Zapatero bajo la lupa: revelan que conocía al detalle el rescate a Plus Ultra
El rescate de Plus Ultra ha entrado en una fase judicial mucho más comprometida. El empresario Julio Martínez Martínez sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero estaba puntualmente informado de las gestiones realizadas ante la SEPI. También afirma que el expresidente le comunicó anticipadamente que la ayuda sería concedida.
La operación ascendió a 53 millones de euros, no a miles de millones, aunque procedía de un fondo público dotado inicialmente con 10.000 millones.
La cuestión ya no es solo si el rescate cumplía los requisitos, sino quién conocía su desenlace y cómo obtuvo esa información.
Julio Martínez ratificó ante el juez José Luis Calama el escrito en el que atribuye a Zapatero un papel central en las gestiones. Según su versión, el expresidente «marcaba los pasos a seguir» y recibía información continua sobre el expediente de Plus Ultra.
Martínez fue más lejos: aseguró que Zapatero le adelantó que la SEPI concedería la financiación unos diez días antes de la deliberación del Consejo de Ministros. Sin embargo, admitió desconocer con qué autoridades, funcionarios o responsables públicos habría hablado el antiguo jefe del Ejecutivo.
Ese matiz resulta decisivo. El testimonio vincula a Zapatero con la intermediación, pero todavía no acredita por sí solo una presión ilícita sobre la Administración.
Los 53 millones bajo sospecha
El Gobierno autorizó el rescate el 9 de marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La financiación se dividió en un préstamo participativo de 34 millones de euros y otro ordinario de 19 millones.
La ayuda representaba aproximadamente el 0,53% de la dotación inicial del fondo. Su tamaño era reducido frente a operaciones como la de Air Europa, que recibió 475 millones, pero la polémica se concentró desde el inicio en la condición estratégica de Plus Ultra y en sus conexiones societarias.
La investigación no discute únicamente la viabilidad técnica de la aerolínea. Examina si determinadas personas utilizaron relaciones políticas para favorecer el expediente a cambio de pagos.
Una comisión del 1%
Martínez declaró que su consultora percibió aproximadamente el 1% del rescate, unos 530.000 euros, por acompañar a Plus Ultra durante el procedimiento. El dinero habría sido abonado en distintos plazos y mediante varias sociedades.
El presidente y el consejero delegado de la aerolínea han reconocido pagos elevados por labores de intermediación, aunque aseguran no tener constancia directa de las actuaciones concretas que Zapatero habría realizado ante la SEPI.
Cobrar por asesorar no constituye automáticamente un delito. El salto penal aparecería si se demuestra que la remuneración estaba vinculada al uso indebido de influencias, al acceso irregular a información reservada o a actuaciones destinadas a alterar la decisión administrativa.
Saberlo antes no basta
El conocimiento anticipado de una resolución favorable constituye uno de los elementos más llamativos, pero necesita contexto. Durante la pandemia, otras empresas beneficiarias del fondo supieron que sus operaciones avanzarían antes de la autorización definitiva, porque los informes técnicos y las negociaciones estaban prácticamente cerrados.
Por tanto, conocer de antemano que el rescate sería aprobado no demuestra necesariamente una filtración ilícita. La clave reside en determinar cómo llegó esa información a Zapatero, si procedía de canales ordinarios vinculados a la compañía o si fue obtenida mediante contactos internos en la Administración.
El valor probatorio dependerá de mensajes, documentos, pagos y testimonios capaces de reconstruir la secuencia completa.
La versión de Zapatero
Zapatero ha negado ante el juez haber hablado con autoridades políticas o funcionarios sobre el rescate. Su versión choca con la de Martínez, que lo presenta como la persona que captó al cliente, orientó la operación y anticipó su aprobación.
El Gobierno mantiene su respaldo al expresidente y defiende que el procedimiento fue legal, contó con asesoramiento externo y recibió controles posteriores. Al mismo tiempo, dirigentes del espacio progresista han reclamado explicaciones públicas sin renunciar a la presunción de inocencia.
El contraste político resulta evidente: cuanto más detalladas son las declaraciones de los investigados, más difícil resulta sostener el silencio como única estrategia defensiva.
La confianza también está en juego
El Fondo de Apoyo a la Solvencia concedió alrededor de 2.600 millones de euros a 28 empresas durante la crisis sanitaria. Su finalidad era evitar la desaparición de compañías consideradas estratégicas y proteger empleo y actividad económica.
Precisamente por ese carácter excepcional, cualquier sospecha sobre intermediarios, comisiones o acceso privilegiado deteriora la confianza en todo el mecanismo. No basta con que una operación supere los controles técnicos: también debe quedar claro que ningún actor obtuvo ventajas por su proximidad al poder.
La causa deberá separar las irregularidades acreditadas de las inferencias políticas. Pero el daño institucional ya existe: un rescate pensado para salvar una empresa amenaza ahora con comprometer la credibilidad de quienes lo conocieron antes de tiempo.