Takaichi disuelve la Cámara japonesa y convoca urnas el 8-F

El movimiento llega cuando su coalición apenas controla la mitad más uno de los escaños y afronta un creciente malestar por la inflación, los salarios estancados y los escándalos de financiación del Partido Liberal Democrático (PLD). Takaichi lo presenta como un plebiscito personal: «no hay otra vía que preguntar a los ciudadanos si debo seguir como primera ministra y si avalan este giro de política», admitió al anunciar la disolución. La consecuencia es inequívoca: Japón se encamina a unas elecciones que pueden redefinir su modelo económico y su papel en la seguridad asiática durante la próxima década.

La decisión que acelera el calendario

El mandato actual de la Cámara de Representantes no expiraba hasta octubre de 2028, pero Takaichi ha optado por quemar etapas y someterse a las urnas ahora, aprovechando un momento de gracia que pocos primeros ministros japoneses han disfrutado en los últimos años. La campaña durará apenas 16 días, lo mínimo legal y un récord de brevedad desde 1945. Este hecho revela la intención del Gobierno de limitar al máximo el margen de reacción de una oposición que aún está recomponiendo alianzas.

El adelanto llega en un contexto de erosión institucional: el PLD arrastra un grave escándalo de financiación, lastrando la marca del partido pese a la buena imagen personal de Takaichi. Al acortar el calendario, la primera ministra intenta transformar su narrativa de “liderazgo nuevo frente a un partido viejo” en un mandato claro para imponer su agenda.

Sin embargo, la jugada también encierra riesgos notables. Una campaña tan comprimida favorece al partido que controla el aparato y la maquinaria local, pero puede amplificar cualquier error de comunicación o gaffe de última hora. Además, la convocatoria precede a la aprobación del Presupuesto de 2026, lo que deja en suspenso decisiones clave sobre gasto social, inversión pública y defensa que inquietan tanto a empresas como a mercados.

En definitiva, Takaichi convierte el calendario electoral en un instrumento de poder: si gana con claridad, tendrá cuatro años largos para desplegar su proyecto; si queda a medio camino, Japón puede volver a la dinámica de gobiernos débiles y efímeros.

Una mayoría frágil y un mandato en disputa

Sanae Takaichi llegó a la jefatura del Gobierno en octubre de 2025, tras imponerse en la carrera interna del PLD y ser elegida por la Dieta como la 104.ª primera ministra del país, la primera mujer en ocupar el cargo. Para sostenerse, articuló una coalición con el Partido de la Innovación de Japón (Nippon Ishin) después de la salida de Komeito, tradicional socio del PLD. El resultado es una mayoría mínima: la alianza controla en torno a 233 de los 465 escaños de la Cámara Baja, justo el listón que marca la mayoría absoluta.

Este equilibrio inestable explica buena parte del adelanto electoral. Con una oposición reorganizándose —Komeito se ha acercado al Partido Democrático Constitucional y otras formaciones centristas—, Takaichi teme que unas elecciones posteriores, ya sin el impulso de su “efecto novedad”, se conviertan en un referéndum contra el PLD. Ahora, en cambio, quiere que el voto se lea como una ratificación de su figura y de su agenda de reformas.

Lo más grave, desde la óptica del Gobierno, es que con la aritmética actual resulta casi imposible abordar cambios estructurales —como la reforma constitucional o una reordenación profunda del sistema fiscal— sin depender de socios coyunturales en cada votación. La consecuencia es clara: o Takaichi sale del 8-F con una mayoría reforzada, o su capacidad de maniobra quedará hipotecada por las negociaciones permanentes con partidos que desconfían de su giro nacionalista.

El contraste con otros momentos de hegemonía conservadora en Japón —como el “tsunami Koizumi” de 2005 o las mayorías holgadas de Shinzo Abe— resulta demoledor. Entonces, el PLD podía permitirse imponer su hoja de ruta; hoy, incluso en el poder, gobierna casi en minoría.

La reforma constitucional en el centro del tablero

Más allá de la coyuntura electoral, el gran proyecto político de Takaichi es la reforma de la Constitución pacifista de 1947, en particular del célebre Artículo 9, que renuncia a la guerra y limita el papel de las Fuerzas de Autodefensa. La primera ministra, de perfil claramente conservador, lleva años defendiendo que la Carta Magna reconozca explícitamente un “Ejército Nacional” y permita capacidades ofensivas para responder a amenazas en la región.

Para cambiar la Constitución, sin embargo, necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras y la ratificación posterior en referéndum. En la práctica, eso implica ensanchar de forma sustancial la representación del bloque favorable a la reforma o, como mínimo, fracturar la disciplina de unos partidos de oposición que han hecho de la defensa del pacifismo un elemento identitario. El adelanto electoral se entiende, en parte, como una carrera contra el reloj para aprovechar la actual ola de preocupación por China, Corea del Norte y Rusia.

Este hecho revela hasta qué punto la política de seguridad se ha vuelto central en el debate japonés. Durante décadas, la controversia se centró en el ritmo del crecimiento o en las reformas estructurales; hoy, la discusión gira en torno a misiles hipersónicos, ciberdefensa y cooperación militar con Estados Unidos y otros aliados en el Indo-Pacífico.

De conseguir un mandato amplio, Takaichi tendría la legitimidad política para impulsar un cambio histórico que alteraría el equilibrio de poder en Asia. Si fracasa, es probable que la ventana de oportunidad para la reforma constitucional se cierre durante años, con un coste reputacional significativo para la propia primera ministra.

La apuesta económica: rebaja fiscal y más gasto

En el frente económico, Takaichi propone una combinación de rebaja fiscal al consumo y mayor gasto público que ha despertado entusiasmo entre los hogares y recelos en los mercados. Su medida estrella es la suspensión durante dos años del tipo del 8% del impuesto al consumo sobre los alimentos, una medida que podría costar alrededor de 5 billones de yenes al año —unos 32.000 millones de euros— en menores ingresos fiscales.

El Gobierno defiende esta decisión como una forma de aliviar el impacto de la inflación —que ha erosionado salarios reales tras años de precios estables— y de reactivar el consumo interno, todavía débil tras la pandemia. Según los sondeos citados por la prensa japonesa, cerca del 45% de los votantes sitúa el encarecimiento de la vida como su principal preocupación política, muy por encima de la corrupción o la geopolítica.

Takaichi encuadra este giro dentro de su propio recetario, bautizado por sus asesores como “Sanaenomics”, una variante continuista del Abenomics: política monetaria expansiva, gasto fiscal flexible y fuertes inversiones en sectores estratégicos como semiconductores, defensa, biotecnología o inteligencia artificial. La idea es utilizar el músculo del Estado para reforzar la autonomía económica de Japón frente a China y, al mismo tiempo, sostener la demanda interna.

Sin embargo, la crítica es inmediata: Japón ya soporta una deuda pública superior al 250% del PIB, la más alta del mundo desarrollado. Un recorte temporal de impuestos sin un plan creíble de consolidación a medio plazo puede percibirse como una huida hacia adelante. El diagnóstico de muchos economistas es inequívoco: el margen fiscal existe gracias a los tipos ultrabajos, pero no es infinito.

Mercados en guardia ante la deuda japonesa

El anuncio de elecciones anticipadas y de una rebaja fiscal millonaria ha tenido un efecto rápido donde más duele: en el mercado de deuda. Los rendimientos de los bonos públicos japoneses se han disparado hasta niveles no vistos en casi tres décadas, reflejando el nerviosismo de los inversores ante la posibilidad de que el próximo Gobierno combine más gasto, menos ingresos y una trayectoria incierta del Banco de Japón tras años de control férreo de la curva de tipos.

La propia estructura del mercado hace a Japón especialmente sensible. Con el banco central como gran tenedor de títulos, cualquier ajuste en su estrategia —una subida de tipos más agresiva, un relajamiento del techo a los rendimientos— se traslada de inmediato a la percepción de sostenibilidad de la deuda. Si a ello se suma una agenda política que prioriza el estímulo sobre la disciplina presupuestaria, el cóctel es explosivo.

Lo más grave para Tokio es que esta tensión se produce en un momento de endurecimiento monetario global. Un repunte prolongado de la rentabilidad de los bonos japoneses podría desencadenar un efecto dominó sobre el yen, las salidas de capital y el coste de financiación del propio sector privado.

Para Europa y Estados Unidos, un Japón más volátil en los mercados de deuda no es una cuestión marginal. El país sigue siendo uno de los mayores acreedores internacionales; cualquier necesidad de repatriar capital a gran escala para financiarse internamente tendría implicaciones directas sobre los flujos globales y sobre el apetito por deuda soberana de otros Estados muy endeudados.

China, Taiwán y la presión geopolítica

La dimensión internacional de la apuesta de Takaichi no es menor. La primera ministra ha endurecido el tono frente a China, alineándose con la visión de Washington sobre Taiwán y sugiriendo que Japón debería estar preparado para intervenir si su seguridad se viera directamente amenazada. Estas declaraciones han elevado la temperatura diplomática: Pekín ha respondido con restricciones a ciertas exportaciones de uso dual hacia el complejo militar japonés y con una campaña retórica contra el “revanchismo” nipón.

Al mismo tiempo, Takaichi ha acelerado el compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB antes de 2027, y ahora incluso plantea adelantar ese objetivo para responder al deterioro del entorno estratégico, marcado por la guerra de Ucrania, la crisis en Oriente Medio y las pruebas de misiles norcoreanas. Esto supone prácticamente duplicar el esfuerzo defensivo respecto a la media histórica de Japón, durante décadas anclado en torno al 1%.

Este hecho revela una transformación silenciosa pero profunda: el país que durante medio siglo simbolizó el pacifismo constitucional quiere convertirse en un actor militar de primer orden en el Indo-Pacífico. Para Estados Unidos y sus aliados, es una buena noticia en términos de reparto de cargas; para China y Corea del Sur, una fuente de inquietud por las heridas aún abiertas de la historia.

La campaña electoral, en este terreno, será un termómetro del grado de apoyo social a ese giro. Si la oposición logra convertir el 8-F en un plebiscito sobre el pacifismo constitucional, la política exterior japonesa puede entrar en una fase de polarización desconocida.

Lo que está en juego el 8 de febrero

El 8-F no se juega solo la continuidad de Sanae Takaichi; se dirime el rumbo de la tercera economía del mundo en un momento de inflexión. Un resultado claro a favor del PLD y sus aliados daría a la primera ministra el margen necesario para desplegar su tríada de reformas: rebaja fiscal selectiva, impulso del gasto estratégico y reforma constitucional. Con una mayoría ampliada —por encima, por ejemplo, de los 260-270 escaños—, las resistencias internas en el partido se diluirían y la oposición quedaría relegada a una función testimonial.

En cambio, un escenario de mayoría corta o Parlamento fragmentado abriría una etapa de negociaciones interminables, con gobiernos de coalición inestables y reformas descafeinadas. El contraste con otras épocas de liderazgo fuerte en Japón, como las mayorías de Koizumi o Abe, sería evidente. En ese caso, lo más probable es que Takaichi se vea obligada a aparcar la reforma constitucional y a moderar su agenda fiscal para tranquilizar a los mercados.

Para los socios de Japón, desde Estados Unidos hasta la Unión Europea, el resultado será clave. De él dependerá la capacidad de Tokio para asumir un mayor protagonismo en la seguridad regional, liderar iniciativas en cadenas de suministro críticas —chips, baterías, materias primas— y mantener un equilibrio delicado entre disciplina fiscal y estímulo económico.

El diagnóstico, a día de hoy, es inequívoco: Takaichi ha decidido convertir su capital político inicial en una apuesta de alto riesgo. Si gana, tendrá carta blanca para rediseñar el contrato social y de seguridad del país; si pierde, Japón volverá al guion de la inestabilidad crónica. Y, en ambos casos, el 8-F será recordado como la fecha en la que la primera mujer al frente del Gobierno japonés decidió preguntarle directamente a las urnas si el país estaba dispuesto a seguirla.