La UE congela la respuesta a los aranceles del 25% de Trump

Un pulso arancelario que nace en Groenlandia

La crisis no nace en una fábrica ni en una negociación comercial, sino en el hielo del Ártico. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha convertido la adquisición de Groenlandia en un objetivo estratégico, arguyendo motivos de seguridad nacional y control de recursos. Las capitales europeas, con Copenhague y Bruselas al frente, han respondido con un “no” rotundo y público, subrayando que el territorio no está en venta y que su estatus depende del Reino de Dinamarca y del propio pueblo groenlandés.

La reacción de la Casa Blanca ha sido escalar el pulso al terreno económico. El anuncio de nuevos aranceles específicos contra los países que se oponen a la operación —Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido— vincula por primera vez de forma explícita el comercio con la presión territorial, algo que en Europa se interpreta como una línea roja.

En paralelo, la OTAN realiza maniobras militares en el Ártico y se multiplican las protestas de la sociedad civil bajo lemas como “Hands off Greenland” o “No estamos en venta”. Este hecho revela hasta qué punto un territorio periférico se ha convertido en el epicentro de un choque geopolítico que desborda lo económico y amenaza con reconfigurar la relación transatlántica.

Ocho países en la diana y una factura millonaria

Las cifras ayudan a entender por qué Bruselas pisa con tanto cuidado. Los ocho países amenazados concentran una parte muy significativa del negocio europeo en Estados Unidos. Solo Alemania exporta cada año más de 150.000 millones de euros al mercado norteamericano, buena parte de ellos en automóviles, maquinaria y productos químicos.

Si se aplican aranceles del 10% en febrero, elevándose al 25% en junio, el impacto sería inmediato. Para sectores como el agroalimentario, los cálculos preliminares apuntan a sobrecostes de hasta 2.900 millones de euros con un 10% de arancel y de más de 7.000 millones si se alcanzara el 25% solo en esa rama de exportaciones.
En la industria del automóvil, las patronales alemanas advierten de posibles caídas de ventas de dos dígitos y de un recorte del empleo en la cadena de valor que podría superar el 5% si la guerra comercial se prolonga un año.

La consecuencia es clara: un conflicto arancelario de esa magnitud no solo dañaría a los países objetivo, sino a toda la Unión, que vería resentido un superávit comercial superior a los 190.000 millones de euros anuales con Estados Unidos.
Y, al otro lado del Atlántico, encarecería importaciones clave y alimentaría tensiones inflacionistas que la Reserva Federal trata de contener.

Bruselas pisa el freno: miedo a una escalada

Pese a la presión de algunos gobiernos, la línea dominante en Bruselas es por ahora la contención. Según varias fuentes diplomáticas citadas por Politico y otras cabeceras europeas, la mayoría de capitales no quiere ser la primera en disparar. Temen que una respuesta inmediata con aranceles espejo lleve a una espiral difícil de controlar.

Un negociador comunitario resume así, en privado, el dilema: “Si respondemos ahora con la misma fuerza, la crisis puede descontrolarse en cuestión de días; si esperamos a Davos, al menos sabremos si hay margen para un deshielo”. La prudencia se explica también por la heterogeneidad de intereses: mientras Francia y Alemania presionan para exhibir firmeza y utilizar todas las herramientas jurídicas disponibles, países más dependientes del mercado estadounidense abogan por exprimir hasta el último resquicio de diálogo.

Además, en la ecuación pesa el calendario. En apenas semanas debe ratificarse o congelarse el nuevo acuerdo comercial transatlántico, diseñado en 2025 para sustituir el fallido TTIP y que ya preveía una arquitectura arancelaria mucho más dura que la que existía antes de la vuelta de Trump a la Casa Blanca. La crisis de Groenlandia amenaza con dinamitar ese marco antes incluso de que empiece a aplicarse.

El Instrumento Anti-Coerción, baza aún sin estrenar

La gran novedad en esta crisis es que la UE llega con herramientas que no tenía en las guerras comerciales de 2018-2020. Desde 2023, el bloque dispone del Instrumento Anti-Coerción (ACI), una especie de “bazuca” regulatoria pensada para responder a chantajes económicos de potencias terceras.

Este mecanismo permite, en teoría, desde vetar el acceso de determinadas empresas al mercado comunitario hasta limitar exportaciones sensibles o suspender el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual. Pero su activación no es automática: requiere una propuesta de la Comisión, el apoyo de los Estados miembros y un análisis detallado del impacto económico, un proceso que puede llevar meses.

En paralelo, la UE tiene en la recámara un paquete de represalias sobre 93.000 millones de euros de exportaciones estadounidenses, diseñado en anteriores roces comerciales y ahora listo para reactivarse si los Veintisiete dan la orden.
Lo más grave, admiten en Bruselas, es que el uso del ACI contra Estados Unidos —y no contra China o Rusia, para quienes se pensó inicialmente— supondría un salto cualitativo: sería la confirmación de que la relación con Washington ha dejado de ser la de aliados que discrepan para convertirse en la de bloques que se sancionan mutuamente.

Industria en vilo: el impacto sector por sector

Más allá de los titulares, las empresas ya trabajan con escenarios de riesgo. En el sector del automóvil, un arancel efectivo del 25% podría traducirse en caídas de ventas del 15% al 20% en modelos fabricados en Alemania y Francia y vendidos en Estados Unidos, según estimaciones de asociaciones industriales. La consecuencia inmediata sería el recorte de turnos, la ralentización de inversiones y la posible deslocalización de parte de la producción hacia plantas norteamericanas para esquivar la barrera.

La industria agroalimentaria es otro de los flancos sensibles. Desde el whisky escocés hasta los quesos franceses, pasando por el salmón noruego, las marcas calculan márgenes mucho más estrechos y la necesidad de renegociar contratos con distribuidores estadounidenses, que difícilmente absorberán todo el sobrecoste. En el acero y el aluminio, sectores que ya sufrieron las primeras oleadas de aranceles en el pasado, el temor es volver a una dinámica de sobrecapacidad europea y precios a la baja en el mercado interno.

El efecto dominó que viene puede golpear también a las pymes exportadoras, menos diversificadas geográficamente. Para muchas de ellas, Estados Unidos supone entre el 20% y el 30% de su facturación exterior. Un cierre parcial de ese mercado no solo dañaría sus cuentas, sino su capacidad de financiar innovación y competir en terceros países.

Davos como termómetro de la relación transatlántica

En este contexto, Davos deja de ser un simple escaparate para convertirse en un escenario decisivo. La intervención de Trump ante el Foro Económico Mundial será leída al milímetro en las capitales europeas. Un tono conciliador, que insinúe la posibilidad de un acuerdo sobre Groenlandia sin condiciones draconianas, abriría la puerta a una desescalada gradual y a una negociación más clásica, centrada en cuotas, inversiones y garantías de seguridad en el Ártico.

Pero la experiencia de los últimos años invita a no descartar el escenario contrario: un discurso diseñado para su base interna, con ataques directos a la “debilidad europea” y promesas de mano dura frente a quienes, según la narrativa de la Casa Blanca, se benefician del mercado estadounidense sin “pagar el precio” en términos estratégicos. En ese caso, la presión sobre Bruselas para activar el ACI y desplegar el paquete de 93.000 millones en represalias será casi irresistible.

Sea como fuere, Davos se convierte en el lugar donde se medirá si todavía existe un mínimo de confianza política que permita gestionar el conflicto dentro de los cauces habituales, o si la relación transatlántica entra de lleno en una fase de confrontación abierta.