Crisis en el PSOE tras imputación de Zapatero y sus hijas: ¿adelanto electoral en puerta?

Hace cinco días, la Audiencia Nacional dio un paso que cambia el tablero: José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
El foco no se queda en él. La investigación mira también a su entorno y a una sociedad vinculada a sus hijas.
En política, el daño no lo marca la sentencia: lo marca el calendario.

La citación de Zapatero tiene una dimensión institucional que trasciende el caso: según los informes y el procedimiento, se trata de la primera imputación a un expresidente del Gobierno en una causa de este perímetro, con una comparecencia fijada para el 2 de junio. El procedimiento pivota sobre el llamado caso Plus Ultra y la hipótesis de una red de influencias ligada al rescate público de la aerolínea. La consecuencia inmediata es doble: judicial, porque obliga a ordenar piezas (informes, registros, cuentas); y política, porque convierte a un referente del socialismo en un frente más de una legislatura ya cargada de tensión. El contraste con episodios anteriores resulta revelador: hace tres meses, la propia Audiencia Nacional inadmitió una querella distinta contra Zapatero por falta de base suficiente, subrayando la distancia entre “creencia” y “hechos con entidad penal”.

What The Fav y la pieza familiar

El nombre que más ruido ha hecho en la esfera pública es What The Fav, una empresa fundada por las hijas del expresidente. El juez José Luis Calama la describe en el sumario como posible sociedad “instrumental” para canalizar fondos vinculados a la presunta trama. El detalle clave está en la estructura de ingresos: entre 2020 y 2024, más de la mitad habría procedido de firmas conectadas con el perímetro investigado, según la documentación judicial recogida en prensa. Además, aparecen facturas por más de 794.000 euros por trabajos descritos como de escaso contenido técnico, en un esquema que el instructor interpreta como pagos encubiertos. No es un matiz menor: en causas de influencia, la discusión suele girar sobre la “contraprestación”. Y ahí es donde la pieza familiar multiplica el impacto reputacional, incluso antes de cualquier resolución.

El rescate de 53 millones como origen del conflicto

El origen del caso es el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia, una operación que ya fue polémica en 2021 y que ahora se reabre bajo sospecha de que pudo utilizarse para fines irregulares o para alimentar comisiones. La tesis que asoma en autos e informes es la de una arquitectura de intermediación —consultoras, sociedades y contactos— orientada a convertir la “influencia” en dinero rastreable. Zapatero, por su parte, ha reconocido colaboraciones profesionales con una de las consultoras citadas y la participación de sus hijas a través de su empresa, un elemento que el juez incorpora al análisis del flujo económico. La clave política es otra: el rescate no es una cifra abstracta, es un símbolo. Cuando un expediente con dinero público entra en el terreno penal, el debate salta de la oportunidad económica a la legitimidad institucional. Y ese salto suele ser irreversible en el clima actual.

Registros, UDEF y el bloqueo de fondos

La fase procesal ha escalado con rapidez. El 19 de mayo se produjeron registros de la UDEF en el despacho del expresidente y en empresas relacionadas, incluida la de sus hijas. Dos días después, el juez ordenó el bloqueo de parte de sus fondos: 490.780 euros, según informó The Objective, en una medida cautelar que busca preservar posibles responsabilidades económicas. RTVE confirmó también el bloqueo de cuentas a petición policial y la posibilidad de que la defensa solicite aplazar la declaración. En paralelo, el sumario se apoya en informes voluminosos: RTVE habla de más de 300 páginas con conversaciones y correos que apuntan a un “liderazgo no visible” dentro de la presunta red. A efectos políticos, estos hitos (registro, bloqueo, informe) funcionan como titulares en cadena: cada uno alarga la sombra aunque la causa tarde años.

El aviso del PNV y la mayoría que se encoge

La derivada parlamentaria no tardó. Aitor Esteban, líder del PNV, calificó de “irresponsable” que Pedro Sánchez pretenda seguir “más allá de 2026” con el panorama actual, citando la ausencia de presupuestos y una agenda “judicializada”, y aludiendo a que ya hay nueve causas abiertas alrededor del Gobierno. El PNV no se suma, por ahora, a una moción de censura, pero su mensaje tiene un valor práctico: sin una mayoría estable, cada votación se convierte en negociación de supervivencia. El Ejecutivo respondió que no adelantará y que su intención es agotar la legislatura hasta las generales previstas en 2027. El contraste es demoledor: mientras Moncloa intenta blindar horizonte, un socio clave introduce un límite temporal en público. Y en política, los límites públicos suelen convertirse en profecías autocumplidas.

Para el PSOE, el riesgo no es solo jurídico: es narrativo. El caso afecta a un expresidente con peso simbólico y obliga a decidir cómo se gestiona la distancia sin romper el propio marco histórico del partido. Si la instrucción mantiene el ritmo —nuevos autos, nuevas cautelares, filtraciones de informes— la oposición tendrá combustible semanal y los socios, una excusa para endurecer condiciones. A la vez, el Gobierno sostiene que no habrá adelanto y mira a 2027, pero el debate ya está en el aire porque la estabilidad se mide por presupuestos, y sin presupuestos la legislatura se estrecha. La política española ha entrado en un terreno en el que cada diligencia judicial altera el coste de gobernar. El desenlace no depende de una sola pieza, sino del desgaste acumulado: el que se ve en las encuestas, el que se siente en el Congreso y el que se instala en la calle cuando la sospecha sustituye al debate.