Venezuela entrega su petróleo: PDVSA autoriza control estadounidense sobre el crudo

La estatal venezolana PDVSA ha acordado entregar a Estados Unidos el control directo de su crudo, en un pacto que consolida el cambio de poder tras la captura de Nicolás Maduro. El acuerdo prevé una entrega inmediata de entre 30 y 50 millones de barriles, valorados entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, y sienta las bases para que Washington supervise indefinidamente las ventas futuras de petróleo venezolano.
La operación llega después de que Venezuela, país con las mayores reservas probadas del mundo —más de 300.000 millones de barriles— pero con una producción desplomada por debajo del millón de barriles diarios, se viera obligada a admitir su debilidad tecnológica y financiera tras años de sanciones y mala gestión.
El movimiento no solo reordena el tablero energético latinoamericano; plantea una pregunta incómoda: ¿es Venezuela todavía un Estado soberano sobre su principal recurso, o entra en un protectorado de facto bajo tutela de Washington?

Un pacto que rompe todos los tabúes

La firma del pacto entre PDVSA y Estados Unidos supone romper el último tabú de la revolución bolivariana: el control del petróleo, convertido durante décadas en símbolo máximo de soberanía. Durante años, Caracas proclamó que “ni una gota” del crudo pesado de la Faja del Orinoco quedaría en manos de Washington. Hoy, ese discurso se desvanece ante la aritmética brutal de las sanciones.

El acuerdo contempla que Washington gestione en una primera fase entre 30 y 50 millones de barriles de crudo bloqueado, provenientes de cargamentos embargados y de producción nueva canalizada a través de contratos bajo supervisión estadounidense. El objetivo declarado: vender ese petróleo en los mercados internacionales y canalizar los ingresos a fondos “para beneficio del pueblo venezolano”, bajo estrictos controles de gasto.

Lo más revelador es el carácter indefinido del arreglo. La Casa Blanca ya ha avanzado que las ventas de petróleo venezolano a EEUU y bajo su paraguas “continuarán indefinidamente”, al tiempo que se modela un esquema en el que PDVSA deja de ser un operador autónomo para convertirse, en la práctica, en un suministrador regulado por Washington.
El diagnóstico es inequívoco: Venezuela cambia divisas por control político y asume una pérdida de margen que tardará años en revertir.

Maduro cae, Delcy negocia

El trasfondo político explica el acelerón. Tras la captura de Nicolás Maduro en una operación liderada por EEUU a comienzos de 2026, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder en virtud del artículo 233 de la Constitución y, en cuestión de días, abrió canales directos con la Administración Trump.

Lo que en un primer momento se presentó como una presidencia interina puramente defensiva ha mutado en co-gobernanza bajo tutela externa. Rodríguez, hasta hace poco sancionada por Washington y Bruselas, es ahora la interlocutora clave de EEUU en Caracas. Medios norteamericanos describen a la nueva mandataria como una “tecnócrata pragmática”, con experiencia en Exteriores y en la cartera de Petróleo, capaz de ejecutar un giro que Maduro nunca hubiera aceptado.

La paradoja es evidente: quien durante años defendió el cierre del sector a las grandes petroleras extranjeras es ahora la cara visible de un acuerdo que abre la puerta al retorno de majors estadounidenses como Chevron, ConocoPhillips o ExxonMobil, ya mencionadas en informes sobre el futuro relanzamiento del sector.
El mensaje hacia dentro es delicado: para una parte del chavismo, el pacto equivale a una “rendición pactada”; para una parte de la oposición, a una oportunidad histórica de reconstruir el país a cambio de aceptar una tutela incómoda.

Las cifras del acuerdo: barriles, dólares y dependencia

En el terreno estrictamente económico, el preacuerdo establece la entrega de 30 a 50 millones de barriles en una primera fase. A precios actuales —en torno a 60 dólares el barril para el crudo pesado venezolano—, eso supondría unos 1.800–3.000 millones de dólares brutos, de los que una parte relevante se destinará al pago de deudas, mantenimiento mínimo de infraestructuras y gasto social muy vigilado.

El contraste con la magnitud del problema es brutal. Venezuela produce hoy entre 850.000 y 950.000 barriles diarios, muy lejos de los 3,4 millones de su pico a finales de los 90, pese a contar con más de 300.000 millones de barriles en reservas. La propia PDVSA reconoce que solo en 2024 sus ventas al exterior sumaron alrededor de 17.500 millones de dólares, una cifra modesta para el volumen potencial del país.

Los 2.000 millones de dólares que el Gobierno interino presenta como un “alivio histórico” equivalen, en realidad, a poco más de un mes y medio de exportaciones normales a los ritmos previos. El acuerdo, por tanto, no resuelve la crisis de fondo: sirve como puente financiero y político para asegurar la transición y recomponer mínimamente las cuentas públicas.

Lo más grave es la letra pequeña: al ceder la comercialización a Washington, Caracas acepta que el flujo de caja del petróleo —su principal fuente de divisas— quede completamente trazado y condicione cada decisión de gasto.

El nuevo tablero energético latinoamericano

La entrada de EEUU como gestor de facto del petróleo venezolano reconfigura el mapa energético de la región. América Latina pasa de tener un productor rebelde, sancionado y volcado hacia China y Rusia, a un país cuyo principal y casi único canal de exportación relevante pasa por el Golfo de México.

Para Washington, la jugada es doblemente rentable. Por un lado, garantiza suministro de crudo pesado ideal para sus refinerías de la costa del Golfo, diseñadas para procesar precisamente mezclas densas como las venezolanas. Por otro, reduce la influencia de Pekín y Moscú sobre un recurso estratégico que estos usaban como moneda de cambio financiera y geopolítica.

El contraste con otros productores regionales es significativo:

• Brasil continúa reforzando su pre-sal como polo de atracción de inversiones privadas.

• México mantiene la ambigüedad entre nacionalismo energético y necesidad de capital extranjero.

• Colombia debate su transición energética sin renunciar aún a la renta de hidrocarburos.

En ese ecosistema, la Venezuela post-Maduro y tutelada por EEUU se convierte en un laboratorio extremo de intervención externa sobre un sector petrolero nacionalizado, con implicaciones profundas para cualquier país que, en el futuro, entre en crisis bajo sanciones.

China, Rusia y los grandes perdedores del giro

Si hay dos actores que ven con preocupación este pacto, esos son China y Rusia. Durante años, ambos países financiaron a Caracas a cambio de petróleo barato y acceso preferente a sus reservas, llegando a acumular decenas de miles de millones en préstamos respaldados por crudo.

El anuncio de que Washington controlará las ventas “indefinidamente” y que será EEUU quien decida qué volumen se destina a cancelar deudas pasadas y qué parte financia el nuevo régimen, supone de facto relegar a Pekín y Moscú al papel de acreedores problemáticos.

«Estados Unidos no solo ha capturado al presidente Maduro; ha capturado el flujo futuro de caja del país», resume con crudeza un analista energético. El riesgo para China es claro: transformar parte de sus créditos en pérdidas o renegociaciones a la baja; para Rusia, perder un aliado simbólico en el hemisferio occidental justo cuando su propia economía de guerra depende de redes petroleras alternativas.

Este hecho revela que el caso venezolano puede convertirse en manual de uso de las sanciones como palanca para apropiarse de cadenas de valor estratégicas, algo que otros países observan con inquietud.

Europa y España: oportunidad limitada, dependencia ampliada

La UE, y en particular España, llevan años buscando alternativas al crudo ruso. En teoría, una Venezuela reabierta al mercado bajo paraguas estadounidense podría ser una oportunidad: crudo pesado diversificado, contratos a medio plazo, cierta estabilidad institucional. En la práctica, el margen es más reducido.

El diseño del acuerdo deja claro que la prioridad de suministro será EEUU, tanto por proximidad logística como por control político. Europa quedará, previsiblemente, como cliente de segunda ronda, accediendo a cargamentos venezolanos que pasen el filtro de Washington y compitiendo, además, con Asia.

Para España, con compañías como Repsol y un tejido refinador muy expuesto al crudo importado, el nuevo esquema tiene sabor a oportunidad condicionada:

• Posible acceso a volúmenes adicionales de crudo pesado a medio plazo.

• Mayor dependencia geopolítica de las decisiones de la Casa Blanca sobre licencias y cupos.

Si algo demuestra este episodio es que la seguridad energética europea sigue colgando de decisiones tomadas a miles de kilómetros, en despachos donde los intereses comunitarios no siempre son prioritarios.