Trump amenaza con aranceles a quien frene su plan para Groenlandia
Donald Trump ha vuelto a cruzar una línea roja en su particular pulso con Europa por el Ártico. El presidente de Estados Unidos insinuó este viernes que podría imponer aranceles a los países que “no vayan en la línea” de su plan para que Washington tome el control de Groenlandia, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. «Puedo poner un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por seguridad nacional», afirmó en un acto en la Casa Blanca. La amenaza llega tras meses de escalada verbal sobre la isla, rica en minerales críticos y clave para el despliegue militar en el Ártico, y convierte un pulso diplomático en un posible casus belli comercial con aliados de la OTAN.
La reacción ha sido inmediata: una delegación bipartidista de 11 congresistas aterrizó este mismo viernes en Copenhague para rebajar la tensión y reafirmar el apoyo de Washington a la soberanía de Dinamarca y Groenlandia. Mientras tanto, en el Capitolio se multiplican las iniciativas para limitar legalmente cualquier intento de anexión forzosa o uso de la fuerza en el Ártico, en un momento en el que solo un 17% de los estadounidenses apoya la idea de que EEUU se haga con Groenlandia. La consecuencia es clara: el choque ya no es solo simbólico. Amenaza con arrastrar a la relación económica transatlántica, que mueve en torno a 1,5 billones de dólares anuales en comercio de bienes y servicios entre EEUU y la UE.
Una amenaza arancelaria sin precedentes contra aliados
El uso de los aranceles como arma política no es nuevo en la Casa Blanca de Trump. Lo utilizó frente a China y, en menor medida, frente a la propia Unión Europea en la guerra comercial de su primer mandato. Pero vincular tarifas punitivas a la aceptación de un plan de anexión sobre territorio de un aliado de la OTAN supone un salto cualitativo. Esta vez, el mensaje no se dirige a “rivales sistémicos”, sino a socios que comparten tratados de defensa, inteligencia y comercio desde hace décadas.
El presidente expuso su idea en un foro sobre inversión en sanidad rural, en el que volvió a presumir de haber utilizado los aranceles como herramienta para doblar el brazo a otros países en materia de precios de medicamentos o acceso a mercados. A renglón seguido, deslizó que podría repetir la jugada con quienes frenan su agenda sobre Groenlandia. «Lo hice con los fármacos, lo haré con Groenlandia si es necesario», vino a decir, en una lógica de “palo arancelario” trasladada ahora al terreno de la soberanía territorial.
El contraste con la magnitud de los vínculos económicos es demoledor. Solo en 2024, el comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y la Unión Europea alcanzó los 1,5 billones de dólares, con un déficit estadounidense de bienes cercano a los 236.000 millones, pero un superávit holgado en servicios. Dinamarca, aparentemente pequeña en esa ecuación, canaliza sin embargo unos 37.500 millones de dólares anuales en intercambios bilaterales con EEUU, entre exportaciones e importaciones. Golpear con aranceles para forzar la mano a Copenhague supondría, de facto, penalizar a empresas, trabajadores y consumidores a ambos lados del Atlántico por un pulso estrictamente político.
Groenlandia, de chiste diplomático a casus belli comercial
Cuando Trump planteó por primera vez comprar Groenlandia en 2019, buena parte de Europa reaccionó con una mezcla de perplejidad y sorna. La entonces recién estrenada primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la idea de «absurda», recordando que Groenlandia no está en venta y que la decisión sobre su futuro no corresponde solo a Copenhague. El episodio acabó con la cancelación abrupta de una visita de Estado a Dinamarca y se archivó mediáticamente como una extravagancia más del inquilino de la Casa Blanca.
Seis años después, el tono ha cambiado. Lo que entonces parecía una boutade se ha transformado en una estrategia articulada: emisarios especiales para Groenlandia, visitas programadas a Nuuk, documentos oficiales que describen la isla como “vital” para la defensa antimisiles y, ahora, la amenaza explícita de castigo económico a quien se oponga al plan. El debate ha dejado de ser anecdótico para convertirse en un factor de riesgo político que Bruselas, Copenhague y las capitales nórdicas ya incluyen en su análisis de escenarios.
Este hecho revela la profundidad del giro estratégico de Washington hacia el Ártico. En apenas una década, Groenlandia ha pasado de esquina remota del mapa a pieza central en la competencia entre Estados Unidos, Rusia y China. La “broma” inicial encubre ahora una disputa con implicaciones sobre rutas marítimas, cadenas de suministro de minerales críticos y equilibrio de fuerzas dentro de la OTAN.
Por qué Washington dice que “necesita” Groenlandia
La argumentación oficial de la Casa Blanca se resume en una frase: “necesitamos Groenlandia por seguridad nacional”. Detrás de esa afirmación hay tres vectores principales. El primero es militar: Estados Unidos mantiene desde la Guerra Fría la base de Pituffik (antigua Thule) en el noroeste de Groenlandia, clave para el sistema de alerta temprana ante misiles y para la vigilancia espacial en el Ártico. Controlar el territorio, sostiene el entorno de Trump, permitiría consolidar un escudo antimisiles extendido hacia el Polo Norte y limitar los movimientos rusos en la región.
El segundo vector es económico. Groenlandia alberga yacimientos significativos de tierras raras y minerales críticos. El proyecto Tanbreez, en el sur de la isla, se estima que podría concentrar en torno al 18% de las reservas mundiales de tierras raras pesadas, un tipo de recurso del que China controla buena parte de la producción y el procesado. Para la Administración Trump, traer esos activos “bajo control directo estadounidense” sería una forma de “des-riesgar” la cadena de suministro frente a Pekín.
El tercer factor es geopolítico: el derretimiento acelerado del hielo ártico abre nuevas rutas de navegación entre Asia, Europa y Norteamérica. Las costas groenlandesas se convierten así en futura bisagra logística, con puertos de aguas profundas y posible infraestructura energética. En este contexto, Washington percibe la isla como un “ancla” estratégica en un océano cada vez más abierto, mientras que Copenhague y Nuuk insisten en que la cooperación militar y económica puede reforzarse sin que ello implique un cambio de soberanía.
La respuesta de Dinamarca, Groenlandia y el propio Congreso estadounidense
Ante la escalada verbal de Trump, la reacción no ha llegado primero desde Europa, sino desde el propio Capitolio. Once congresistas de ambos partidos, encabezados por el senador demócrata Chris Coons, han viajado a Copenhague y Nuuk con un objetivo explícito: «bajar la temperatura» y transmitir a Dinamarca y Groenlandia que “Estados Unidos valora a Groenlandia como aliado, no como activo”. Entre ellos figuran republicanos tan poco sospechosos de antiamericanismo como Lisa Murkowski, que ha recordado que la mayoría de los estadounidenses, incluidos sus propios votantes en Alaska, rechazan la idea de una adquisición forzosa.
Paralelamente, en Washington se han registrado varias iniciativas legislativas para atar las manos a la Casa Blanca. Un grupo de senadores impulsa enmiendas para bloquear cualquier financiación que pudiera destinarse a operaciones militares relacionadas con una anexión de Groenlandia, mientras que en la Cámara de Representantes se prepara una resolución de poderes de guerra que reforzaría el papel del Congreso en cualquier decisión de uso de la fuerza. Otra propuesta, presentada de forma bipartidista, reafirma de manera explícita la soberanía danesa sobre Groenlandia y rechaza cualquier intento de anexión sin consentimiento.
La posición danesa, por su parte, se mantiene firme: Groenlandia no está en venta. El Gobierno de Frederiksen, en coordinación con su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha recordado que cualquier discusión sobre el futuro estatus de la isla pasa por la autodeterminación de su población, y no por negociaciones bilaterales entre Copenhague y Washington. Para Nuuk, además, el pulso de Trump reabre heridas coloniales en una sociedad donde los movimientos a favor de una independencia gradual, ligada al desarrollo económico, llevan años ganando terreno.
Soberanía, derecho internacional y el límite de los aranceles
Más allá de la pugna política, el plan implícito de Trump choca con principios básicos del derecho internacional. La propia Ley de Autogobierno de Groenlandia, aprobada en 2009, reconoce al pueblo groenlandés como sujeto de autodeterminación bajo la Carta de Naciones Unidas. La adquisición forzosa de un territorio perteneciente a un aliado, sin el consentimiento de su población ni del Estado soberano, vulneraría tanto ese marco como el principio de integridad territorial consagrado en la ONU.
El recurso a los aranceles añade una capa más polémica. El uso de medidas comerciales para forzar decisiones de política exterior ajenas no es nuevo, pero aplicarlo a un socio de la OTAN en un asunto de soberanía supone situarse en el filo de la coerción económica. Varios juristas recuerdan que lo que Trump plantea se parece menos a una transacción legítima y más a un intento de anexión bajo presión, difícilmente compatible con la práctica internacional en relaciones entre democracias.
La OTAN, de momento, evita el choque frontal. Sin embargo, diplomáticos europeos advierten de que un escenario en el que un miembro utiliza su superioridad económica para intentar redibujar fronteras dentro de la propia Alianza sería devastador para la credibilidad del bloque. «Si aceptamos que un aliado pueda amenazar con castigar económicamente a otro para apropiarse de su territorio, ¿qué queda del compromiso de defensa colectiva?», resume un alto cargo europeo. El diagnóstico es inequívoco: la línea roja no es solo militar, también económica y jurídica.
El efecto dominó sobre la relación transatlántica
La amenaza arancelaria llega en el peor momento posible para la relación económica entre Estados Unidos y Europa. Tras años de volatilidad, el comercio de bienes y servicios entre ambos bloques ha alcanzado máximos históricos, con un volumen conjunto que ronda los 1,5 billones de dólares anuales y representa en torno al 5% del PIB de la UE solo en exportaciones hacia EEUU. Cualquier escalada tarifaria tendría un impacto no solo simbólico, sino también tangible en las cuentas de resultados de miles de empresas.
El caso de Dinamarca ilustra bien la interdependencia. En 2024, el país exportó a Estados Unidos bienes y servicios por unos 366.000 millones de coronas danesas —cerca de 49.000 millones de euros—, mientras importó por unos 189.000 millones, con un papel creciente de los servicios de alto valor añadido. EEUU, por su parte, mantiene un flujo comercial con Dinamarca de unos 37.500 millones de dólares entre importaciones y exportaciones, según estimaciones recientes.
La paradoja es evidente: una disputa sobre una isla de apenas 56.000 habitantes podría alimentar una nueva ronda de tensiones arancelarias entre dos bloques que, sumados, concentran cerca del 40% del PIB mundial. Los mercados ya descuentan un aumento de la volatilidad si la retórica se traduce en medidas concretas. Sectores como el farmacéutico, el agroalimentario o el transporte marítimo —todos con fuerte exposición recíproca— figuran entre los más vulnerables.