"Bajar el petróleo a 50 dólares es un error": el crudo venezolano y su cuesta técnica para EE.UU.

El petróleo vuelve a ocupar el centro del tablero, pero esta vez no por un shock clásico de oferta o demanda, sino por una promesa política que no cierra por ningún lado. Donald Trump ha vendido a la opinión pública estadounidense la idea de revitalizar la industria petrolera venezolana con un barril en 50 dólares, como si se tratara de una ganga histórica. El economista Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE Business School, lo resume con una frase seca: es “un verdadero disparate”.
Detrás de esa sentencia hay algo más que escepticismo académico: hay números, costes, geología y una transición energética en marcha que cuestiona la lógica de inyectar al menos 100.000 millones de dólares en un crudo pesado, caro y profundamente contaminante.
La pregunta no es si hay petróleo en Venezuela —las reservas probadas superan los 300.000 millones de barriles, las mayores del mundo—, sino si tiene sentido económico y climático intentar ponerlo en el mercado a los precios que promete la Casa Blanca. El diagnóstico que se abre paso entre los analistas es claro: Venezuela ofrece más riesgo que rentabilidad, más problemas que oportunidades y más pasado que futuro.

Un precio objetivo desconectado de los costes reales

El núcleo de la crítica de Díaz-Giménez es sencillo de entender, incluso sin ser ingeniero de petróleo: 50 dólares por barril no cubren la realidad de los costes. No en Venezuela y, cada vez menos, tampoco en Estados Unidos.

Según estimaciones recientes, los nuevos proyectos de “shale oil” en EEUU necesitan precios en el entorno de los 70 dólares por barril para ser rentables, con previsiones de que ese umbral suba hacia los 90–95 dólares en la próxima década por el aumento de costes y la complejidad de los yacimientos restantes.
Si el fracking, que es más flexible, está tecnológicamente más optimizado y se desarrolla en un entorno jurídico estable, ya exige ese rango de precios, pretender que un crudo mucho más difícil y sucio salga a cuenta a 50 dólares es, como mínimo, ingenuo.

En el caso venezolano, varios análisis fijan el breakeven de las calidades clave de la Faja del Orinoco por encima de los 80 dólares el barril, muy por encima del objetivo político de Trump.
Por debajo de ese umbral, el proyecto no pasa de ser un ejercicio de contabilidad creativa: se puede anunciar, se puede envolver en grandes cifras y banderas, pero no genera caja sin subvención explícita o implícita del contribuyente estadounidense.

El crudo pesado venezolano: más azufre, más capital, más factura

La segunda pieza del rompecabezas es puramente técnica. No todo el petróleo es igual. Venezuela no es Arabia Saudí: su riqueza está en un crudo pesado y extrapesado, con alto contenido de azufre, especialmente en la Faja del Orinoco. Ese tipo de petróleo es más viscoso, más denso y mucho más caro de extraer, transportar y refinar.

Para hacerlo mínimamente competitivo hay que:

• Mejorarlo (upgrading) para acercar sus características a las de un crudo más ligero.

• Mezclarlo con crudos más livianos o diluyentes que también tienen un precio.

• Invertir miles de millones en infraestructura de producción, transporte y refinado específica.

Los consultores del sector calculan que reflotar PDVSA, reparar instalaciones, recuperar pozos y modernizar mejoradores podría exigir del orden de 110.000 millones de dólares en inversión acumulada, una cifra en la misma liga de la que menciona Díaz-Giménez cuando habla de los famosos 100.000 millones privados que Trump promete atraer.

El problema no es solo la magnitud, sino el retorno: proyectos tan intensivos en capital requieren horizontes de 15 a 20 años de estabilidad política, jurídica y fiscal para tener sentido económico. Y ni en Washington ni en Caracas hay hoy garantías mínimas de que las reglas vayan a permanecer intactas tanto tiempo.

El espejismo de los 100.000 millones: quién paga de verdad

Trump insiste en que esos 100.000 millones los pondrá la industria privada, no el contribuyente. Sobre el papel, suena impecable: las grandes petroleras asumen el riesgo, Estados Unidos asegura suministro y el Tesoro no abre la chequera. La realidad, advierte Díaz-Giménez, es bastante menos idílica.

Primero, porque ninguna petrolera va a comprometer decenas de miles de millones sin blindar un paquete de garantías: estabilidad regulatoria, protección frente a expropiaciones, prioridad en el acceso a infraestructuras y, en la práctica, algún tipo de respaldo diplomático y de seguridad por parte de Washington.

Segundo, porque cuando un proyecto de esta envergadura sale mal —como se ha visto en otros países con alto riesgo político—, las pérdidas privadas acaban transformándose en problema macroeconómico: empleos a rescatar, bancos con exposición al sector, fondos de pensiones demasiado cargados de deuda energética, presión para ayudas fiscales “temporales”.

Y tercero, porque el propio perfil financiero de las grandes petroleras ha cambiado. Las compañías ya no buscan crecer a cualquier precio, sino defender su dividendo y evitar inversiones que puedan convertirse en activos encallados si la transición energética acelera. Los mercados castigan hoy más un megaproyecto de riesgo dudoso que una expansión ordenada del cash flow.

Por eso, la pregunta que plantea Díaz-Giménez es incómoda pero pertinente: ¿de verdad hay apetito real en Exxon, Chevron o Conoco para amarrarse a una Venezuela intervenida durante dos décadas, a un precio objetivo que ni siquiera cubre costes?

Riesgo político, seguridad jurídica y el precedente venezolano

Más allá de la aritmética, el plan tropieza con su propio contexto político. Venezuela es el ejemplo de libro de lo que ocurre cuando se mezcla petróleo, autoritarismo y captura institucional: expropiaciones, contratos incumplidos, arbitrajes internacionales y fuga masiva de talento técnico.

Aunque el actual esquema se presente como una “gestión interina” pactada con Washington, las grandes compañías conocen de memoria el precedente:

• En los 90 y 2000, invirtieron miles de millones en proyectos de apertura.

• En la década siguiente, vieron cómo cambiaban las reglas del juego, subían los impuestos y se forzaban renegociaciones.

• Una parte de esas inversiones acabó en tribunales de arbitraje o, simplemente, evaporada.

A eso se añade la incertidumbre interna en Estados Unidos. Con un Congreso polarizado, cierres de Gobierno recurrentes y elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, cualquier compromiso tomado hoy puede verse revisado por la próxima administración. Nadie en el sector energético ignora que lo que firme Trump en 2026 puede dejar de ser válido en 2029.

Como resume el propio Díaz-Giménez, apostar por Venezuela en estas condiciones es jugar una partida de ajedrez estratégico en un tablero que alguien puede volcar en cualquier momento. La rentabilidad financiera se vuelve secundaria frente al riesgo político estructural.

Transición energética: el factor que Trump ignora

El tercer gran argumento del economista del IESE tiene poco que ver con la geología y mucho con el tiempo: el reloj climático y la transición energética. Mientras la Casa Blanca proyecta décadas de prosperidad basada en más crudo pesado, los principales organismos internacionales advierten de un cambio de paradigma acelerado.

La Agencia Internacional de la Energía estima que, con las políticas actuales, la demanda global de petróleo alcanzará su pico antes de 2030, para luego estancarse o empezar a descender a medida que el vehículo eléctrico, la eficiencia y las renovables ganen terreno.
Eso significa que las inversiones más vulnerables son precisamente las que llegan tarde, en proyectos caros, lentos y altamente contaminantes.

El petróleo venezolano encaja de lleno en esa categoría:

• Emisiones por barril muy superiores a las de un crudo ligero convencional.

• Tiempos de maduración de proyecto que se miden en lustros, no en trimestres.

• Necesidad de infraestructuras que pueden quedar infrautilizadas en un escenario de demanda plana o a la baja.

En otras palabras: se corre el riesgo de invertir decenas de miles de millones en activos que podrían valer mucho menos —o nada— antes de haber recuperado el capital. Eso es, precisamente, lo que la literatura económica denomina activos encallados. A juicio de Díaz-Giménez, el plan venezolano de Trump parece diseñado para alimentar esa categoría.