Netanyahu reta a la Corte Penal Internacional y acudirá a la ONU en Nueva York
Benjamín Netanyahu pretende convertir la tribuna de Naciones Unidas en el escenario de su desafío más directo a la justicia internacional.
El primer ministro israelí ha confirmado que viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de septiembre, pese a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional.
Donald Trump ya ha garantizado públicamente que no será detenido en territorio estadounidense.
La ciudad de Nueva York reconoce, además, que carece de autoridad para ejecutar por sí sola el mandato.
El viaje será diplomáticamente viable, pero dejará expuesta una profunda fractura entre el poder político y la capacidad real de los tribunales internacionales.
Una orden todavía vigente
La CPI emitió la orden contra Netanyahu el 21 de noviembre de 2024. Los jueces le atribuyen presunta responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos entre, al menos, el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024.
Entre las acusaciones figuran el uso del hambre como método de guerra, ataques dirigidos contra población civil, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Son imputaciones, no una condena firme, y el Gobierno israelí rechaza tanto los cargos como la jurisdicción del tribunal.
La destitución o sustitución de responsables de la Fiscalía no anula automáticamente una decisión judicial. Mientras una sala de la CPI no retire el mandato, Netanyahu continuará figurando como acusado y sujeto a arresto en los territorios obligados a cooperar.
Nueva York no ejecutará el arresto
La visita está prevista durante la semana de alto nivel de la 81.ª Asamblea General, que se celebrará entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026. Netanyahu ha asegurado que piensa acudir y dirigirse a los Estados miembros desde la sede de Naciones Unidas.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha defendido la aplicación de la orden, pero admite que el Ayuntamiento y la Policía municipal carecen de competencia suficiente para detener al primer ministro israelí por un mandato de la CPI. La decisión efectiva correspondería a las autoridades federales.
Trump ha despejado cualquier duda política: Netanyahu no será arrestado en Estados Unidos. El mensaje transforma una discusión jurídica en una decisión de política exterior tomada desde la Casa Blanca.
El vacío que protege a Netanyahu
La CPI no dispone de una fuerza policial propia. Depende de la cooperación de los Estados para localizar, detener y entregar a las personas reclamadas. Actualmente, 125 países forman parte del Estatuto de Roma y están obligados, con los matices jurídicos de cada caso, a colaborar con el tribunal.
Estados Unidos no pertenece a ese grupo. Tampoco Israel. Washington puede cooperar voluntariamente, pero la Administración Trump ha elegido la dirección contraria: rechaza la jurisdicción de la Corte sobre ciudadanos israelíes y ha impulsado sanciones contra miembros de la institución. La orden posee validez judicial, pero carece de capacidad ejecutiva en Nueva York sin la voluntad del Gobierno estadounidense. Esa distancia entre derecho y poder constituye el núcleo de la polémica.
Washington eleva la confrontación
Marco Rubio ha endurecido la ofensiva estadounidense contra la CPI. El Departamento de Estado mantiene sanciones relacionadas con las investigaciones sobre Israel y, en julio de 2026, anunció una campaña contra lo que considera una amenaza para la soberanía de Estados Unidos.
Washington sostiene que ni estadounidenses ni israelíes deberían quedar sometidos a un tribunal cuyo tratado fundacional no han ratificado. La CPI responde que su jurisdicción puede activarse cuando los presuntos delitos se cometen en el territorio de un Estado parte, como ocurre con Palestina.
El conflicto jurídico es también una batalla por el límite del poder nacional. Para la Casa Blanca, la Corte invade soberanías. Para sus defensores, permitir excepciones políticas debilita todo el sistema de rendición de cuentas.
Una Asamblea bajo máxima tensión
La presencia de Netanyahu llegará en un momento de enorme polarización por la guerra de Gaza y el futuro de Oriente Medio. Su discurso previsiblemente defenderá la actuación militar israelí, atacará la legitimidad de la CPI y buscará reforzar el respaldo de Estados Unidos.
La sede de Naciones Unidas añade una dificultad adicional. El acceso y funcionamiento del complejo se rigen por el acuerdo firmado entre la ONU y Estados Unidos en 1947, que protege la actividad diplomática y establece reglas específicas para el distrito internacional.
No se trata únicamente de determinar quién podría ordenar una detención. También deberán valorarse las inmunidades, las obligaciones estadounidenses como país anfitrión y la inviolabilidad de la sede. Cualquier iniciativa unilateral abriría una disputa constitucional, diplomática e internacional de gran alcance.
La credibilidad de la justicia global
La entrada de Netanyahu en Nueva York no invalidará la orden, pero demostrará sus límites. Podrá intervenir ante la comunidad internacional mientras continúa formalmente reclamado por uno de sus principales tribunales penales.
El contraste con los países miembros de la CPI resulta demoledor. Un viaje a determinados territorios europeos, latinoamericanos o africanos podría activar obligaciones de cooperación que Estados Unidos no reconoce. Nueva York ofrece, en cambio, cobertura política federal y el marco singular de la ONU.
La verdadera crisis no reside solo en que Netanyahu desafíe a la Corte, sino en que puede hacerlo sin consecuencias inmediatas. La Asamblea de septiembre mostrará hasta qué punto la justicia internacional depende todavía de los mismos gobiernos a los que pretende someter a sus reglas.