25 estados llevan a Trump ante los tribunales por sus nuevos aranceles
La coalición denuncia que la Casa Blanca utiliza el trabajo forzoso como pretexto para gravar casi todas las importaciones de 60 socios comerciales.
Los nuevos aranceles de Donald Trump afrontan otra batalla judicial apenas unos días después de entrar en vigor. Una coalición de 25 estados ha demandado a la Administración estadounidense al considerar que los gravámenes del 10% y el 12,5% impuestos a bienes procedentes de 60 socios comerciales exceden las competencias presidenciales.
La denuncia, presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, sostiene que la Casa Blanca ha utilizado la lucha contra el trabajo forzoso para reconstruir una política arancelaria que ya había sido cuestionada por los tribunales. Los estados reclaman la anulación de las tarifas y la devolución de los derechos de aduana abonados.
Una coalición de 25 estados
La demanda está encabezada por gobiernos estatales vinculados mayoritariamente al Partido Demócrata. Entre los demandantes figuran Nueva York, California, Oregón, Washington, Illinois, Massachusetts, Virginia o Carolina del Norte, además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa a la Administración de aplicar gravámenes indiscriminados que encarecerán las compras públicas, los suministros empresariales y numerosos productos de consumo. Los estados también alegan un perjuicio directo, puesto que algunos importan equipos, componentes y materiales sujetos a las nuevas tarifas.
El conflicto ya no afecta únicamente a exportadores extranjeros. La consecuencia es clara: las propias administraciones estatales pueden terminar pagando más por vehículos, tecnología, infraestructuras y material sanitario.
El trabajo forzoso como argumento
La Casa Blanca defiende que los aranceles pretenden presionar a los países que no impiden adecuadamente la entrada de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Para ello, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos agrupó a 60 economías y les asignó tarifas generales del 10% o el 12,5%.
Sin embargo, la denuncia sostiene que no existe una relación racional entre el problema identificado y la respuesta adoptada. Países con legislaciones diferentes reciben gravámenes similares, mientras se penalizan productos sin conexión conocida con prácticas laborales abusivas.
Lo más llamativo es que uno de los pocos bienes expresamente asociados al trabajo forzoso en la investigación —la carne congelada brasileña— aparece parcialmente exento. También quedaron fuera productos como café, cobre o cobalto, pese a ser mencionados en informes laborales estadounidenses. La incoherencia alimenta la acusación de que la investigación fue un mero trámite.
Una investigación bajo sospecha
Los demandantes denuncian que el Gobierno no analizó de forma individual la situación de cada socio comercial ni respondió de manera sustantiva a las alegaciones presentadas durante el procedimiento.
La Administración dividió las economías investigadas en apenas cuatro grupos, antes de aplicar tarifas prácticamente uniformes a miles de productos. Según la demanda, esa metodología vulnera tanto la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 como la Ley de Procedimiento Administrativo.
«No existe un encaje racional entre el supuesto problema del trabajo forzoso y los aranceles globales impuestos por el USTR», sostiene la reclamación judicial.
Este hecho revela la debilidad central del plan: una herramienta concebida para responder a prácticas comerciales concretas se utiliza para alterar de manera generalizada el régimen importador estadounidense.
El tercer intento de Trump
La Sección 301 es la tercera vía legal empleada por Trump para mantener su ofensiva comercial. Los primeros aranceles generales se apoyaron en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, pero fueron invalidados por el Tribunal Supremo en febrero de 2026.
Posteriormente, la Administración recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio. Aquellas tarifas temporales expiraron el 24 de julio de 2026, después de que también fueran rechazadas por el Tribunal de Comercio Internacional.
Un día antes de su vencimiento, el Gobierno activó los nuevos gravámenes bajo la Sección 301. Para los estados, la sucesión demuestra que la estrategia comercial nunca cambió; únicamente se sustituyó el fundamento jurídico. La defensa presidencial argumentará, sin embargo, que esta norma concede facultades más sólidas para combatir prácticas comerciales consideradas injustas.
El impacto sobre empresas y consumidores
Los gravámenes afectan a economías que representan alrededor del 99% de las importaciones estadounidenses, una amplitud difícilmente compatible con una intervención selectiva. Empresas textiles, distribuidores, fabricantes y administraciones públicas afrontan costes adicionales que pueden trasladarse a los precios finales.
El contraste resulta especialmente delicado para los aliados de Washington. La Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Japón y Australia se encuentran entre los socios afectados pese a disponer de legislación contra el trabajo forzoso.
Para los exportadores españoles, la experiencia demuestra que parte del impacto puede amortiguarse modificando proveedores, países de origen o variedades exportadas. Sin embargo, esas adaptaciones exigen escala, asesoramiento y capacidad logística, recursos que no están al alcance de todas las empresas.
Una batalla sobre los límites presidenciales
El tribunal deberá determinar si la Administración cumplió los requisitos de investigación y proporcionalidad exigidos por la Sección 301. También tendrá que decidir si los aranceles persiguen realmente corregir prácticas laborales o preservar una política proteccionista rechazada previamente.
Los estados solicitan que las tarifas sean declaradas ilegales, que se prohíba su aplicación y que se devuelvan los importes ya recaudados. Una derrota obligaría al Gobierno a desmontar buena parte de su arquitectura comercial; una victoria ampliaría de forma sustancial el margen presidencial para imponer barreras sin una nueva autorización del Congreso.
El diagnóstico es inequívoco: el litigio ya no gira únicamente en torno al precio de las importaciones, sino sobre quién controla realmente la política arancelaria de Estados Unidos.