre todo político. La Unión Europea mantiene desde 2013 a la rama militar de Hezbolá en su lista terrorista, mientras preserva un margen de interlocución con actores políticos vinculados al movimiento dentro del sistema libanés. Esa lista se revisa periódicamente —al menos cada seis meses— y, en su renovación más reciente, el Consejo mantuvo el esquema general de sanciones con 15 personas y ocho grupos afectados.
El problema es que esa arquitectura nació de una premisa que hoy parece más frágil: que podía separarse la dimensión institucional de Hezbolá de su capacidad militar. Israel sostiene que esa diferenciación es artificial. Y no es el único precedente europeo que empuja en esa dirección. Alemania prohibió en 2020 todas las actividades de Hezbolá en su territorio, rompiendo expresamente con la lógica de las dos alas. El contraste con Bruselas es evidente: mientras algunos Estados miembros optan por una proscripción total, la UE como bloque sigue aferrada a una fórmula intermedia diseñada para no dinamitar del todo su influencia en Beirut.
El sur del Litani
La geografía importa. Y mucho. El río Litani vuelve a ser la línea que ordena el conflicto, igual que en otras fases de la historia reciente libanesa. Israel ha emitido órdenes de desplazamiento para residentes del sur y ha dejado claro que su objetivo es impedir cualquier reimplantación operativa de Hezbolá en esa franja. Human Rights Watch advirtió de que esas órdenes masivas de evacuación al norte del Litani plantean serias dudas legales y humanitarias, mientras el alto comisionado de la ONU denunciaba hace apenas unos días la destrucción de viviendas e infraestructuras civiles.
Lo más grave es que el conflicto no se limita ya a intercambios puntuales. Sobre el terreno, Israel ha ampliado operaciones en el sur del Líbano y varios análisis advierten del riesgo de una ocupación más prolongada o de la consolidación de una nueva zona tampón de facto. El precedente histórico pesa: cada intento de imponer seguridad exclusivamente por la vía militar en el sur libanés ha terminado alimentando nuevas formas de resistencia, debilitando al Estado central y prolongando la dependencia de actores armados no estatales.
Una diplomacia atrapada
Francia se ha colocado en una posición tan activa como incómoda. Por un lado, Barrot ha expresado apoyo a las decisiones del Ejecutivo libanés para frenar las operaciones militares de Hezbolá y reforzar la soberanía del Estado. Por otro, París insiste en que la escalada debe frenarse y ha ofrecido facilitar conversaciones de alto el fuego entre Israel y Líbano. Esa combinación de presión sobre Hezbolá y apuesta por la mediación define el actual papel francés.
En paralelo, Francia ha reforzado su perfil humanitario. Barrot anunció el envío de 60 toneladas de ayuda de emergencia al Líbano y la triplicación del volumen de asistencia inmediata, mientras la Comisión Europea activó un paquete extraordinario para responder al rápido aumento de desplazados, que ya superaban las 680.000 personas hace diez días. Ese esfuerzo revela una paradoja incómoda: Europa financia el alivio de una crisis que no logra contener políticamente.
El coste humano que ya desborda la política
Las cifras han dejado de ser accesorias. Según fuentes libanesas citadas por la ONU, al menos 886 personas habían muerto hasta el 16 de marzo, entre ellas 111 niños, y los balances posteriores ya sitúan el total por encima de 1.000 fallecidos. AP añade que el desplazamiento masivo ronda el millón de personas, un dato que ilustra hasta qué punto el frente libanés se ha convertido en una crisis nacional y no solo en un episodio fronterizo.
Ese deterioro humanitario cambia la lectura del debate europeo. Porque la cuestión ya no es únicamente si Hezbolá debe ser designado en bloque como organización terrorista, sino si esa decisión alteraría de verdad la correlación de fuerzas o llegaría demasiado tarde, cuando el daño sobre infraestructuras, población civil y capacidad estatal ya es profundo. El diagnóstico es inequívoco: Líbano vuelve a pagar el precio de una soberanía incompleta, atrapado entre la lógica de la guerra regional, la debilidad de sus instituciones y la supervivencia política de un actor armado que condiciona la vida nacional desde dentro y desde fuera.