La UE se acerca a aprobar la firma del acuerdo con Mercosur pese al ‘no’ de Francia y el temor al impacto en el campo
Una mayoría de países de la Unión Europea ha dado luz verde política para avanzar hacia la firma del tratado con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y ha activado el procedimiento final de votación. El pacto, que lleva más de 25 años negociándose, promete abrir mercado a la industria europea, pero divide a los socios por el riesgo de una entrada masiva de productos agroalimentarios y por el coste político interno en plena ola de protestas.
La Unión Europea vuelve a poner velocidad de crucero a uno de los acuerdos comerciales más ambiciosos —y más controvertidos— de su historia reciente. Una mayoría de Estados miembros ha respaldado avanzar hacia la firma del tratado de libre comercio con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), un pacto que lleva más de 25 años en negociación y que hoy se interpreta en Bruselas como una pieza estratégica en un mundo más proteccionista y fragmentado. La decisión se encauza mediante un procedimiento de voto por escrito, paso previo para autorizar formalmente la firma del acuerdo por parte de la Comisión Europea.
El movimiento llega en un momento delicado: la UE intenta reforzar su autonomía económica y su capacidad de abrir mercados, mientras parte de sus socios afrontan una fuerte contestación interna —especialmente del sector agrario— ante la perspectiva de un mayor flujo de importaciones sudamericanas. Y, aun así, la aritmética europea juega a favor de la Comisión. Para salir adelante no hace falta unanimidad, sino mayoría cualificada: al menos 15 de los 27 países que representen, a su vez, el 65% de la población comunitaria. Esa regla reduce el poder de bloqueo de los países más críticos, aunque eleva el coste político del debate en capitales como París o Varsovia.
Un acuerdo “geopolítico” para abrir mercado y reducir dependencias
Los defensores del tratado presentan el texto como un contrato de época: un área de intercambio preferencial entre dos bloques que, combinados, agrupan a cientos de millones de consumidores y miles de empresas. En términos económicos, el pacto busca eliminar en torno a 4.000 millones de euros en aranceles que hoy encarecen la exportación europea —especialmente de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas— hacia Sudamérica. La Comisión y varios gobiernos argumentan que, tras años de shocks (pandemia, energía, guerras y tensiones comerciales), este tipo de acuerdos “ancla” son claves para proteger el crecimiento y diversificar riesgos.
En la misma línea, el impulso no es solo económico. En Bruselas se repite un mensaje: el acuerdo con Mercosur también sirve para contrarrestar la presión de los aranceles de Estados Unidos y para reducir la dependencia europea de China en determinados suministros, incluidos minerales y cadenas industriales críticas. Esa lectura ha ganado peso en los últimos meses y explica por qué países como Alemania y España han defendido acelerar el proceso político.
La fractura: agricultura, estándares y coste político interno
El principal foco de tensión se concentra en el campo. Los países críticos temen que el acuerdo facilite la entrada de carne, azúcar, arroz, miel, soja y otros productos agroalimentarios a precios más competitivos, aumentando la presión sobre agricultores europeos. Francia encabeza el bloque contrario y ha explicitado su intención de votar en contra, alegando preocupaciones sobre el impacto en su sector agrario y reclamando garantías adicionales y salvaguardas efectivas.
La oposición no se limita a París. También han mostrado reticencias otros países —como Polonia— y el debate se ha mezclado con protestas internas y pulsos políticos. En Francia, el desacuerdo con Mercosur se ha convertido en un símbolo: para unos, es la prueba de que Europa “abre la puerta” a competencia percibida como desleal; para otros, es un ejemplo de que la UE necesita reglas de acompañamiento más claras para que la apertura comercial no penalice a los sectores más expuestos.
En este contexto, la Comisión Europea ha intentado blindar el acuerdo con un paquete de medidas: mecanismos de salvaguarda a la importación y herramientas de apoyo a los agricultores, con el objetivo de reducir la resistencia política y reforzar la percepción de “control” sobre el impacto del tratado. También se subraya la necesidad de vigilancia sobre estándares fitosanitarios y ambientales, un punto especialmente sensible para gobiernos y organizaciones que temen un retroceso en las exigencias europeas.
¿Qué pasa con Bélgica y por qué importa la abstención?
La negociación comunitaria también deja episodios ilustrativos. Bélgica, por ejemplo, ha optado por abstenerse debido a divisiones internas entre niveles de gobierno y sensibilidades territoriales, un recordatorio de que Mercosur no solo divide entre países, sino también dentro de algunos Estados. Aunque una abstención no equivale a un “no”, sí refleja el alto voltaje político del dossier y el hecho de que la coalición proacuerdo no está libre de grietas.
Próximos pasos: firma y ratificación parlamentaria
Si el Consejo logra la mayoría cualificada, el proceso entra en la fase de firma formal. Pero el camino no termina ahí. El acuerdo requerirá después el visto bueno del Parlamento Europeo. Según el calendario que se maneja en Bruselas, la votación parlamentaria podría llegar en la primavera, con una ventana señalada en torno a abril o mayo, en función de la agenda legislativa y de la evolución del debate político.
En otras palabras: la UE está más cerca de activar el “sí político” definitivo, pero el pacto seguirá bajo escrutinio. El resultado final dependerá de dos factores: que la mayoría cualificada se sostenga sin fracturas y que la batalla narrativa —industria y geopolítica frente a campo y estándares— no se convierta en una crisis interna para gobiernos que ya navegan con márgenes estrechos. Para el mercado y para las empresas, Mercosur es una oportunidad; para parte de la Europa rural, es un examen de credibilidad sobre cómo se reparte el coste de la globalización.