Trump acusa a Jack Smith de espiar a senadores del GOP
En un nuevo capítulo incendiario de la batalla política de Estados Unidos, Donald Trump ataca sin ambages al ex fiscal especial Jack Smith tras revelaciones de que su equipo habría rastreado las comunicaciones privadas de destacados senadores republicanos durante la investigación sobre los eventos del 6 de enero de 2021. El republicano no duda en calificar al investigador como un “sleazebag”, mientras en Capitol Hill crece la tormenta de denuncias por abuso de poder.
El ambiente político estadounidense vuelve a hervir. El expresidente Donald Trump ha disparado contra Jack Smith con comentarios cargados de ira después de que salieran a la luz supuestas acciones de vigilancia sobre altos legisladores del Partido Republicano durante la famosa investigación del asalto al Capitolio. En su plataforma en Truth Social, Trump afirmó sin titubeos:
“Deranged Jack Smith got caught with his hand in the cookie jar. A real sleazebag!!!”
El escándalo surge tras un reporte de Fox News Digital, basado en un documento del FBI, que indica que el equipo de Smith, conocido como “Arctic Frost”, habría rastreado las llamadas telefónicas de senadores GOP como Lindsey Graham (Carolina del Sur), Marsha Blackburn (Tennessee), Ron Johnson (Wisconsin), Josh Hawley (Misuri), Cynthia Lummis (Wyoming), Bill Hagerty (Tennessee), Dan Sullivan (Alaska) y Tommy Tuberville (Alabama), así como del representante Mike Kelly. La métrica estudiada sería metadatos de llamadas (quién llamó a quién, duración y horarios), no el contenido de las mismas.
Varios senadores republicanos confirmaron que no tenían conocimiento previo de tales rastreos. El senador Chuck Grassley calificó la práctica de “espionaje político” y advirtió que se asemeja, en su magnitud, a Watergate. Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, exigió que los comités correspondientes investiguen esta aparente “abuso de poder”.
Trump no solo volcó su furia retórica hacia Smith, sino que sugirió posibles acciones legales en su contra, haciendo paralelismos con una “justicia armada contra adversarios”. Y aunque Smith se desempeñó como aquel fiscal especial designado para continuar la investigación sobre los sucesos del 6 de enero y la gestión de documentos clasificados, el actual episodio reaviva las críticas sobre la politización del Departamento de Justicia y las investigaciones federales.
La polémica revela grietas profundas en el debate sobre los límites del poder investigativo federal y el equilibrio entre seguridad, rendición de cuentas y protección de derechos. Para muchos legisladores y analistas, la llave de esta crisis se halla en Bogotá: ¿fue un acto legítimo dentro de un mandato judicial o un abuso atroz? La respuesta pondrá a prueba la confianza institucional en un momento de polarización extrema.