Trump convierte a Venezuela en “nuevo amigo” petrolero de EEUU
La nueva doctrina exterior de Estados Unidos se ha estrenado en Caracas. Apenas siete semanas después de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para responder por cargos de narcoterrorismo, Donald Trump ha utilizado su primer State of the Union de este segundo mandato para presentar a Venezuela como un “nuevo amigo” de Washington y para anunciar que Estados Unidos ha asegurado 80.000 millones de barriles de petróleo del país con las mayores reservas del planeta. El giro es mayúsculo: el que hasta hace poco era el símbolo del eje bolivariano pasa a ser, en el relato de Trump, un socio clave de la seguridad energética estadounidense. La intervención del 3 de enero, cuestionada por Naciones Unidas y por aliados tradicionales de Washington por vulnerar la soberanía venezolana, ha desembocado en un acuerdo político con la nueva jefatura de facto, encabezada por la dirigente chavista Delcy Rodríguez, que intenta ahora equilibrar amnistías parciales, continuidad del aparato de poder y apertura acelerada al capital extranjero.
De enemigo sancionado a “nuevo amigo” de Washington
Hasta hace muy poco, Venezuela era el ejemplo perfecto de “Estado paria” para Washington: sanciones financieras, veto al crudo venezolano, ruptura de relaciones diplomáticas y reconocimiento formal de un presidente interino que nunca llegó a ejercer el poder efectivo. Hoy, Trump describe al país como un aliado estratégico en el hemisferio occidental.
El punto de inflexión fue la intervención del 3 de enero de 2026, una operación relámpago con apoyo de fuerzas especiales estadounidenses que culminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. El propio Trump ha defendido la actuación como una “acción de aplicación de la ley”, mientras buena parte de la comunidad internacional la considera una violación flagrante de la Carta de la ONU. Según las primeras estimaciones, entre 23 y más de 40 efectivos de seguridad venezolanos habrían muerto, además de una treintena de asesores cubanos.
Tras la operación, el régimen no se derrumbó. El chavismo se reordenó en torno a Delcy Rodríguez, que juró el cargo de presidenta interina y ha optado por una vía pragmática: cooperación plena con Estados Unidos a cambio de supervivencia política y acceso a divisas. La reapertura de la Embajada de EEUU en Caracas, las visitas de alto nivel del secretario de Estado Marco Rubio y del jefe del Comando Sur y la negociación de acuerdos energéticos acelerados dibujan una relación que pasa de la hostilidad abierta a un realismo crudo: petróleo a cambio de protección.
El botín petrolero: 80.000 millones de barriles
El mensaje de Trump al Congreso fue explícito: el acuerdo con Caracas forma parte de una estrategia para “garantizar energía barata y segura para los estadounidenses durante décadas”. Según la propia Casa Blanca y filtraciones posteriores, Washington habría asegurado derechos de explotación o suministro preferente sobre unos 80.000 millones de barriles, algo menos de un tercio de las reservas probadas de Venezuela, estimadas en torno a 303.000 millones de barriles, el 17 % del petróleo mundial.
En paralelo, el Gobierno estadounidense ya había anunciado un primer acuerdo de suministro de 50 millones de barriles, con pagos adelantados por unos 300 millones de dólares, y la emisión de licencias especiales para que compañías estadounidenses y europeas vuelvan a operar en el país sin las restricciones de las sanciones anteriores.
La aritmética estratégica es evidente: si solo un tercio de ese volumen llega efectivamente a mercado en la próxima década, estaríamos hablando de una media de 700.000 barriles diarios adicionales, que podrían cubrir en torno al 30 % del consumo de crudo de Estados Unidos durante varios años o sustituir casi por completo las importaciones procedentes de algunos socios incómodos como Arabia Saudí o Irak. El diagnóstico es inequívoco: Trump ha decidido que la seguridad energética merece el coste político y jurídico de una intervención militar en un tercer país.
Una intervención que cambia las reglas del juego
Aunque la Casa Blanca insiste en presentar la operación como un caso excepcional, la lógica que hay detrás preocupa incluso a aliados tradicionales. El uso directo de fuerza militar para asegurar recursos energéticos revive el fantasma de las guerras del petróleo, pero con un elemento adicional de riesgo: Trump ha asumido que el coste diplomático es asumible si a cambio se garantiza un suministro estable antes del 250 aniversario de la independencia de EEUU.
Los primeros análisis de think tanks y académicos coinciden en un punto: el éxito táctico de la operación —Maduro está en una celda de Manhattan y buena parte de los presos políticos han sido liberados— no ha desmontado el entramado de poder chavista. Ministros clave como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino siguen en sus puestos, las fuerzas armadas permanecen intactas y las milicias armadas no han sido desmanteladas. “Quitar a Maduro no ha cambiado la ecuación fundamental de control”, resumía una analista del International Crisis Group.
Este hecho revela una paradoja: cuanto más limitada es la transformación política interna, más evidente resulta que el objetivo central era el petróleo. Y eso alimenta la percepción, tanto en América Latina como en Europa, de que Estados Unidos ha cruzado un umbral que podría repetir en otros contextos, desde el Golfo de Guinea hasta ciertas monarquías del Golfo en crisis.
El nuevo tablero energético del hemisferio
La captura de Maduro y la posterior normalización acelerada con Caracas han tenido efectos inmediatos en el vecindario. Cuba, que dependía de Venezuela para más del 50 % de su suministro de crudo, sufre ya cortes eléctricos de más de 12 horas, mientras Moscú y Pekín recalculan su estrategia en la región tras perder un socio que les vendía petróleo con fuertes descuentos.
En el lado opuesto, compañías como Repsol han movido ficha con rapidez. La petrolera española ha anunciado que pretende triplicar su producción en Venezuela en tres años, aprovechando las nuevas licencias norteamericanas y la promesa de que el Gobierno de Rodríguez reanude el pago de la deuda pendiente, cifrada en unos 4.500 millones de euros. La reacción del mercado ha sido inmediata: las acciones de Repsol subieron casi un 3 % tras el anuncio.
Si se suman los proyectos de otras grandes, la inversión potencial en el país podría superar fácilmente los 25.000 millones de dólares en la próxima década, siempre que el marco jurídico se mantenga estable. Sin embargo, los analistas recuerdan que el crudo venezolano es extra pesado, costoso de extraer y refinar; sin un plan masivo de infraestructuras y tecnología, buena parte de esas reservas seguirá en el subsuelo.
Riesgos jurídicos, políticos y de legitimidad
El contraste con otras regiones resulta demoledor en el plano del derecho internacional. Mientras Washington denuncia la injerencia rusa en Ucrania o el expansionismo chino en el mar de China Meridional, aliados europeos ven con incomodidad cómo Estados Unidos justifica una intervención armada en Venezuela en nombre de la lucha antidroga y de la democracia, para a renglón seguido firmar acuerdos preferentes sobre sus recursos.
Diversos expertos en derecho internacional han señalado ya que la operación vulnera el principio de no intervención y el respeto a la soberanía recogidos en la Carta de la ONU. Al menos ocho países —entre ellos Brasil, España, Sudáfrica y México— han expresado reservas formales o han pedido una investigación independiente sobre el ataque y sobre el traslado de Maduro a territorio estadounidense.
Lo más grave, desde la perspectiva de la región, es el precedente: si un presidente impopular, acusado de corrupción y con elecciones dudosas puede ser capturado por tropas extranjeras con el argumento de la narcopolítica, muchos gobiernos temen quedar expuestos. El riesgo es que la intervención en Venezuela se convierta en modelo para una política exterior más agresiva, envuelta ahora en la retórica del “Donroe Doctrine”, una reinterpretación personalísima de la doctrina Monroe que Trump exhibe sin complejos.
Qué puede pasar ahora en Venezuela
Sobre el terreno, la realidad sigue lejos del relato de victoria total que dibuja Trump. Aunque se han liberado más de 450 presos políticos y está en marcha una ley de amnistía, la arquitectura chavista continúa en pie, los colectivos armados siguen operativos y las fuerzas de seguridad mantienen un control férreo de los barrios populares.
Delcy Rodríguez ha prometido reformas graduales y elecciones “cuando las condiciones estén dadas”, pero ni el Tribunal Supremo ni la Asamblea Nacional —ambos bajo control oficialista— han fijado un calendario claro. Las organizaciones de derechos humanos alertan de que la amnistía excluye a buena parte de los casos más graves y permite recalificar delitos comunes para seguir encarcelando a disidentes.
En este contexto, la posibilidad de una transición ordenada depende de varios factores: la capacidad de la oposición para reorganizarse tras años de persecución, el grado de cohesión del chavismo sin su líder histórico y la paciencia de una población exhausta que, pese a celebrar la caída de Maduro, empieza a comprobar que el petróleo que sale del Orinoco no se traduce de inmediato en comida, medicinas ni seguridad.