Zapatero, una sombra en los vuelos transatlánticos con empresarios venezolanos vinculados a su familia
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han colocado el rescate de Plus Ultra en una fase procesal de mayor intensidad. La investigación atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero un papel relevante en una presunta red de influencia vinculada a la aerolínea, beneficiaria en 2021 de 53 millones de euros públicos procedentes de la SEPI. La defensa del expresidente niega las irregularidades y ha pedido a la Audiencia Nacional la nulidad general del procedimiento. El caso combina tres planos de análisis: dinero público, sociedades interpuestas y vínculos empresariales con Venezuela.
El eje del rescate
El punto de partida es la ayuda pública concedida a Plus Ultra durante la pandemia. La compañía recibió 53 millones de euros del fondo de apoyo a empresas estratégicas, una decisión que ya generó controversia por el peso limitado de la aerolínea en el mercado español de largo radio. Según RTVE, los informes de la UDEF entregados al juez José Luis Calama suman 158 y 186 páginas y describen una presunta estructura organizada de tráfico de influencias.
El análisis policial sostiene que la compañía habría buscado vías políticas para acceder a la ayuda. En ese marco aparece el entorno de Zapatero, no como un actor administrativo del expediente, sino como una posible red de intermediación. La relevancia judicial radica en determinar si existió una relación causal entre gestiones, pagos y decisión pública.
La sociedad bajo examen
Uno de los focos de la instrucción se sitúa en Whathefav SL, sociedad de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el acento en los ingresos recibidos por la empresa y en la consistencia de los trabajos facturados. Según EL ESPAÑOL, Anticorrupción pidió que ambas declarasen como investigadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo, con una calificación todavía provisional.
Entre 2020 y 2025, Whathefav habría recibido cerca de 240.000 euros de Análisis Relevante y emitido facturas poco detalladas por servicios de agencia. El elemento clave no es solo el volumen de ingresos, sino la necesidad de acreditar si existieron prestaciones reales, precio de mercado y trazabilidad económica suficiente.
La conexión venezolana
La investigación también incorpora pagos procedentes de empresas vinculadas al entorno venezolano. THE OBJECTIVE publicó que Inteligencia Prospectiva abonó 561.440 euros a Whathefav entre 2020 y 2025, según documentación atribuida a los investigadores.
Este dato introduce una dimensión internacional al caso. Plus Ultra tenía vínculos societarios y operativos con Venezuela, y la UDEF analiza si determinadas relaciones empresariales pudieron funcionar como canal financiero paralelo. La cuestión judicial será delimitar si esos pagos responden a actividad mercantil ordinaria o si formaban parte de una arquitectura destinada a retribuir influencias.
Cuentas y autorizaciones
Otro elemento relevante es la posición de Zapatero respecto a las cuentas personales de sus hijas. El Independiente informó de que el expresidente figuraba como autorizado en cuentas de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, que habrían recibido transferencias desde Whathefav. En concreto, la cuenta de Laura habría recibido 247.191,06 euros y la de Alba 199.904,25 euros.
Desde un punto de vista procesal, esta información no acredita por sí sola una conducta delictiva. Sin embargo, permite a los investigadores reconstruir flujos financieros, beneficiarios finales y posibles vínculos entre sociedades, familiares y pagos analizados en el sumario.
La defensa de Zapatero
La estrategia defensiva se articula sobre dos líneas. La primera sostiene que Whathefav tenía actividad real, clientes propios y trabajos efectivamente prestados. Antena 3 recoge que Zapatero ha centrado parte de su defensa en desvincular a sus hijas de la presunta trama y en defender la naturaleza empresarial de la sociedad.
La segunda línea es procesal. El expresidente ha pedido al juez la nulidad general del caso Plus Ultra al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, la intimidad, la tutela judicial efectiva y el secreto de las comunicaciones. Su defensa reclama que se excluyan las evidencias obtenidas por Anticorrupción.
El caso entra en una fase en la que serán decisivas las pruebas documentales, los contratos, los correos, los movimientos bancarios y la proporcionalidad económica de los servicios facturados. La UDEF describe un entramado de 39 sociedades, mientras la defensa cuestiona tanto la interpretación policial como el origen de parte del material incorporado al procedimiento.
La causa no se resolverá solo por la existencia de pagos, sino por la capacidad de acreditar su finalidad. Si los importes respondieron a servicios reales, el caso perderá fuerza penal. Si se demuestra que funcionaron como contraprestación por influencia política, el rescate de Plus Ultra pasará de expediente controvertido a una de las investigaciones más relevantes sobre puertas giratorias e intermediación política en España.