La UE acelera su 20º paquete de sanciones contra Rusia

Un 20º paquete con más presión sobre la energía rusa

El 20º paquete llega tras casi cuatro años de guerra y 19 rondas previas de medidas restrictivas. La propuesta de la Comisión se centra en tres ejes: energía, servicios financieros y comercio internacional, con un objetivo declarado: cerrar las lagunas que todavía permiten a Rusia financiar el esfuerzo bélico con exportaciones de hidrocarburos y acceso indirecto a tecnología europea.

En lo energético, Bruselas plantea un paso cualitativo: un veto casi total a los servicios marítimos europeos para el crudo ruso, lo que afectaría a seguros, financiación, corretaje y otros servicios ligados a los petroleros que transportan petróleo ruso, con independencia del precio. La medida se suma al embargo sobre las importaciones de crudo por vía marítima vigente desde diciembre de 2022 y al de productos refinados desde febrero de 2023.

Según los datos manejados por la Comisión, la UE ha logrado reducir en más de un 90% sus importaciones de petróleo ruso respecto a 2021, y la cuota del crudo ruso en las compras exteriores del bloque ha caído de cerca del 30% a menos del 3%. El nuevo paquete pretende consolidar ese giro y evitar que el Kremlin compense la pérdida de volumen con precios más altos apoyándose en la llamada “flota en la sombra” y en servicios financieros europeos de forma indirecta.

Del precio máximo al veto marítimo total

Desde finales de 2022, la arquitectura de sanciones sobre el petróleo ruso se ha basado en un tope al precio pactado por el G7 y la UE, inicialmente en 60 dólares por barril, que más tarde se ha rebajado en varias ocasiones —hasta niveles en torno a los 47 dólares— para mantener el descuento sobre el crudo Urals. El mecanismo permite a navieras y aseguradoras occidentales seguir operando con petróleo ruso siempre que el precio se sitúe por debajo de ese umbral.

El problema es que, en la práctica, la aplicación ha sido laxa: parte del crudo se declara por debajo del tope mientras se vende de facto a precios superiores, y una red de intermediarios y buques con bandera de conveniencia ha permitido a Moscú construir una “flota en la sombra” que elude los controles.

De ahí el giro que recoge el 20º paquete: pasar del control de precios al castigo por actividad. La propuesta de la Comisión plantea un ban total de servicios marítimos para cualquier buque que transporte crudo ruso, sin importar el precio declarado del cargamento. El diagnóstico en Bruselas es inequívoco: mientras exista un resquicio legal para asegurar y financiar el transporte del crudo ruso, el Kremlin encontrará rutas alternativas. La consecuencia de este nuevo paso, si se aprueba sin rebajas, sería un encarecimiento adicional del transporte, un mayor descuento sobre el Urals y, en última instancia, una caída adicional de los ingresos energéticos del Kremlin, todavía la principal fuente de financiación de la guerra.

Los socios díscolos: Grecia, Malta y Hungría

El principal obstáculo no está en Moscú, sino dentro de la propia Unión Europea. Grecia y Malta, potencias marítimas cuya flota mercante gestiona una parte sustancial del tráfico mundial de crudo, han emergido como los principales opositores al veto total de servicios marítimos. Temen un golpe directo a sus navieras, a los ingresos por servicios de bandera y a la competitividad frente a armadores de terceros países menos restrictivos.

En paralelo, Hungría vuelve a situarse en el centro de la negociación. Budapest ya utilizó su capacidad de veto en paquetes anteriores para lograr exenciones a los oleoductos que abastecen a su economía y a la de Eslovaquia. Ahora, según fuentes diplomáticas, presiona para suavizar la lista de personas y entidades rusas que serán añadidas al régimen de sanciones, incluyendo a figuras vinculadas al deporte y a organismos estatales.

El contraste con los países bálticos y Polonia resulta demoledor. Mientras Atenas, La Valeta o Budapest defienden sus intereses sectoriales inmediatos, los gobiernos más expuestos a la presión militar rusa reclaman exactamente lo contrario: acelerar el calendario, endurecer los vetos energéticos y atacar con más contundencia las redes de evasión a través de terceros países como Turquía, Emiratos o India. La UE se enfrenta así a su propia fatiga de sanciones, con un equilibrio cada vez más difícil entre unidad política, costes económicos internos y eficacia estratégica.

¿Funcionan realmente las sanciones? Los datos que maneja Bruselas

Kaja Kallas respondió desde Cracovia a una pregunta que sobrevuela todas las capitales europeas: ¿siguen teniendo impacto las sanciones tras 20 paquetes?

“Las sanciones están funcionando. Están dañando gravemente la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad de hacer la guerra. Moscú no es invencible; su ejército sufre bajas récord y su economía está bajo una fuerte tensión. Pero Putin no acabará esta guerra hasta que los costes sean más altos que los beneficios”, defendió la alta representante.

Los datos respaldan parcialmente ese mensaje. La UE ha embargado alrededor del 90% del petróleo ruso que consumía antes de la guerra y ha reducido la dependencia del gas ruso desde el 45% al entorno del 19% de sus importaciones, al tiempo que diversificaba hacia GNL procedente de Estados Unidos, Noruega o Qatar.

En paralelo, Occidente mantiene congelados unos 260.000 millones de euros en activos soberanos rusos, de los que cerca de 210.000 millones se encuentran en la UE, además de unos 28.000 millones en activos privados de oligarcas y empresas vinculadas al régimen. El propio Kremlin reconoce que casi 300.000 millones de dólares de reservas del banco central permanecen inmovilizados en jurisdicciones occidentales. El diagnóstico técnico es claro: Rusia sigue financiando la guerra, pero a costa de sacrificar crecimiento futuro, reservas y acceso a tecnología crítica.

Economía rusa: resiliencia aparente, desgaste silencioso

Sobre el papel, Rusia ha logrado evitar un colapso inmediato. Tras la recesión inicial de 2022, el PIB volvió a crecer apoyado en el gasto militar, el desvío de exportaciones energéticas a Asia y un agresivo control de capitales. El paro oficial se mantiene en mínimos y muchos indicadores de producción industrial han repuntado.

Sin embargo, la fotografía macroeconómica oculta un deterioro profundo. La combinación de tipos de interés en niveles de dos dígitos, fuga de capital humano cualificado, dependencia de importaciones paralelas y uso intensivo de reservas para estabilizar el rublo ha estrechado el margen de maniobra del Banco de Rusia.

Economistas independientes recuerdan que el verdadero impacto de las sanciones no se mide en el PIB de un año concreto, sino en la pérdida de capacidad productiva a medio plazo: menor inversión, menor innovación y una economía crecientemente militarizada. La congelación de activos soberanos por hasta 300.000 millones de dólares supone el equivalente a varios años de gasto militar ruso y deja a Moscú sin una parte significativa de su “colchón” externo.

El mensaje implícito del 20º paquete es que la UE está dispuesta a alargar esta erosión estructural: menos ingresos energéticos, más dificultades financieras, más dependencia de un reducido grupo de compradores dispuestos a asumir riesgos políticos y reputacionales.

El impacto para Europa: energía, navieras y Estados miembros expuestos

Las sanciones también tienen un coste para el propio bloque. El embargo energético y la sustitución acelerada del gas ruso por otras fuentes han disparado la factura de la transición: inversiones en infraestructuras de GNL, redes eléctricas y renovables, y ayudas públicas para amortiguar la subida de precios a hogares y empresas.

En 2024, la UE todavía pagó del orden de 23.000 millones de euros por importaciones de combustibles fósiles rusos, principalmente gas por gasoducto a través de países que mantienen exenciones, como Hungría o Eslovaquia. El 20º paquete no corta de raíz esos flujos, pero envía una señal clara: la intención política es llegar al cero absoluto en 2027.

El otro frente delicado es el naviero. Navieras griegas y maltesas han encontrado en el transporte de crudo ruso —legal o semiclandestino— una vía para compensar la pérdida de otros tráficos y las tensiones en el comercio global. El veto total a servicios marítimos europeos obligaría a estas compañías a elegir entre el mercado ruso y el acceso a financiación, seguros y puertos occidentales.

Para países como Alemania, Italia o España, el coste se concentra en la volatilidad de precios energéticos y en la posible pérdida de competitividad industrial frente a regiones con energía más barata. Pero la Comisión confía en que el despliegue acelerado de renovables y las interconexiones internas reduzcan la factura en los próximos 2-3 años, convirtiendo el choque actual en una palanca de transición más que en un lastre permanente.

El gran riesgo: fatiga de sanciones y grietas políticas

A medida que se multiplican los paquetes, crece la fatiga de sanciones. Lo que al inicio de la guerra se percibía como una respuesta excepcional se ha convertido en un proceso casi rutinario de negociaciones, vetos cruzados y concesiones sectoriales. Cada nuevo paquete requiere más esfuerzo político para mantener la unidad de 27 economías con intereses energéticos y comerciales divergentes.

La decisión de la UE de congelar de forma indefinida unos 210.000 millones de euros en activos del banco central ruso, eliminando la necesidad de renovaciones semestrales, ha sido uno de los intentos más claros de blindar la política de sanciones frente a gobiernos díscolos como el húngaro. Pero el debate sobre el uso de los intereses generados por esos activos para financiar a Ucrania sigue dividiendo a los socios, con Bélgica y otros Estados preocupados por el riesgo jurídico y por posibles represalias.

Lo más grave, advierten diplomáticos europeos, es el mensaje que una UE dividida puede enviar tanto a Moscú como a terceros países que observan el pulso de sanciones como un test de credibilidad estratégica de Occidente. Si el 20º paquete se aprueba con un veto marítimo descafeinado o tras semanas de retraso, el Kremlin podrá leerlo como señal de desgaste político.

Qué puede pasar ahora si el lunes no hay acuerdo

El calendario es ajustado. Los embajadores han sido convocados de nuevo para el fin de semana con el objetivo de lograr un compromiso antes del lunes 23, de modo que el paquete pueda adoptarse formalmente en torno al 24 de febrero, fecha simbólica del inicio de la invasión a gran escala.

Si no hay acuerdo, se abren tres escenarios:

• Rebajar el alcance del veto marítimo, permitiendo ciertas excepciones para flotas europeas o para cargamentos destinados a países concretos.

• Aplazar la adopción unas semanas para seguir negociando, diluyendo el impacto político de ligar el paquete al aniversario de la guerra.

• O, en el escenario más explosivo, mantener el texto duro y forzar un pulso político directo con Grecia, Malta y Hungría, con la amenaza implícita de aislarlos en otros dosieres clave.

El contraste con la firmeza del discurso de Kallas es evidente. Mientras la alta representante insiste en que “Moscú no es invencible”, la prueba de fuego será si la UE es capaz de demostrar que tampoco lo es su propio sistema de sanciones, sometido a presiones internas, intereses corporativos y a una fatiga de guerra que empieza a calar en la opinión pública. El lunes no solo estará en juego un nuevo paquete; estará en juego la credibilidad económica y geopolítica de la Unión en su mayor crisis de seguridad desde la Guerra Fría.