Trump exige el liderazgo mundial de EEUU en inteligencia artificial y criptomonedas

Donald Trump ha elevado la carrera tecnológica a la categoría de prioridad estratégica nacional. El presidente de Estados Unidos sostiene que el país debe convertirse en la «superpotencia número uno» en inteligencia artificial y criptomonedas, dos industrias que considera decisivas para dominar la economía global durante las próximas décadas.

Su diagnóstico es rotundo: la inteligencia artificial será «más grande que Internet» y el país que controle su desarrollo impondrá buena parte de las reglas económicas, industriales y militares del futuro. Sin embargo, detrás de esa ambición aparece un problema mucho menos virtual: producir suficiente electricidad sin trasladar la factura a los hogares.

Una carrera sin margen de error

Trump presentó la competencia internacional por la inteligencia artificial como una batalla de resultado binario. «Quien gane esta carrera, ganará. Punto», afirmó durante un acto dedicado al denominado Ratepayer Protection Pledge, el compromiso impulsado por la Casa Blanca para proteger a los consumidores del impacto energético de los centros de datos.

La declaración refleja un cambio de escala. Washington ya no contempla la IA únicamente como una industria tecnológica, sino como una infraestructura estratégica comparable a la energía, las telecomunicaciones o la defensa. Estados Unidos compite principalmente con China por los chips avanzados, los modelos fundacionales, el talento científico y la capacidad de procesamiento.

El contraste resulta evidente: disponer de los mejores algoritmos servirá de poco sin centros de datos capaces de entrenarlos y operarlos.

El cuello de botella eléctrico

La expansión de la inteligencia artificial exige instalaciones que funcionan durante las 24 horas del día y concentran un consumo eléctrico extraordinario. Algunas estimaciones sitúan actualmente a los centros de datos en torno al 4,4% de la electricidad estadounidense, una proporción que podría acercarse al 12% en 2030 si se mantienen las inversiones previstas.

Trump sostiene que Estados Unidos tendrá que duplicar su capacidad de generación eléctrica para absorber la nueva demanda. La magnitud del desafío explica por qué el debate tecnológico ha terminado desplazándose hacia las centrales eléctricas, las redes de transmisión, los permisos administrativos y el coste de las infraestructuras.

Lo más grave sería construir una economía digital de vanguardia sobre una red incapaz de alimentarla.

Las tecnológicas deberán pagar

La respuesta de la Administración consiste en obligar a los grandes operadores tecnológicos a construir, contratar o adquirir toda la energía necesaria para sus centros de datos. También deberán asumir el coste de las nuevas plantas, las líneas de transporte y las ampliaciones de red asociadas a sus proyectos.

El compromiso ya cuenta con más de 200 organizaciones, entre empresas energéticas, desarrolladores y administraciones estatales. Participan además 23 gobernadores, más de 150 compañías eléctricas y siete grandes grupos tecnológicos: Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI.

La Casa Blanca calcula que los firmantes representan aproximadamente el 80% de la electricidad distribuida en el país y alcanzan a unos 263 millones de ciudadanos.

La promesa de bajar la factura

Trump asegura que el aumento de generación no solo evitará que los hogares subvencionen indirectamente a las tecnológicas, sino que terminará reduciendo el precio de la electricidad. La lógica económica es que las inversiones privadas crearán capacidad adicional, reforzarán la red y generarán un excedente energético aprovechable por el conjunto del sistema.

Sin embargo, el diagnóstico no es inequívoco. El compromiso es voluntario y buena parte de las tarifas eléctricas se determina mediante reguladores estatales, contratos privados y mercados regionales. Distintos analistas cuestionan que una declaración política pueda garantizar por sí sola una bajada efectiva de precios.

La promesa es ambiciosa; su cumplimiento dependerá de contratos exigibles, inversiones reales y plazos administrativos.

Criptomonedas y soberanía financiera

La estrategia no termina en la inteligencia artificial. Trump también pretende que Estados Unidos lidere el ecosistema de las criptomonedas, una industria que su Administración vincula con la innovación financiera, la soberanía monetaria y la capacidad para atraer capital internacional.

El presidente ya había defendido el crecimiento responsable de los activos digitales y se había presentado como el primer mandatario estadounidense abiertamente favorable al sector.

IA y criptomonedas comparten, además, un elemento crítico: ambas necesitan grandes cantidades de energía. El desarrollo simultáneo de centros de datos y explotaciones de minería digital puede aumentar la presión sobre las redes regionales, especialmente en estados con abundante suelo, fiscalidad favorable y electricidad barata.

El riesgo de una reacción social

El despliegue tecnológico comienza a provocar resistencia en distintas comunidades. Los vecinos temen subidas de tarifas, ruido, consumo intensivo de agua y ocupación de grandes superficies, mientras algunos estados estudian límites o moratorias para nuevas instalaciones.

Este hecho revela la principal debilidad del plan: la supremacía tecnológica requiere aceptación social. Las inversiones multimillonarias pueden convertirse en un problema político si los ciudadanos perciben que las grandes compañías reciben ventajas mientras ellos soportan los costes.

Trump intenta anticiparse a ese rechazo con una fórmula directa: quien necesite la energía deberá pagarla. El éxito de la estrategia dependerá de que esa obligación deje de ser una promesa y se traduzca en más generación, mejores redes y recibos realmente más bajos.