Asalto al poder judicial en España: la sentencia del Tribunal Constitucional que levanta las alarmas
Asalto al poder judicial en España: la sentencia del Tribunal Constitucional que levanta las alarmas
El fallo del Tribunal Constitucional de los ERE, dice el particular, sitúa a los ciudadanos por encima de la Ley. La decisión, adoptada por una mayoría de 7 a 4, ha sido duramente criticada por uno de los magistrados en un voto particular, el cual ha sido respaldado por otros tres jueces. Este voto sostiene que el fallo sitúa a los gobernantes por encima de la ley y debilita los fundamentos del Estado de derecho en España nula la condena de Magdalena Álvarez.
El voto particular acusa al Tribunal Constitucional de invadir la jurisdicción del Tribunal Supremo y de introducir causas de irresponsabilidad para los gobernantes no previstas en la ley. Según este voto, la sentencia devasta los límites de la jurisdicción constitucional al suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley. Esta situación, según el magistrado, ocasionará un daño institucional difícilmente reparable y supone un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España frente a la corrupción.
La sentencia ha sido vista como un reflejo de la lucha por el control del sistema judicial en España. El voto particular señala que la mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, impuesta por el gobierno, ha permitido decisiones que habrían sido imposibles con una mayoría conservadora. Este control judicial, según el magistrado, permite al gobierno hacer lo que quiera con un barniz de legalidad.
El caso ERE es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en España, involucrando la distribución ilegal de cerca de 700 millones de euros en subvenciones. La sentencia del Tribunal Constitucional anula la condena de Álvarez por prevaricación administrativa, un delito que implica dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. El voto particular critica que la sentencia no dedica una sola línea al razonamiento del Supremo sobre la prevaricación administrativa.
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