Trump renuncia al pago inmediato de 200 millones que exigía a Harvard
La segunda Administración Trump ha dado un giro táctico en uno de sus frentes más simbólicos contra la academia estadounidense. Según avanzan varios medios, el presidente ha decidido retirar la exigencia de un pago inmediato de 200 millones de dólares a Harvard como condición para sellar un acuerdo y descongelar parte de los fondos federales de investigación vetados al campus de Massachusetts. La cifra era la referencia mínima en la negociación, después de que Columbia pactara este verano una multa de 221 millones para cerrar sus propios expedientes por antisemitismo y políticas de diversidad.
Un giro táctico tras meses de presión máxima
La retirada del cheque de 200 millones no supone, ni de lejos, una marcha atrás en la ofensiva de Washington contra Harvard. Es, más bien, un ajuste táctico después de casi un año de escalada: congelación súbita de hasta 2.2–2.3 miles de millones de dólares en ayudas de investigación, amenazas sobre otros 1.000 millones adicionales y la orden de no conceder nuevos proyectos hasta que la universidad aceptara un paquete de exigencias políticas sin precedentes.
La Casa Blanca ha utilizado el precedente de Columbia, que aceptó pagar 221 millones y firmar un estricto acuerdo de supervisión para recuperar unos 400 millones en fondos congelados, como plantilla para presionar a otros campus investigados por antisemitismo y programas de diversidad. En el caso de Harvard, sin embargo, la resistencia ha sido frontal: el Consejo de la universidad ha calificado las demandas como “una injerencia ilegal en la autonomía académica” y ha preferido ir a juicio antes que rubricar un pacto que, en la práctica, convertiría a la institución en un laboratorio de la agenda ideológica presidencial.
En este contexto, renunciar a esos 200 millones no significa aflojar la cuerda sino intentar recomponer una negociación que corría el riesgo de estallar definitivamente.
Un conflicto que ya se libra en los tribunales
La batalla no es solo política. Es también jurídica. En septiembre, la jueza federal Allison Burroughs dictaminó que la Administración Trump vulneró la Constitución al cancelar miles de millones en ayudas de investigación como castigo a la negativa de Harvard a aplicar sus directrices sobre antisemitismo, diversidad y gobierno interno.
En una sentencia especialmente dura, la magistrada concluyó que la Casa Blanca había utilizado las denuncias de antisemitismo como “cortina de humo para un ataque ideológicamente motivado contra las principales universidades del país”. El fallo obligaba al Gobierno a restaurar buena parte de los fondos, aunque el Ejecutivo ha respondido con recursos y nuevos movimientos de presión: desde la amenaza de revocar el estatus fiscal de la universidad hasta el intento de limitar su capacidad para acoger estudiantes internacionales.
Lo más grave, para el ecosistema científico, es la incertidumbre prolongada. El propio fallo reconocía que la retirada abrupta de fondos ponía en riesgo centenares de proyectos de investigación en áreas tan sensibles como biomedicina, inteligencia artificial o energía limpia. Y, de forma indirecta, enviaba un aviso a cualquier institución que dependa en más de un 10 % de su presupuesto de subvenciones federales: discrepar públicamente del poder político puede salir muy caro.
La dependencia de los fondos federales, talón de Aquiles de la élite académica
La ofensiva contra Harvard ha expuesto, como pocas veces, el punto débil de las grandes universidades privadas estadounidenses. A pesar de contar con un endowment superior a los 50.000 millones de dólares, que la convierte en el mayor fondo universitario del mundo, Harvard depende en torno a un 10–12 % de sus ingresos anuales de contratos y ayudas federales competitivas.
Este hecho revela una paradoja incómoda: las instituciones que suelen reivindicar con más fuerza su independencia intelectual han construido su modelo financiero sobre una base de dinero público que, llegado el caso, puede transformarse en palanca de presión política. La Casa Blanca lo sabe y ha decidido utilizar ese poder de forma explícita, vinculando la continuidad de la financiación a cambios concretos en admisiones, programas académicos, contratación de profesores e incluso sistemas disciplinarios internos.
La consecuencia es clara: lo que empezó como una disputa sobre la gestión del antisemitismo en el campus se ha convertido en un examen general al grado de autonomía real de las universidades frente a un Ejecutivo dispuesto a convertir cada partida presupuestaria en un contrato de adhesión ideológica.
Columbia, Brown y el efecto contagio en todo el sistema
El contraste con otras universidades resulta demoledor. Mientras Harvard ha optado por la vía del litigio y la resistencia, otras instituciones investigadas han elegido pactar. Columbia aceptó un paquete de 221 millones de dólares en multas y programas obligatorios a cambio de desbloquear unos 400 millones en financiación federal y cerrar varias pesquisas.
Poco después, Brown selló un acuerdo similar, con importes más modestos pero condiciones casi calcadas: redefinición de sus programas de diversidad, refuerzo de la seguridad en torno a los estudios sobre Oriente Medio y presencia de un supervisor externo con acceso directo a Washington. En paralelo, el Gobierno ha anunciado investigaciones y congelaciones de fondos en universidades como UCLA, Duke o George Mason, en una estrategia que ya habla abiertamente de “plantilla” para reordenar el ecosistema universitario estadounidense.
El diagnóstico es inequívoco: Harvard no es un caso aislado, sino el símbolo más visible de una política deliberada de disciplinamiento financiero de la élite académica. En la práctica, cada cheque federal se está convirtiendo en un instrumento para imponer un determinado marco ideológico en campus que, hasta ahora, se reclamaban espacios de pluralidad y autogobierno.
Qué busca realmente la Casa Blanca al ceder en los 200 millones
¿Por qué entonces dar marcha atrás precisamente en la reclamación de esos 200 millones? Fuentes citadas por la prensa estadounidense apuntan a dos motivos. En primer lugar, el coste reputacional de aparecer como un Gobierno que exige un peaje en efectivo a una universidad mientras los tribunales ya han cuestionado su legalidad en la retirada de fondos.
En segundo lugar, la necesidad de reencauzar unas negociaciones que parecían bloquearse, justo cuando el Ejecutivo explora otra vía de presión: una demanda civil en la que reclama hasta 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios por el supuesto impacto de las políticas del campus en estudiantes judíos y en la seguridad pública.
“La retirada del pago inmediato no significa que la Administración renuncie a responsabilizar a Harvard; significa que está rediseñando el campo de batalla”, resume un analista citado por la prensa económica estadounidense. El movimiento permite al presidente presentarse como firme pero razonable, a la vez que traslada el conflicto del terreno administrativo –retirada de subvenciones– al judicial, donde el litigio puede prolongarse durante años.