El alto tribunal tumba el uso de poderes de emergencia para gravar las importaciones mientras el Tesoro busca alternativas legales para no perder recaudación
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha asestado un golpe demoledor a la arquitectura económica de la administración Trump al declarar, por una mayoría de 6 a 3, la ilegalidad de los aranceles globales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La sentencia considera que el Ejecutivo se extralimitó al puentear al Congreso, una decisión que ha desatado una oleada de alivio en los parqués neoyorquinos, con sectores como el hardware y la publicidad liderando las ganancias. Sin embargo, el diagnóstico es inquietante para la estabilidad jurídica: lejos de aceptar el veredicto, la Casa Blanca ya prepara un "plan B" mediante la activación de las Secciones 122 y 301 para garantizar que la recaudación fiscal permanezca virtualmente inalterada en 2026.
Closing market snapshot Reuters
Un varapalo judicial de consecuencias billonarias
La sentencia del Tribunal Supremo representa algo más que un simple revés administrativo; es una enmienda a la totalidad de la doctrina comercial de Donald Trump. El alto tribunal ha determinado que la administración utilizó de forma inapropiada las facultades de emergencia para imponer gravámenes que han asfixiado los balances corporativos durante el último año. Este hecho revela una fractura profunda en la interpretación de los límites del poder ejecutivo, devolviendo al Capitolio una soberanía comercial que la Casa Blanca había intentado secuestrar. La consecuencia inmediata es la anulación de unas tasas que, según diversos analistas, estaban lastrando la competitividad de la industria nacional frente al exterior.
Lo más grave para la estabilidad de las cuentas públicas es la retroactividad del fallo. Economistas del modelo presupuestario de Penn Wharton han advertido de que existe un riesgo real de que el Tesoro tenga que reembolsar más de 175.000 millones de dólares recaudados indebidamente bajo el paraguas de la IEEPA. Esta contingencia fiscal situaría al déficit estadounidense en una posición de extrema vulnerabilidad, obligando al Gobierno a buscar ingresos extraordinarios para tapar un agujero que no figuraba en ninguna proyección presupuestaria. El diagnóstico es inequívoco: la victoria judicial de las empresas podría traducirse en una crisis de liquidez para el Estado.
El alivio efímero de Wall Street
La reacción del mercado tras conocerse el fallo ha sido de una euforia contenida pero significativa. El Dow Jones cerró con una subida del 0,47%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 también finalizaron la sesión en terreno positivo. Los inversores han interpretado la sentencia como una bocanada de aire fresco para las empresas con cadenas de suministro altamente globalizadas. Este hecho revela hasta qué punto el mercado había descontado ya un escenario de proteccionismo ciego, reaccionando ahora con una rotación de capital hacia sectores que habían sido castigados por la incertidumbre arancelaria.
Sin embargo, este contraste con la realidad política resulta demoledor. Mientras los índices celebran el fin de una era de aranceles por decreto, la administración Trump ha respondido con una furia inusitada. El presidente no solo ha calificado la decisión de "profundamente decepcionante", sino que ha puesto en duda la imparcialidad de los magistrados, sugiriendo una supuesta influencia de intereses extranjeros en el seno del tribunal. Esta retórica incendia el clima institucional y sugiere que el alivio de los mercados podría ser una anécdota temporal antes de que el Ejecutivo despliegue su nueva "caja de herramientas" proteccionista.
Donald Trump y Kevin Warsh
El "plan B" de Bessent: la caja del Tesoro no se toca
En medio del caos institucional, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha intentado calmar a los halcones fiscales asegurando que la recaudación por aranceles en 2026 permanecerá "virtualmente sin cambios". El diagnóstico de Bessent es que el Supremo no ha derrotado la voluntad arancelaria del Gobierno, sino que simplemente ha "estrechado la definición" de los poderes que el presidente puede utilizar. Este hecho revela una estrategia de resistencia numantina: si la IEEPA ha sido invalidada, la administración recurrirá a autoridades legales alternativas para seguir cobrando cada dólar previsto en su agenda económica.
«Lo único que fue derrotado fue la capacidad de la IEEPA para recaudar incluso un dólar de ingresos», afirmó Bessent, subrayando que el presidente posee "múltiples herramientas en su caja" para sortear el fallo. La estrategia consiste ahora en una triangulación legal: invocar la Sección 122 —que permite un arancel universal temporal de hasta el 15%— combinada con un endurecimiento de las Secciones 232 y 301. La consecuencia es clara: el proteccionismo no va a desaparecer, simplemente va a mutar de forma jurídica para eludir el control del Supremo, manteniendo la presión sobre los socios comerciales y las empresas importadoras.
Ziff Davis y Dell: la respiración asistida del sector tecnológico
El sector tecnológico ha sido el más sensible al dictamen judicial. Compañías como Dell, que repuntó un 2,7%, y Ziff Davis, que escaló un 3,05%, han visto en la sentencia una oportunidad para resetear sus márgenes de beneficio. Para estas corporaciones, los aranceles representaban un coste hundido que dificultaba la planificación de inventarios y encarecía el hardware de forma artificial. El salto del 4,3% en las acciones de Ziff Davis durante la tarde del viernes es un síntoma claro de que el mercado considera que el fin de los aranceles IEEPA es un catalizador fundamental para la recuperación de la demanda interna.
No obstante, la volatilidad de estos valores sigue siendo extrema. Ziff Davis, por ejemplo, cotiza todavía un 37% por debajo de sus máximos de 52 semanas, lo que revela que el mercado no ha borrado del todo las cicatrices de la guerra comercial. Este hecho revela una realidad incómoda: la confianza de los inversores se ha visto tan erosionada por los bandazos de la política de Washington que una sola sentencia no basta para restaurar el optimismo a largo plazo. La respiración asistida que ha supuesto el fallo del Supremo podría desconectarse en cuanto la Casa Blanca firme las nuevas órdenes ejecutivas prometidas por Trump.
Michael Dell, chairman of Dell Inc., gives his keynote speech at the International Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada on Tuesday, January 9, 2007. Dell Inc., the world's second-largest personal computer maker, plans to start a service next year that will ship new computers with customers' data pre-installed. Photographer: Barry Sweet/Bloomberg News.
El laberinto de la Sección 122: la nueva frontera arancelaria
La gran amenaza que ahora planea sobre el comercio global es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Tras el veredicto, Trump ha anunciado su intención de imponer un arancel global del 10% durante un periodo de 150 días utilizando este mecanismo. A diferencia de los aranceles anteriores, este gravamen se presenta como una medida temporal para corregir la balanza de pagos, una justificación legal que, en teoría, sería más difícil de tumbar en los tribunales. Este hecho revela que la administración ha aprendido la lección procesal y busca ahora marcos normativos que le otorguen una mayor discrecionalidad ejecutiva.
La consecuencia para las empresas es una vuelta a la casilla de salida. Si el nuevo arancel del 10% entra en vigor, el alivio de costes celebrado por los minoristas y fabricantes de tecnología se evaporará en cuestión de semanas. El contraste con la situación de hace apenas 24 horas resulta demoledor: la economía estadounidense ha pasado de un régimen arancelario estable —aunque gravoso— a un laberinto de alternativas legales donde nadie sabe a ciencia cierta qué tasa se aplicará el mes que viene. La Sección 122 es la nueva frontera de una guerra comercial que se libra tanto en los puertos como en los despachos de los abogados del Estado.
Inseguridad jurídica y el fantasma de los reembolsos
Uno de los puntos más críticos del diagnóstico actual es la incertidumbre sobre los reembolsos. Si el Gobierno se ve obligado a devolver los 175.000 millones de dólares recaudados bajo la IEEPA, la logística administrativa podría degenerar en un caos judicial de años. Este hecho revela una debilidad sistémica en la gestión económica de la administración: actuar bajo supuestos de emergencia para recaudar fondos que, en última instancia, carecen de base legal. La consecuencia es que muchas empresas ahora deben decidir si reclaman judicialmente sus pagos o si esperan a una negociación política con el Tesoro.
Para los economistas, el fantasma de los reembolsos es un factor de desestabilización macroeconómica. Si el dinero vuelve a las empresas, podría inyectar una liquidez inesperada que reavivara la inflación, la cual ya subió un 0,4% en diciembre según el índice PCE. Por el contrario, si el Gobierno logra retener los fondos mediante maniobras legales, la desconfianza empresarial en la seguridad jurídica de los Estados Unidos alcanzará mínimos históricos. El diagnóstico es inequívoco: no hay una salida limpia para un error de cálculo de esta magnitud.
El choque de trenes institucional: ¿influencia extranjera en el Supremo?
La reacción de Donald Trump a la sentencia ha traspasado la frontera de la crítica económica para adentrarse en el terreno del conflicto institucional. Al sugerir que el Tribunal Supremo ha sido influenciado por "intereses extranjeros", el presidente ha puesto en duda la integridad de la máxima instancia judicial del país. Este hecho revela un escenario de polarización extrema donde el Ejecutivo no reconoce la legitimidad de los contrapesos democráticos cuando estos obstaculizan su agenda proteccionista. La consecuencia es un debilitamiento institucional que podría asustar a la inversión extranjera a largo plazo.
«El fallo del Tribunal Supremo es profundamente decepcionante. Estoy avergonzado de ciertos miembros por no haber tenido el valor de hacer lo correcto por nuestro país», sentenció Trump. Estas declaraciones no solo buscan movilizar a su base electoral, sino que preparan el terreno para una ofensiva contra el propio poder judicial. El diagnóstico de los analistas políticos es inquietante: si el presidente considera que el Supremo es un actor "capturado" por intereses foráneos, la seguridad jurídica de cualquier contrato o regulación en Estados Unidos queda bajo sospecha. El contraste con la tradicional estabilidad de las instituciones estadounidenses no podría ser más desolador.
Hacia un proteccionismo mutante
El escenario más probable es el de un "proteccionismo mutante". La administración Trump no renunciará a su objetivo de recaudar y proteger la industria nacional, pero lo hará mediante una fragmentación de las leyes comerciales. Veremos una combinación de aranceles por sectores (Sección 232 para seguridad nacional, Sección 301 para prácticas injustas) y el arancel global temporal de la Sección 122. Este hecho revela que la guerra comercial no ha terminado, sino que ha entrado en una fase de mayor complejidad burocrática.
La consecuencia final es que el crecimiento económico, que ya se desaceleró en el cuarto trimestre de 2025, seguirá enfrentándose a vientos en contra. La inflación PCE del 0,4% en diciembre, por encima del 0,3% estimado, sugiere que los precios no van a bajar simplemente porque el Supremo haya tumbado unos aranceles. El diagnóstico para 2026 es el de una economía atrapada entre la espada judicial y la pared ejecutiva, donde la única certidumbre es que el coste de hacer negocios seguirá siendo una variable política impredecible. Wall Street ha ganado una batalla, pero la administración Trump tiene munición legal de sobra para seguir librando la guerra.