Una decisión de 7-2 puede ahorrar a Bayer años de litigios y miles de millones
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha entregado a Bayer una de las victorias judiciales más importantes desde que compró Monsanto por 63.000 millones de dólares en 2018. Por siete votos contra dos, la Corte anuló un veredicto de 1,25 millones de dólares concedido a un hombre de Misuri que atribuía su linfoma no Hodgkin al uso de Roundup, el herbicida estrella de la compañía. La decisión estrecha de forma drástica el margen de miles de demandas basadas en la falta de advertencia sobre un posible riesgo de cáncer. El golpe judicial llega tras una década de litigios que ha costado a Bayer más de 10.000 millones de dólares y que había erosionado su reputación, su balance y su cotización.
Un fallo de enorme alcance
La sentencia en Monsanto v. Durnell resuelve una cuestión clave: si los consumidores pueden reclamar bajo leyes estatales por la ausencia de una advertencia cancerígena cuando los reguladores federales no la han exigido. La mayoría del Supremo concluyó que no. Según la Corte, la legislación federal sobre pesticidas prevalece sobre esas reclamaciones estatales cuando la etiqueta ha sido aprobada por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, la EPA.
El resultado no borra todo el frente legal de Bayer, pero cambia la correlación de fuerzas. La compañía pasa de defenderse caso a caso ante jurados locales a apoyarse en una doctrina federal mucho más favorable. El mensaje para los demandantes es demoledor: si la EPA no exige la advertencia, el camino judicial se estrecha.
La clave: quién manda sobre la etiqueta
El conflicto jurídico gira en torno a la ley federal de insecticidas, fungicidas y rodenticidas, conocida como FIFRA. Bayer defendía que no podía ser condenada por no incluir una advertencia que la EPA no había requerido y que, además, no podía modificar unilateralmente sin aprobación regulatoria. Los demandantes sostenían que las leyes estatales de responsabilidad civil podían imponer un estándar paralelo de protección al consumidor.
La mayoría, con el juez Brett Kavanaugh como autor de la opinión principal, se inclinó por la preeminencia federal. La disidencia, encabezada por la juez Ketanji Brown Jackson, advirtió de que la decisión reduce la capacidad de los Estados para proteger a los consumidores cuando consideran insuficiente la actuación federal.
Bayer respira tras una década tóxica
Para Bayer, el fallo llega en un momento crítico. La adquisición de Monsanto convirtió a la farmacéutica y química alemana en propietaria de Roundup, pero también la dejó expuesta a una avalancha de pleitos. Desde entonces, las demandas por glifosato se han convertido en una losa financiera y reputacional. Algunas estimaciones apuntan a más de 200.000 reclamaciones presentadas a lo largo de estos años, aunque muchas ya han sido resueltas o agrupadas en acuerdos.
La empresa había planteado un acuerdo de 7.250 millones de dólares para contener parte del litigio pendiente. La decisión del Supremo refuerza esa estrategia y mejora su posición negociadora. No es casualidad que las acciones de Bayer reaccionaran con fuertes subidas tras conocerse el fallo, con avances cercanos al 17% en algunas referencias de mercado.
El precedente que temen los consumidores
Lo más grave para asociaciones de consumidores y grupos ambientales no es únicamente el caso Roundup, sino el precedente. Si una etiqueta aprobada por un regulador federal basta para bloquear reclamaciones estatales, otros fabricantes de productos químicos podrían invocar la misma defensa.
El contraste es incómodo. La Organización Mundial de la Salud clasificó en 2015 el glifosato como “probablemente carcinógeno”, mientras la EPA ha mantenido que no es probable que sea cancerígeno en humanos y no ha exigido una advertencia específica sobre cáncer en Roundup. Esa divergencia científica y regulatoria seguirá alimentando el conflicto público, aunque el margen judicial quede ahora más limitado.
Un alivio para la industria agrícola
La sentencia también tiene una lectura económica más amplia. Roundup es uno de los herbicidas más utilizados en la agricultura estadounidense. Para productores y distribuidores, una ola de litigios capaz de alterar etiquetas, disponibilidad o costes añadía incertidumbre a una cadena alimentaria ya presionada por salarios, energía y fertilizantes.
Bayer obtiene ahora una mayor previsibilidad regulatoria. La consecuencia es clara: el riesgo legal se reduce, el coste esperado de litigación baja y el mercado descuenta una normalización parcial del negocio. Sin embargo, esa victoria empresarial no equivale a un cierre social del debate. El glifosato seguirá bajo escrutinio científico, político y sanitario.
El Supremo no ha dicho que Roundup sea inocuo. Ha dicho que, en este tipo de reclamaciones por advertencia, la regulación federal desplaza a las exigencias estatales incompatibles. Esa diferencia es esencial. El debate ya no se librará principalmente ante jurados de Misuri, California o Georgia, sino ante agencias federales, tribunales de apelación y negociaciones de acuerdos colectivos.
Para Bayer, el mayor riesgo existencial ligado a Roundup pierde intensidad. Para los demandantes, la sentencia supone un revés profundo. Y para el mercado, una señal nítida: cuando el Supremo reduce una incertidumbre de más de 10.000 millones, Wall Street y Fráncfort reaccionan de inmediato.