El gobierno ucraniano toma medidas tras el escándalo de 100 millones de dólares en el sector energético

Corrupción millonaria: Ucrania suspende a su ministro de Justicia

EPA /STEPHANIE LE COC Q​​​​​​​​​​​​​
El gobierno de Ucrania anunció la suspensión del ministro de Justicia, German Galushchenko, en medio de una investigación anticorrupción que apunta a una presunta malversación de fondos por más de 100 millones de dólares en el sector energético. La decisión fue comunicada el miércoles por la primera ministra Yulia Svyrydenko, tras una reunión extraordinaria del gabinete celebrada en Kiev.

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Svyrydenko confirmó que el Consejo de Ministros había decidido apartar temporalmente a Galushchenko de sus funciones, mientras avanzan las pesquisas judiciales. En su lugar, Lyudmila Sugak, actual viceministra, asumirá el cargo de manera interina “hasta que concluya el proceso legal y se esclarezcan los hechos”.

Considero que la suspensión durante la investigación es una medida civilizada y correcta”, escribió Galushchenko en un comunicado posterior, en el que expresó su disposición a colaborar con las autoridades judiciales. “Me defenderé ante el tribunal y demostraré mi postura”, añadió.

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) confirmaron que Galushchenko está siendo investigado por recibir beneficios personales a cambio del control de los flujos financieros en el sector energético, un área en la que desempeñó un papel clave antes de asumir el Ministerio de Justicia. Según los fiscales, el exministro habría utilizado su posición para canalizar contratos y fondos públicos hacia empresas vinculadas a su entorno político.

Aunque las autoridades no han detallado aún los cargos formales, medios locales apuntan a que el caso podría implicar transferencias irregulares vinculadas a la gestión de contratos energéticos internacionales durante su etapa al frente del Ministerio de Energía, entre 2020 y 2024. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los pagos sospechosos superan los 100 millones de dólares, parte de los cuales habrían sido desviados a cuentas privadas en el extranjero.

El caso ha provocado una fuerte conmoción política en Kiev, en un momento especialmente delicado para el gobierno ucraniano, que busca reforzar su imagen de transparencia ante sus socios europeos e internacionales. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han condicionado parte de su apoyo económico a los avances en materia de reformas anticorrupción, uno de los principales requisitos para el ingreso de Ucrania en la UE.

La lucha contra la corrupción es una prioridad absoluta de nuestro gobierno”, subrayó Svyrydenko en su mensaje. “Las instituciones deben demostrar que nadie está por encima de la ley, y que la transparencia es el único camino para fortalecer la confianza tanto de los ciudadanos como de nuestros aliados internacionales.”

Analistas locales señalan que la suspensión de Galushchenko refleja un endurecimiento de la política interna de control y rendición de cuentas, en línea con las exigencias de Bruselas y Washington. “El gobierno no puede permitirse más escándalos cuando depende de la ayuda internacional para sostener su economía y su esfuerzo militar”, afirmó el politólogo Oleh Savchuk en declaraciones al diario Ukrainska Pravda.

Por su parte, la NABU confirmó que el ministro suspendido no ha sido detenido, pero permanece bajo investigación activa y podría enfrentarse a cargos formales de corrupción y abuso de poder en los próximos días. De ser declarado culpable, las leyes ucranianas contemplan penas de hasta 12 años de prisión y la confiscación de bienes.

Este nuevo caso se suma a una serie de destituciones recientes dentro del aparato estatal ucraniano, en las que varios funcionarios de alto nivel fueron apartados por presunta corrupción en áreas como defensa, infraestructuras y energía. Kiev ha reforzado sus mecanismos de supervisión interna, pero la persistencia de estos casos pone de relieve los desafíos estructurales que enfrenta el país en plena guerra y reconstrucción económica.

La investigación continúa abierta, y tanto la primera ministra como la fiscalía han insistido en que el proceso se llevará a cabo “con total independencia y transparencia”.