Pedro Sánchez acorralado: Junts exige su dimisión y agitan la Moncloa sin elecciones
La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso ha evidenciado una alteración sustancial del equilibrio parlamentario. Junts, socio determinante en la investidura, ha pedido al presidente que dé un paso atrás y facilite otro candidato sin pasar necesariamente por las urnas. La intervención se produce en un contexto marcado por la condena de José Luis Ábalos, la apertura de juicio oral a Begoña Gómez y el proceso contra David Sánchez. El resultado es un Gobierno con capacidad formal para seguir, pero con una mayoría cada vez menos operativa.
Junts ha dejado de actuar como socio estable del Ejecutivo. Su portavoz, Míriam Nogueras, pidió a Sánchez que se apartara y planteó la posibilidad de un relevo en la Presidencia del Gobierno, una fórmula políticamente compleja pero constitucionalmente viable si existe una mayoría alternativa en el Congreso.
El movimiento tiene una lectura parlamentaria precisa: sin los 7 diputados de Junts, el bloque de investidura pierde la capacidad de aprobar leyes ordinarias con normalidad. La aritmética de la legislatura queda así condicionada por una formación que ya no se limita a negociar medidas concretas, sino que cuestiona la continuidad del propio presidente.
Una mayoría en revisión
El Gobierno conserva sus competencias, pero su margen legislativo se estrecha. La legislatura depende de votaciones ajustadas, acuerdos puntuales y una coordinación entre fuerzas que han elevado el coste político de cada apoyo.
La semana pasada, PP y Junts ya habían intentado que el Congreso votara una iniciativa para instar a Sánchez a convocar elecciones, aunque la Mesa de la Cámara frenó esa vía. EFE describió ese episodio como el primer acercamiento material entre PP y Junts contra el presidente.
El factor Ábalos
La condena a José Luis Ábalos introduce un elemento judicial de alto impacto. El Tribunal Supremo ha impuesto al exministro una pena de 24 años y 3 meses de prisión en el caso de las mascarillas, mientras Koldo García fue condenado a 19 años y Víctor de Aldama a 4 años y medio.
El caso afecta directamente al debate político porque Ábalos fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Sánchez ha defendido en el Congreso que no existe corrupción generalizada en su Gobierno y que los casos afectan a personas apartadas del partido.
La ofensiva del PP
Alberto Núñez Feijóo ha situado la corrupción en el eje de su estrategia parlamentaria. En el debate, el líder del PP acusó a Sánchez de ser el “nexo político corruptor” y reclamó elecciones anticipadas, aunque sin presentar por ahora una moción de censura con apoyos garantizados.
La posición popular busca trasladar la presión a Junts, PNV y otros grupos que sostuvieron la investidura. Sin embargo, la moción de censura exige una mayoría absoluta y un candidato alternativo, lo que obliga a reunir apoyos que hoy siguen siendo inciertos.
El entorno familiar del presidente
La situación judicial de Begoña Gómez añade presión al contexto político. El juez Juan Carlos Peinado la ha citado para entregar el pasaporte tras abrir juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida. Su defensa ha recurrido la medida y niega riesgo de fuga.
David Sánchez, hermano del presidente, también ha afrontado juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz por su presunta contratación irregular en la Diputación. RTVE situó el procedimiento en torno a presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El bloqueo que viene
El escenario inmediato no apunta a una salida automática. Sánchez puede permanecer en La Moncloa si no prospera una moción de censura y si decide no convocar elecciones. La dificultad se desplaza entonces a la gestión diaria: presupuestos, decretos, reformas económicas y compromisos europeos.
La consecuencia institucional es clara: un Gobierno puede resistir sin mayoría estable, pero no puede legislar con normalidad sin socios fiables. En los próximos meses, cada votación medirá la distancia real entre el Ejecutivo y los partidos que hicieron posible la investidura.