EEUU abre 30 días al petróleo ruso varado en el mar

Washington ha optado por una corrección de urgencia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó el jueves la venta, entrega y descarga de crudo y productos petrolíferos rusos cargados en buques hasta las 12:01 de la madrugada del 12 de marzo de 2026, con validez hasta el 11 de abril. No es un levantamiento general de sanciones. Pero sí una ventana de 30 días que revela hasta qué punto el mercado energético obliga a rectificar incluso a quienes habían endurecido la presión sobre Moscú hace apenas unos meses.

El movimiento llega, además, en el peor momento para la coherencia estratégica occidental: con el petróleo tensionado, con cargamentos atrapados en el mar y con el recuerdo aún reciente de las sanciones contra las grandes petroleras rusas. Lo más grave no es solo la licencia en sí, sino el mensaje que transmite: cuando el barril sube y el suministro global se estrecha, la disciplina sancionadora deja paso a la estabilidad de precios.

Una licencia quirúrgica

La llamada General License 134 no autoriza una vuelta completa del petróleo ruso al circuito financiero internacional. Su alcance es mucho más concreto: permite las operaciones “ordinariamente incidentales y necesarias” para vender, entregar o descargar crudo y derivados rusos cargados en cualquier buque, incluidos barcos bloqueados, siempre que la carga estuviera embarcada antes del corte temporal fijado por la OFAC. En ese paquete entran actividades como atraque seguro, fondeo, tripulación, bunkering, registro, seguro, clasificación o salvamento. Es decir, todo lo imprescindible para sacar del limbo comercial a cargamentos ya flotando en el sistema.

El diagnóstico es inequívoco: Washington no quiere premiar a Moscú, pero tampoco puede permitirse dejar barriles inmovilizados cuando el mercado teme un déficit de oferta. De hecho, la propia licencia subraya que no autoriza otras operaciones prohibidas por marcos sancionadores distintos y menciona expresamente restricciones vinculadas a Irán. Este hecho revela que la Administración intenta preservar una apariencia de firmeza jurídica mientras introduce una excepción de facto por razones de seguridad energética. No rompe el muro; abre una compuerta.

El precedente que anticipaba el giro

La licencia de marzo no nace en el vacío. Una semana antes, la OFAC ya había emitido la General License 133, que autorizaba la entrega y venta de petróleo ruso cargado a fecha 5 de marzo de 2026 con destino específico a India. El patrón, por tanto, ya estaba dibujado: primero una salida selectiva para un comprador clave; después una habilitación más amplia para cargamentos en el mar. Ese encadenamiento no parece accidental. Responde a una lógica de contención de daños en un mercado que ha vuelto a castigar cualquier amenaza sobre la oferta disponible.

El contraste con los meses anteriores resulta demoledor. En enero de 2025, el Tesoro de EE.UU. había anunciado sanciones contra más de 180 buques, además de castigar a Gazprom Neft y Surgutneftegas, endureciendo de forma drástica el riesgo jurídico del comercio petrolero ruso. Y en octubre de 2025 dio otro paso al designar a Rosneft y Lukoil, las dos mayores petroleras rusas, como parte de la presión para forzar un alto el fuego en Ucrania. Hace menos de seis meses el mensaje era asfixiar la principal fuente de ingresos del Kremlin; hoy es evitar que el mercado se dispare.

El precio manda

La arquitectura del tope al petróleo ruso se diseñó con una idea doble: mantener barriles en circulación y reducir la renta extraordinaria de Moscú. El esquema fijó un límite de 60 dólares por barril para el crudo ruso y dos techos adicionales para refinados marítimos: 100 dólares para productos que cotizan con prima, como el diésel, y 45 dólares para los que se negocian con descuento, como el fuelóleo. El Tesoro defendió desde el inicio que, sin ese sistema, el barril podía dispararse incluso hacia 150 dólares.

Ese equilibrio vuelve ahora a ponerse a prueba. Según AP y MarketWatch, tras el anuncio de la exención temporal el Brent cerró en torno a 103,14-103,24 dólares y el WTI rozó los 98,71 dólares, en una semana marcada por subidas de dos dígitos. La lectura de mercado es incómoda para Washington: aun relajando de forma limitada las restricciones sobre petróleo ruso ya cargado, la presión sobre los precios no desaparece. La exención compra tiempo, no resuelve el problema. Y, sin embargo, basta para demostrar que la prioridad inmediata ya no es castigar con máxima intensidad, sino impedir una espiral inflacionista global.

El negocio que Moscú no esperaba

La narrativa oficial estadounidense insiste en que se trata de una medida transitoria y que no aportará un gran beneficio extra a Rusia. “Medida a corto plazo”, sostienen las explicaciones recogidas por Reuters e Interfax. Pero esa tesis choca con una evidencia básica: en el negocio petrolero, no solo importa el volumen, también importa la capacidad de colocar el barril sin descuentos forzados, sin costes logísticos añadidos y sin semanas de bloqueo en alta mar. Cada cargamento desbloqueado mejora caja, reduce fricción comercial y rebaja el castigo operativo.

Además, el precedente histórico no ayuda a la defensa de Washington. El propio Tesoro reconoció en 2023 que, antes de la guerra, los ingresos petroleros representaban aproximadamente el 30%-35% del presupuesto ruso, y que tras la implantación del price cap habían caído hasta el 23% del total. También admitió que el descuento del crudo Urals frente al Brent llegó a situarse entre 25 y 35 dólares por barril. En otras palabras: el sistema funcionaba precisamente porque obligaba a Rusia a vender peor, más barato y con menos margen. La licencia actual no desmonta ese modelo, pero sí le quita parte del filo justo cuando más aprieta el mercado.

La grieta del sistema sancionador

Hay un dato que explica mejor que ningún otro la incomodidad occidental: los países de la coalición concentran históricamente alrededor del 90% del mercado relevante de seguros marítimos y reaseguros. Ese dominio convertía el price cap en una herramienta eficaz, porque quien quisiera mover petróleo ruso con normalidad necesitaba, de una u otra forma, servicios vinculados a la esfera G7. Puertos, canales, financiadores y armadores dependen de ese ecosistema. Por eso la sanción no era solo jurídica; era también logística.

Sin embargo, la aparición de petroleros inmovilizados y licencias de alivio revela la fragilidad del mecanismo. Cuando hay demasiados barriles atrapados y demasiado miedo a una dislocación de oferta, el sistema sancionador empieza a admitir excepciones. Ese es el verdadero problema político. No tanto que se permita vender un lote concreto de cargamentos, sino que el mercado descubra que la presión occidental es reversible cuando suben los costes para consumidores y empresas. Este hecho revela una vulnerabilidad estratégica: la sanción energética funciona mientras el precio acompaña; cuando el barril amenaza crecimiento e inflación, la disciplina se resquebraja.